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El Informe anual de la ONG destaca que el 34% de los casos corresponde a “racismo institucional”

SOS Racismo registra 569 denuncias por incidentes racistas y discriminación en 2023

Fuentes: Rebelión [Imagen: SOS Racismo]

El partido de extrema derecha Vox cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento de Paiporta (27.200 habitantes, Valencia); uno de los regidores ultras planteó –en julio, en las redes sociales- la aplicación de “plomo” contra las personas migrantes que entren “de manera ilegal” en el estado español, o “asalten la frontera” (Europa Press, 25 julio); a principios de octubre, la Fiscalía denunció al concejal por un presunto delito de odio.

El CGPJ y la Fiscalía contra los delitos de Odio y la Discriminación difundieron, en marzo, un estudio que apuntaba las tendencias a largo plazo; así, el 18,8% de los delitos de odio perpetrados –entre 2002 y 2021, en el estado español- tuvo como origen el perfil racial o étnico de la víctima (el segundo motivo, tras la orientación/identidad sexual, 22,7%).

Además la Memoria de la Fiscalía General del Estado, de 2024 con datos del año anterior, da cuenta de la incoación de 511 diligencias de investigación preprocesal; esta cifra implica un aumento superior al 300% en las denuncias recibidas en las fiscalías territoriales (166 en 2022).

La Memoria destaca, en concreto, dos apartados: los delitos de fomento, promoción, incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia (218); y los delitos de lesión de la dignidad de las personas por motivos discriminatorios (210).  

Las ONG han denunciado estos discursos y prácticas; por ejemplo, València Acull presentó –el 22 de julio- una queja ante la Generalitat Valenciana respecto a la asignatura Extranjería, que la institución pública ha estado impartiendo en los Cursos Selectivos de acceso a la Escuela Técnica y Superior de la Policía Local (los diferentes cuerpos en el País Valenciano); en 2024, subraya la queja, se denomina Extranjería, Inmigración y delincuencia.

Una aproximación general puede seguirse en el Informe anual de SOS Racismo sobre El estado del racismo en el estado español. Denuncias recopiladas, presentado en junio (con datos de 2023); el reporte analiza las denuncias recogidas por la Federación en las organizaciones de Aragón, Bizkaia, Catalunya, Galicia, Gipuzkoa y Nafarroa: 569 en relación con “incidentes racistas y/o discriminatorios” (3.453 durante la última década).

El Informe detalla que la mayor parte de las personas denunciantes (40%) se hallaba en situación (oficialmente considerada) regular en el estado español; en cuanto a la calificada de irregular, el porcentaje se sitúa en el 37%; una proporción menor corresponde a las personas pertenecientes a la UE (23%).

El análisis en función del género, en 2023, presenta cifras similares: 283 mujeres y 281 hombres; además, en el 5% de los casos reportados, se trata de menores de edad; en este caso, SOS Racisme Catalunya pone el acento en la violencia/discriminación perpetrada por otros jóvenes, en forma de insultos; burlas; comentarios racistas; menosprecios o tono elevado.

Y, asimismo, “la exclusión de estas personas en la participación de las dinámicas educativas y/o de ocio típicas de contextos escolares”, agrega la ONG en Catalunya.

¿Cuáles fueron los tipos de discriminación más frecuentes? En primer lugar, el racismo institucional (34%); seguido de los conflictos y agresiones racistas (19%); la denegación de acceso a prestaciones y servicios privados (14%); a prestaciones y servicios públicos (13%); y discriminación laboral (11%).

La categoría de racismo institucional puede desglosarse en los apartados de Fuerzas y cuerpos de seguridad (92 denuncias en las oficinas de SOS Racismo); trámites de extranjería (60); nacionalidad (36); Centros de Internamiento de Extranjeros (3) y otros.

Respecto a los conflictos y agresiones racistas, 60 casos tuvieron lugar en el espacio público; 23, entre vecinos; y 34 en ámbitos como viviendas particulares y/o espacios privados.

Reviste interés, asimismo, el capítulo de Denegación de acceso a prestaciones y servicios privados: 16 denuncias en bancos; 11 en locales de ocio/restaurantes; 27 casos respecto a la vivienda; y 33 que incluyen lugares como supermercados, gimnasios, salones de belleza y otros.

Y en caso de que la denegación afectara a prestaciones/servicios públicos: una veintena de denuncias sobre el acceso a la asistencia sanitaria; 12 acerca del empleo; y 47 integrados en la categoría otros (transporte, deporte o la Subdelegación del Gobierno).

El balance de la ONG se completa con las 66 denuncias por el trato desfavorable/injusto en el centro de trabajo; el discurso de odio y la extrema derecha (20); la seguridad pública (26) y/o privada (12).

SOS Racisme-Catalunya relata el ejemplo de un joven, de 20 años, objeto de una detención –en el municipio de Sant Feliu Sassera (620 habitantes, Barcelona)- por seis agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d’Esquadra; el motivo, añade la organización antirracista, “un delito que no había cometido y por el que posteriormente fue absuelto”.

El muchacho, que no mostró resistencia a la captura, sufrió agresiones físicas y psíquicas, además de vejaciones e insultos racistas; “incluso un disparo que no llegó a acertarle”, señala el Informe; además de arrojar al joven bolsas de basura, le oprimieron el cuello y gritaron “te daría una hostia que te dejaría blanco”.

Otra víctima de la que se hace eco el documento es N., madre marroquí de 5 niños, que en 2021 llegó al estado español para laborar en Huelva, en el sector de la fresa; en octubre de 2022, informa SOS Racismo, un individuo de un municipio de Gipuzkoa le ofreció empleo en un invernadero, y como trabajadora del hogar (salario de 1.100 euros con alojamiento y manutención).

Además de vejaciones en forma de tocamientos, el patrono profirió injurias del tipo “descarada, mujer de patera, que no vales para nada (…)”; tras el rechazo manifestado por la trabajadora migrante, vio cómo se le redujo el salario e incrementó la jornada laboral.

“La situación se vuelve insostenible cuando en una fecha no determinada del mes de agosto, el empleador le dice que atienda en el invernadero a un cliente amigo suyo; esta persona comienza a proferir expresiones de tipo sexual y a realizar tocamientos”, concluye el reporte. Así, “la intervención de otros trabajadores (también en situación irregular) hizo que esta persona cesara en su actitud”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.