El partido de extrema derecha Vox cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento de Paiporta (27.200 habitantes, Valencia); uno de los regidores ultras planteó –en julio, en las redes sociales- la aplicación de “plomo” contra las personas migrantes que entren “de manera ilegal” en el estado español, o “asalten la frontera” (Europa Press, 25 julio); a principios de octubre, la Fiscalía denunció al concejal por un presunto delito de odio.
El CGPJ y la Fiscalía contra los delitos de Odio y la Discriminación difundieron, en marzo, un estudio que apuntaba las tendencias a largo plazo; así, el 18,8% de los delitos de odio perpetrados –entre 2002 y 2021, en el estado español- tuvo como origen el perfil racial o étnico de la víctima (el segundo motivo, tras la orientación/identidad sexual, 22,7%).
Además la Memoria de la Fiscalía General del Estado, de 2024 con datos del año anterior, da cuenta de la incoación de 511 diligencias de investigación preprocesal; esta cifra implica un aumento superior al 300% en las denuncias recibidas en las fiscalías territoriales (166 en 2022).
La Memoria destaca, en concreto, dos apartados: los delitos de fomento, promoción, incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia (218); y los delitos de lesión de la dignidad de las personas por motivos discriminatorios (210).
Las ONG han denunciado estos discursos y prácticas; por ejemplo, València Acull presentó –el 22 de julio- una queja ante la Generalitat Valenciana respecto a la asignatura Extranjería, que la institución pública ha estado impartiendo en los Cursos Selectivos de acceso a la Escuela Técnica y Superior de la Policía Local (los diferentes cuerpos en el País Valenciano); en 2024, subraya la queja, se denomina Extranjería, Inmigración y delincuencia.
Una aproximación general puede seguirse en el Informe anual de SOS Racismo sobre El estado del racismo en el estado español. Denuncias recopiladas, presentado en junio (con datos de 2023); el reporte analiza las denuncias recogidas por la Federación en las organizaciones de Aragón, Bizkaia, Catalunya, Galicia, Gipuzkoa y Nafarroa: 569 en relación con “incidentes racistas y/o discriminatorios” (3.453 durante la última década).
El Informe detalla que la mayor parte de las personas denunciantes (40%) se hallaba en situación (oficialmente considerada) regular en el estado español; en cuanto a la calificada de irregular, el porcentaje se sitúa en el 37%; una proporción menor corresponde a las personas pertenecientes a la UE (23%).
El análisis en función del género, en 2023, presenta cifras similares: 283 mujeres y 281 hombres; además, en el 5% de los casos reportados, se trata de menores de edad; en este caso, SOS Racisme Catalunya pone el acento en la violencia/discriminación perpetrada por otros jóvenes, en forma de insultos; burlas; comentarios racistas; menosprecios o tono elevado.
Y, asimismo, “la exclusión de estas personas en la participación de las dinámicas educativas y/o de ocio típicas de contextos escolares”, agrega la ONG en Catalunya.
¿Cuáles fueron los tipos de discriminación más frecuentes? En primer lugar, el racismo institucional (34%); seguido de los conflictos y agresiones racistas (19%); la denegación de acceso a prestaciones y servicios privados (14%); a prestaciones y servicios públicos (13%); y discriminación laboral (11%).
La categoría de racismo institucional puede desglosarse en los apartados de Fuerzas y cuerpos de seguridad (92 denuncias en las oficinas de SOS Racismo); trámites de extranjería (60); nacionalidad (36); Centros de Internamiento de Extranjeros (3) y otros.
Respecto a los conflictos y agresiones racistas, 60 casos tuvieron lugar en el espacio público; 23, entre vecinos; y 34 en ámbitos como viviendas particulares y/o espacios privados.
Reviste interés, asimismo, el capítulo de Denegación de acceso a prestaciones y servicios privados: 16 denuncias en bancos; 11 en locales de ocio/restaurantes; 27 casos respecto a la vivienda; y 33 que incluyen lugares como supermercados, gimnasios, salones de belleza y otros.
Y en caso de que la denegación afectara a prestaciones/servicios públicos: una veintena de denuncias sobre el acceso a la asistencia sanitaria; 12 acerca del empleo; y 47 integrados en la categoría otros (transporte, deporte o la Subdelegación del Gobierno).
El balance de la ONG se completa con las 66 denuncias por el trato desfavorable/injusto en el centro de trabajo; el discurso de odio y la extrema derecha (20); la seguridad pública (26) y/o privada (12).
SOS Racisme-Catalunya relata el ejemplo de un joven, de 20 años, objeto de una detención –en el municipio de Sant Feliu Sassera (620 habitantes, Barcelona)- por seis agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d’Esquadra; el motivo, añade la organización antirracista, “un delito que no había cometido y por el que posteriormente fue absuelto”.
El muchacho, que no mostró resistencia a la captura, sufrió agresiones físicas y psíquicas, además de vejaciones e insultos racistas; “incluso un disparo que no llegó a acertarle”, señala el Informe; además de arrojar al joven bolsas de basura, le oprimieron el cuello y gritaron “te daría una hostia que te dejaría blanco”.
Otra víctima de la que se hace eco el documento es N., madre marroquí de 5 niños, que en 2021 llegó al estado español para laborar en Huelva, en el sector de la fresa; en octubre de 2022, informa SOS Racismo, un individuo de un municipio de Gipuzkoa le ofreció empleo en un invernadero, y como trabajadora del hogar (salario de 1.100 euros con alojamiento y manutención).
Además de vejaciones en forma de tocamientos, el patrono profirió injurias del tipo “descarada, mujer de patera, que no vales para nada (…)”; tras el rechazo manifestado por la trabajadora migrante, vio cómo se le redujo el salario e incrementó la jornada laboral.
“La situación se vuelve insostenible cuando en una fecha no determinada del mes de agosto, el empleador le dice que atienda en el invernadero a un cliente amigo suyo; esta persona comienza a proferir expresiones de tipo sexual y a realizar tocamientos”, concluye el reporte. Así, “la intervención de otros trabajadores (también en situación irregular) hizo que esta persona cesara en su actitud”.
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