Sobre las subvenciones que la Conselleria de Educación y cultura (y más cosas) y la Diputación de Valencia han concedido a la Iglesia Católica.
Aún no se han apagado en mi cabeza los rescoldos de la indignación provocada por los más de 429 millones de euros de dinero público que recibieron los obispos por la declaración de la renta de 2024, cuando me salta en el móvil una noticia sobre las subvenciones que la Conselleria de Educación y cultura (y más cosas) y la Diputación de Valencia han concedido a la Iglesia Católica.
En una de las noticias del menú informativo que me ofrece diariamente el buscador que tengo instalado, leo que la Diputación valenciana ha concedido, entre 2024 y 2025 más de 1,2 millones de euros para reparaciones varias de edificios parroquiales propiedad de la Iglesia. Y que la Conselleria de Educación, cultura… ha adjudicado 1,8 millones para lo mismo, en el mismo periodo de tiempo. En total, 3 millones de euros para adecentar edificios eclesiásticos. Desde sustituciones de cubiertas hasta la reparación de fachadas, pasando por la restauración de la pintura o la recolocación de azulejos. Dinero de todos y de todas para la Iglesia, en un momento en el que los obispos declaran que las diócesis españolas tuvieron el año pasado un superávit de más de 133 millones de euros.
Le propongo al lector (o lectora) un ejercicio mental. Imaginen que yo tengo actualmente varias docenas de casas en propiedad. Algunas de ellas (la mayoría), se construyeron hace décadas con dinero aportado por los vecinos del pueblo que, cuando les pedí que me ayudaran a levantar el que ahora es mi patrimonio inmobiliario, decidieron desinteresadamente hacer aportaciones económicas e incluso organizar colectas vecinales para reunir el dinero necesario. Estas casas ahora de mi propiedad, como así consta en el registro desde hace meses, se construyeron (la mayoría) en los terrenos públicos prestados gratuitamente por los ayuntamientos de cada término municipal donde se ubican estas propiedades. Estas casas llevan ya mucho tiempo construidas. Tanto, que algunos vecinos han olvidado que se construyeron gracias a ellos. Por mi parte, las llevo usando tantos años que me creo con el derecho a adjudicarme el pleno dominio de todas ellas y las he inscrito en el registro de la propiedad a mi nombre. Me lo han permitido sin objetar absolutamente nada. ¡Porque yo lo valgo! Con el paso del tiempo mis propiedades han empezado a estropearse. La que no necesita una mano de pintura, requiere un repaso del tejado, o de la fachada, que se ha desconchado con la humedad. Todas estas reparaciones requieren un desembolso importante. He consultado el dinero de mi cuenta corriente y tengo más que suficiente para hacer frente a estos gastos pero prefiero invertirlo en bolsa o en fondos de inversión para seguir engordando mi saldo. Además, resulta que los ayuntamientos, la Diputación y la Consellería han mostrado mucho interés en costearme los arreglos necesarios, a cambio de nada, para que mis casas luzcan como nuevas y mi patrimonio inmobiliario no pierda valor.
Sí, ya sé que la interpretación de lo que acabo de contar puede resultar demasiado obvia. Pero eso no le resta ni un ápice de verosimilitud si pensamos que el auténtico protagonista de esta historieta es la Iglesia Católica. Puede resultar una historia burda, pero es completamente real. Esta organización religiosa ha registrado a su nombre más de 100.000 inmuebles desde 1946 sin aportar más documento probatorio que la palabra (por escrito) del obispo de turno. Ninguna institución estatal ha cuestionado esta forma de proceder de la Iglesia, que tuvo despejado el camino para apropiarse de lo que le vino en gana hasta 2015. Y para colmo, las instituciones públicas se hacen cargo del mantenimiento y la reparación de esas propiedades. La Iglesia se ha apropiado de los inmuebles por su “derecho divino” y encima los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos la rehabilitación de dichos inmuebles. Desde luego, si en lugar de la Iglesia, estuviéramos hablando de una asociación de otro signo, nos echaríamos las manos a la cabeza. Para mayor sorna, los obispos tienen dinero de sobra para pagar las reparaciones de esos inmuebles. Pero prefieren poner a “trabajar” los 133 millones de euros de superávit para seguir engordando su fortuna.
Con esto quedan perfectamente retratados todos los implicados. Los obispos muestran una voracidad insaciable hacia todo aquello que tenga algún valor. No se cansan de seguir acumulando propiedades, dinero, lo que sea. Por otro lado, las Instituciones valencianas (pero también las estatales) muestran una sumisión total a los dictados de la Iglesia y por eso costean el mantenimiento de los inmuebles de los que se ha apropiado esta organización religiosa. Y todo esto con dinero público, con mi dinero, con nuestro dinero. No solo no reclaman la devolución de las propiedades inmatriculadas sino que encima les subvencionan los gastos que les ocasionan. ¡El colmo!.
Estoy convencido de que muchos entienden y comparten mi indignación. Creo que hay motivos más que suficientes para ello.