«El estado de derecho ha funcionado». El Mundo Lo que haga, lo que no haga, lo que diga, lo que no diga, lo que diga otro Contactos con miembros relevantes de Batasuna – Portavoz de AHT GELDITU! (plataforma de la izquierda abertzale contra el tren de alta velocidad en el País Vasco) – Controlada en […]
«El estado de derecho ha funcionado».
El Mundo
Lo que haga, lo que no haga, lo que diga, lo que no diga, lo que diga otro
Contactos con miembros relevantes de Batasuna – Portavoz de AHT GELDITU! (plataforma de la izquierda abertzale contra el tren de alta velocidad en el País Vasco) – Controlada en la marcha a la prisión de Herrera de la Mancha en 1991 – Militante de LAB – Visita a presos de ETA – Fue candidata de Herri Batasuna en las elecciones municipales de 1991 – Fue candidata de Herri Batasuna en las elecciones municipales de 1983 y 1991 – Firma un manifiesto de apoyo a una manifestación organizada por Batasuna, tras la suspensión de actividades de EKIN, ilegalizada – Aparece en el diario Gara (12-2-2005) como responsable de educación de LAB – Se autoinculpa en 2000 en solidaridad con los detenidos de la fundación Joxemi Zumalabe, que forma parte de ETA, según el auto de 26-8-2002 del Juzgaddo de Instrucción nº5 – Asiste a la marcha de Bruselas, organizada por Batasuna – Aportó 200.000 pesetas en la cuenta del BBVA que tenía abierta en 1990 Herri Batasuna, para apoyo a su campaña a las elecciones autonómicas – Su nombre aparecía en las agendas de teléfonos de dos personas condenadas por pertenencia a ETA – El 19-10-2002 participa en la manifestación en Bayona (Francia) para protestar contra la ilegalización de Batasuna – Firmante de un manifiesto de apoyo al diario Egin – Apoya la plataforma HIRU, que solicita la puesta en libertad condicional de cuatro presos de ETA.
Son los hechos que para la abogacía del estado y la Fiscalía justifican la impugnación de la candidatura de Aukera Guztiak. Además «el abogado del Estado presenta como indicio una entrevista a Marije Rodriguez de Lera en EL PAIS de 20 de marzo pasado en la que la cabeza de lista por Vizcaya de la plataforma AG elude condenar el terrorismo» (El País 26/3/05), o una asamblea de Batasuna en Getxo donde «la dirigente Usune Gallastegui solicitó a los presentes que apoyasen con sus firmas a Aukera Guztiak». Se entiende entonces que a firmar un manifiesto, acudir a una marcha, figurar en una agenda, dar dinero, ser candidata electoral o militar en un sindicato, se añade que todo lo que usted NO diga, y que todo lo que diga cualquier otro, puede ser utilizado en su contra.
«La limitación de la libertad de expresión, asociación y reunión es una grave violación de los derechos humanos y debe cesar inmediatamente, ha dicho Amnistía Internacional». Lo dice en la presentación de su informe sobre los detenidos en Cuba el verano del 2003 por colaborar con la embajada de intereses norteamericana, en actividades contra el estado cubano. Pero esas palabras podemos hacerlas nuestras y aplicarlas a los aproximadamente 120.000 vascos prohibidos. «Actualmente Amnistía Internacional reconoce a 71 presos de conciencia encarcelados en la isla por expresar pacíficamente sus creencias y opiniones», y también estas palabras podemos tomarlas para reconocer, visibilizar, volver a dibujar y señalar en el mapa las 120.000 conciencias proscritas, por firmar un manifiesto, acudir a una marcha, figurar en una agenda, dar dinero, ser candidata electoral, militar en un sindicato, por no decir o por ser mentada.
Que los argumentos de la Fiscalía y el Gobierno y la decisión del Tribunal Supremo, se interpreten desde distintas instancias políticas y mediáticas, como fiesta y apología del Estado de Derecho, los retrata a todos y retrata al Estado de Derecho mismo en su mas profundo significado: Derecho del Estado, Derecho del Poder.
En Euskadi huele a kafkalina Lo que comenzó siendo un macrojuicio político, el sumario 18/98 de la Audiencia Nacional, se convirtió en una Ley de Partidos, y lo que dentro de la Ley de Partidos era el delito de «no condenar el terrorismo», fue luego «vía administrativa» para impedir la participación electoral en este caso de Aukera Guztiak.
La pretensión de normalidad
De esta decisión y de la parte de la ley que la sustenta, llama la atención la pretensión de normalidad que se quiere alcanzar, convirtiendo la ilegalización de uno o varios partidos y agrupaciones electorales en un mero trámite administrativo. Pocas cosas caracterizan mas el totalitarismo que convertir una prohibición política en una cuestión de papeleo. Ya es grave la existencia misma de la Ley de Partidos. Pero los pocos resquicios que tuviera un partido, candidatura, agrupación… para defenderse con ciertas garantías, se eliminan de un plumazo, al crear una vía que suprime la posibilidad de tener siquiera cuarto y mitad de lo que se llama un «juicio justo». Con ilegalizar a Batasuna es suficiente, al resto basta con impugnarlos. Así se ahorra tiempo, dinero, trabajo y justicia, que de todo escasea.
La normalización por vía administrativa de un estado de excepción, en el terreno político e institucional, es para muchos una cuestión doctrinal. En su artículo «Acefalia política» (El País, 26/3/05), Antonio Elorza, afirma que «debajo de las tormentas de superficie y las previsiones de cambios radicales existen bases sólidas para una convivencia democrática». Recuerda Elorza que «la vocación independentista sigue anclada en el 30% de siempre» según el Euskobarómetro, pero al evaluar la situación, los caminos y las soluciones, el veto político-judicial-electoral a ese 30%, no tendría porque estropear el cuadro futuro de la normalidad «en torno al proyecto de ampliación estatutaria apadrinado por Emilio Guevara. Su aplicación no supondría trauma alguno, ni fractura de la sociedad vasca, ni conflicto abierto con el orden constitucional, y además respondería a las preferencias expresadas por la mayoría de los vascos». Elorza escribe como si ahora no existiera «trauma alguno, ni fractura en la sociedad vasca, ni conflicto abierto con el orden constitucional», como si la ilegalización de Batasuna y la vuelta al tapete de la cuestión nacional y la cuestión vasca fueran «tormentas de superficie».
La ecuación sería:normalidad = la mayoría – el 30%. La normalidad es la normalidad del 3%, de las cosas que pasan pero que no se dicen. Quieren borrar a 120.000 personas del mapa político, hasta que un día alguien le diga a alguien que su problema se llama el 30%. Quieren convertir a la izquierda abertzale, al conflicto político e histórico y al derecho de Autodeterminacióon en un lapsus de la normalidad.
Sumario 18/98: El experimento
El sumario 18/98 de la Audiencia Nacional que data de febrero de 1997, es el origen y la médula espinal de lo que está ocurriendo. El 18/98 ha invertido la relación entre poder legislativo y poder judicial. Han sido la Audiencia Nacional y este sumario en concreto las instancias que han decidido y elaborado la «innovaciones legislativas en materia antiterrorista». Aunque después de 8 años la escenificación teatral del sumario no llegará hasta esta primavera, podemos decir que primero se hizo el juicio y después del juicio se hizo la ley. El sumario no era un sumario sino una propuesta política y legislativa, un experimento en el que se han ido probando las diferentes maneras de cercar a la izquierda abertzale, y entre prueba, error y acierto, se perfeccionaban la técnica y el lenguaje judicial. El trabajo del parlamento ha sido un complemento de la instrucción judicial, se ha dedicado básicamente a llenar y adecentar los «vacíos», a recoger las ideas y a dar un paso detrás de cada paso de los jueces.
La última decisión del Tribunal Supremo continúa esta misma línea de trabajo. La sentencia de la Sala 61 comienza por echar por tierra los argumentos, los indicios y las pruebas que presentan la Fiscalía y el Gobierno: «las partes demandantes atribuyen relevancia probatoria a una serie de circunstancias que tan solo permiten relacionar de manera indirecta, vaga y confusa a algunos de los candidatos con el entramado de Batasuna(en cursiva en el original). No de otra manera pueden calificarse los vínculos que pretenden establecerse a partir de relaciones sentimentales, muestras de solidaridad con fundaciones cuya naturaleza y finalidad no queda acreditada documentalmente, asistencia a manifestaciones sin otros datos que revelen su ilicitud y otras relaciones en absoluto acreditadas». Según la sentencia aceptar este tipo de pruebas «supondría la privación injustificada del derecho de sufragio pasivo de quienes hubieran tenido cualquier tipo de relación en el pasado con un partido político ilegalizado». Pero en lugar de rechazar los recursos, los magistrados generan una alternativa, inventan una nueva figura jurídica: la funcionalidad. «No es necesario que se acredite un acuerdo determinado entre los antiguos miembros del partido ilegalizado y la nueva formación política, ni que sus candidatos pertenezcan o hayan pertenecido al partido ilegalizado. La Ley tiene la finalidad de proteger el sistema de partidos democráticos y ello requiere que también se considere antijurídica la pretensión de asumir espontáneamente(la cursiva es nuestra) las funciones del partido ilegal, cuando ello sea corroborado con pruebas convincentes». Pueden tomar nota juristas y legisladores.
Kafka y la normalidad del poder
La pretensión de normalidad, la concepción experimental del sumario 18/98 y sus secuelas, y su relación con las «innovaciones legislativas en materia antiterrorista», desenmascaran el sentido totalitario de cada una de las partes del rompecabezas y de su conjunto. El aparato del estado se siente y actúa con plena libertad política y legitimidad pública, para presentar opiniones y deducciones políticas gubernamentales como argumentos jurídicos o como pruebas e indicios, y diferencias y disidencias políticas como delitos.
Es un error y un fraude utilizar el término «kafkiano» para lo anormal o lo exagerado, cuando es justo la normalidad del poder, de su capacidad de tejer y destejer, sin dar explicaciones o dando explicaciones banales, parciales y cínicas, su margen y su impunidad para llevar a cabo acciones incomprensibles o descaradamente comprensibles, lo que dibujó el autor de El Proceso.
Franz Kafka no exagera más de lo que exagera sobre el terreno el estado y el complejo de poder que lo rodea, reproduce y sostiene, cuando lo necesita.
Elecciones en estado de excepción
El estado de excepción es generalmente la expresión y el fruto de un estado de guerra. Esto es lo que desnuda esta situación. Lo que hubo, hay y habrá en Euskadi hasta que se respete el derecho de autodeterminación, es una guerra larga y sostenida desde el aparato de estado español para mantener su hegemonía política, cultural, territorial y económica. Desde hace mas de una década el nacionalismo español está empeñado en una carrera hacía ningún sitio para negar la existencia de un «conflicto vasco», y construir un conflicto a su medida: con el terrorismo, con los terroristas. Pero como estaba inscrito en el carácter mismo de los actores a los que se pretendía borrar del mapa con esta carrera, el intento de apolitizar el escenario convirtiéndolo todo en «crimen», y convirtiéndolos a todos en «criminales», ha terminado politizándolo todo y volviendo a definir con claridad los elementos políticos, sociales e históricos del conflicto.
El bloqueo a la candidatura de Aukera Guztiak, a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional, sea cual sea el resultado, marca necesariamente un punto de inflexión en esta etapa. La estrategia político-judicial tal y como se plantea hasta ahora, ha llegado todo lo lejos que podía llegar, y mucho mas lejos que lo que hubiéramos podido imaginar hace años. A partir de aquí de este mismo guión se pueden esperar pocas cosas nuevas, solo su encallamiento, su retroceso, o lo peor, un salto cuantitativo y cualitativo en la misma dirección, que puede adivinarse en medidas aparcadas como la propuesta del PP de penalizar a Ibarretxe por convocar referéndums ilegales. En este sentido, el Gobierno de Zapatero no ha dejado de mantenerse fiel a las dinámicas del «pacto antiterrorista» firmado con el PP, y aunque nada indica un mayor endurecimiento estratégico y legal, tampoco se puede confiar en que el partido de los GAL tenga porque actuar con mayor moderación.
En cualquier caso, según avance este teatro de operaciones, el camino definido hasta ahora por la parte del PNV, EA, Ezker Batua o Aralar, de conjugar un discurso crítico con el gobierno y los jueces, con ausencia de medidas concretas de respuesta en el terreno político, electoral e institucional, se agotará en el vaso de agua de los cálculos y el tacticismo a corto plazo. A partir de aquí «los legales» deberían empezar a preguntarse y plantearse muchas cosas. Para empezar si se puede mantener la convocatoria electoral del 17 de abril con el 30% de la población sometida a un estado de sitio policial, y con sus libertades de organización y expresión absolutamente conculcadas. Supervivencia, estrategia, táctica y ética política, van a ser planos cada día mas inseparables. Y quién no sepa verlo no se da cuenta de que todo lo que nos estamos jugando todos, también fuera de Euskadi.