Las políticas de igualdad de género y contra la violencia machista siguen estando infrarrepresentadas en las cuentas para 2016. Las de igualdad ha caído un 47,6% respecto a 2009 y un 20% en la legislatura de Mariano Rajoy. El recorte también se ha dirigido al programa de violencia de género, pese a la pequeña subida […]
Las políticas de igualdad de género y contra la violencia machista siguen estando infrarrepresentadas en las cuentas para 2016. Las de igualdad ha caído un 47,6% respecto a 2009 y un 20% en la legislatura de Mariano Rajoy. El recorte también se ha dirigido al programa de violencia de género, pese a la pequeña subida que contemplan estos presupuestos. 40 organizaciones feministas dan propuestas de enmienda a unos presupuestos que mantienen en la inanidad políticas de igualdad en otras materias como la dependencia o la equiparación de permisos de paternidad.
17 mujeres han sido asesinadas en el Estado español en el mes de julio, son diez más de las muertes que se produjeron en 2014. Según destaca la web Feminicidio.net se trata del verano con el mayor número de casos registrados durante los meses de junio y julio desde 2010. El repunte de los asesinatos se han producido en un verano sin campaña de prevención por parte del Gobierno.
Con esos datos encima de la mesa, destaca la pobre dotación que los Presupuestos Generales del Estado para 2016, en discusión parlamentaria durante esta semana, ha previsto para el programa contra la Violencia de Género. Esta mañana, cuarenta organizaciones feministas agrupadas en la Plataforma Impacto de Género Ya, han publicado un manifiesto en el que denuncian la desigualdad entre mujeres y hombres que establecen las cuentas presentadas por Hacienda.
En el apartado de violencia de género, estas organizaciones denuncian que la partida para igualdad y contra la violencia es sólo el 0,0103% del total de los presupuestos. Si bien el capítulo específico contra violencia aumenta respecto a 2015 (un 6%), el presupuesto mantiene un recorte de más del 10% respecto a los PGE de 2009. La subida, dicen desde esta plataforma es insuficiente para la financiación municipal de los puntos de atención y para cumplir el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Charo Marcos, de esta Plataforma, compara la escasa atención del Gobierno a esta partida con el incremento de los presupuestos para detener la «amenaza yihadista», que no ha causado ninguna víctima en suelo español en 2015, lo que no ha impedido que el CNI se dote con un 7% más de presupuesto para el año que viene. La violencia machista se ha cobrado, refiere Marcos, la vida de más de 66 mujeres, además de niños y varones en casos asociados a distintos casos: «una masacre», denuncia Charo Marcos.
Entre las propuestas que plantea esta plataforma está el aumento de las transferencias a las comunidades autónomas para que se cumplan los requisitos de la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (1/2004) sobre puntos de atención jurídica, psicológica y social a víctimas.
Para esta Plataforma, esta subida debe aumentar de seis a 60 millones los fondos que el Estado deriva a las comunidades para financiar estos servicios y compensar la supresión de la financiación municipal a estos puntos establecida en 2013 por la ronda de recortes que supuso la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Asimismo, la Plataforma denuncia la falta de medidas específicas que operen contra la violencia de género en el ámbito de la educación: «Pedimos corregir la falta de objetivos de igualdad entre mujeres y hombres de la Lomce de 2012». Una corrección que incluiría la inclusión de asignaturas de educación para la igualdad de género y la educación afectivo sexual en el currículum educativo.
Más impacto de género en los PGE
Desde la Plataforma de Impacto de Género, Charo Marcos califica como patriarcales unos presupuestos en los que las partidas asociadas a la economía feminista se ven jibarizadas en comparación con los números dedicados a Defensa. Se recortan las prestaciones por desempleo, lo que afecta más a las personas con prestaciones más bajas -en su mayoría mujeres- y al empleo parcial -idem.-. También se produce un recorte, del 5%, en políticas de igualdad, que en cuatro años ha caído de 31 a 19 millones. Se vuelve a suspender, por quinta vez, la ampliación del permiso de paternidad, sin efecto desde su aprobación en 2009.
«Vemos que lo relacionado con dependencia no se llega a toda la gente y cuando se llega es con cantidades irrisorias», señala Charo Marcos. La Plataforma denuncia que ni el Presupuesto ni el Informe asumen las recomendaciones de la CEDAW para que se restaure la financiación de la Ley de Dependencia a niveles de 2010.