El centralismo español, sobre todo el de derechas, hace tiempo que hizo de las víctimas de ETA una de sus armas contundentes para condicionar la vida política del país. El PSOE también favoreció e impulso esta dinámica perversa que, una vez en el Gobierno, se ha vuelto en su contra. El PP manipula los comprensibles […]
El centralismo español, sobre todo el de derechas, hace tiempo que hizo de las víctimas de ETA una de sus armas contundentes para condicionar la vida política del país. El PSOE también favoreció e impulso esta dinámica perversa que, una vez en el Gobierno, se ha vuelto en su contra. El PP manipula los comprensibles sentimientos de pérdida que se han producido en sus filas, con un marcado interés electoralista; ha promovido organizaciones títeres a las que ha convertido en sujetos políticos. Con esa estrategia, intensifican el rechazo popular a la lucha armada de ETA y condicionan a sus adversarios: «quien no homenajea a las víctimas de ETA las vuelve a matar y se convierte en cómplice del terrorismo».
El alineamiento sectario del Gobierno Vasco
El Gobierno Vasco, siempre predispuesto a seguir las pautas de Madrid, ha entrado en el juego. Siempre ha dado un trato desigual a las víctimas de un conflicto viejo en el que el PNV ha cambiado de bando. Durante muchos años, ellos fueron las víctimas de una dictadura española que reprimía a nuestro pueblo, prohibía el uso de nuestra lengua, mantenía en la ilegalidad a las formaciones políticas vascas… Esta política de ilegalizaciones y torturas continúa, pero el PNV ha cambiado de bando; ahora es fiel ejecutor de la política represiva del Estado.
El Gobierno Vasco siempre ha promovido movilizaciones contra los atentados de ETA. Nunca ha promovido un solo acto institucional de reconocimiento a las víctimas que ha generado el Estado; nunca ha participado en los actos de homenaje que han organizado los sectores populares para homenajear a sus víctimas. Y, lo que aún es peor, en numerosas ocasiones ha utilizado a su policía para reprimir a la izquierda cuando trataba de enterrar a sus muertos. El acto más escandaloso sucedió el 21 de junio de 1995. Dos jóvenes de la izquierda vasca, refugiados en el territorio vasco, hoy bajo administración francesa, desaparecieron misteriosamente. Tanto el estado español como el francés insistieron en no saber nada de ellos. La izquierda siempre los consideró víctimas del terrorismo de Estado. Varios años más tarde, y de forma inesperada, se descubrieron sus restos que presentaban señales de feroces torturas. Hechas las oportunas investigaciones, se condena a la guardia civil como responsable de ambos crímenes. Cuando sus familiares pudieron disponer de sus cadáveres, intentaron darles sepultura siendo muchos los militantes de la izquierda que se unieron al sepelio. El funeral se convirtió en una encerrona. El Gobierno Vasco, que el día 22 quiere honrar la memoria de las víctimas de ETA, masacró de forma salvaje a los familiares y amigos de Lasa y Zabala, los dos militantes muertos bajo tormento y enterrados en cal viva.
A juicio de la derecha española, este posicionamiento del Gobierno Vasco era insuficiente. Tenía que promover actos explícitos de desagravio a quienes ETA había matado. La presión mediática y política del centralismo daba sus frutos. Los mensajes oficiales del Gobierno Vasco y de sus asalariados (organizaciones «pacifistas» como Gesto por la Paz o de «mediación» como Elkarri) incidían cada vez con más fuerza en que había que desagraviar a las víctimas (de ETA). La derecha veía con agrado esta deriva pero no la consideró suficiente. El Gobierno Vasco, en su afán por aplacar al Estado español, seguía dando pasos en esa dirección: concurría a los actos organizados en el Estado para desagraviar a las víctimas de ETA, creó la Comisión de Víctimas de ETA y no la encuadró en el Departamento de Derechos Humanos sino en la Consejería de Interior (la que reprime y tortura). Puso al frente de ella a la viuda de una persona muerta en atentado de ETA que, como es de suponer, da un enfoque tendencioso a su trabajo.
Las víctimas populares no merecen ser tomadas en cuenta
En esa espiral de servidumbres, el Gobierno Vasco ha organizado el acto del 22 de abril. Un acto de este tipo, cuando el conflicto sigue abierto y sus consecuencias son diarias, no podía ser un ejercicio de reencuentro sino todo lo contrario: un ejercicio de marginación más que de reconocimiento generalizado.
En la actualidad, se contabiliza a 350 personas como víctimas no atribuibles a ETA. La violencia del Estado ha generado muchas muertes: víctimas de actuaciones policiales o parapoliciales, militantes de ETA caídos en enfrentamientos armados o por explosión de los artefactos que pretendían colocar, ciudadanos asesinados en manifestaciones, en controles instalados en las carreteras, por disparos de policías fuera de servicio o en altercados en lugares públicos. Cuatro ciudadanos han muerto en dependencias policiales mientras se les aplicaba la legislación antiterrorista y otros ocho, poco después de haber pasado por comisaría, durante el registro domiciliario o en su detención. Hay que añadir a todos estos los víctimas generadas por el régimen carcelario o persecutorio: 19 personas han muerto en la cárcel o como consecuencia de su paso por prisión; familiares de presos que han fallecido cuando iban a visitar a los cautivos dispersados por los Estados español y francés, refugiados políticos muertos fuera de su tierra… El propio Parlamento Vasco, en una Ponencia sobre víctimas que trabajó en el año 2000, cuantificó en 6000 (ahora ya son muchas más) las personas torturadas por las diferentes policías y en unas 25.000 (cifra que también hay que actualizar al alza) las personas que han sufrido directamente la represión policial. Ninguna de estas personas ha sido tomada en cuenta en el homenaje del 22.
Por el contrario, el Gobierno Vasco ha pedido perdón «en nombre de nuestro pueblo» a reconocidos enemigos de Euskal Herria: a Melitón Manzanas, cruel torturador al que ETA ejecutó en 1968, al Almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno de Franco y su potencial sucesor al que ETA también ejecutó… En este miserable ejercicio de servidumbre, el Gobierno Vasco ha contabilizado como víctimas de ETA a 77 fallecidos en el incendio de un hotel (1979) siguiendo supuestos que no han sido avalados ni judicial ni oficialmente.
Reacciones
Tanta miseria no ha satisfecho las exigencias del PP que ha considerado insuficiente la servidumbre y ha rechazado el acto. Sobra decir que la izquierda ha considerado el acto un alineamiento ruin al servicio de los opresores. Una gran parte de la sociedad vasca, que ha sufrido en carne propia la violencia de los Estados, ha rechazado el enfoque del acto.
El Gobierno Vasco, ha tenido que utilizar numerosos recursos (600.000 euros) y sus influencias para forzar adhesiones de sectores que se resistían a participar.