Traducido para Rebelión por Daniel Escribano
Redada a redada, auto a auto y juicio a juicio, el espacio sin derechos civiles ni políticos es cada vez más amplio y profundo. Pueden mencionarse varios hitos en esa dirección últimamente: la sentencia del caso Jarrai-Haika-Segi, la del 18/98, los autos de encarcelamiento de los miembros de la Mesa Nacional y otros militantes de Batasuna, los autos de suspensión de actividades de EHAK y EAE-ANV y su petición de ilegalización y las medidas cautelares. Se ha ido retorciendo la letra y el espíritu de la ley según las necesidades políticas de cada momento para poder dejar fuera del juego político a cuantas personas, partidos, asociaciones u organizaciones se ha querido. Considerando la evolución, cada medida anunciada sirve para agrandar el agujero, para hacer que sea cada vez más grande y para poder hacerlo cada vez más fácilmente. Por un lado, como los partidos y asociaciones ilegalizados son cada vez más, están «contaminando» a cada vez más gente. Por el otro, como imputan a las personas con cada vez menos indicios, el círculo de sospechosos es cada vez más grande, no tiene límites.
Los últimos autos del juez Garzón son aclaradores para percatarse de esa lógica inquisitorial. El cargo contra la mayoría es ser miembro de «Batasuna-ETA». Identifica a la mayoría como miembros de la Mesa Nacional. ¿Desde cuándo? Desde el 25 de marzo de 2006. Desde la comparecencia de Batasuna para analizar el alto el fuego de ETA. Pero su actividad política no es «delictiva» hasta octubre de 2007, como ha quedado patente en la redada de Segura. ¿Qué indicios reúne Garzón para imputarles delito? Reunirse entre ellos, ruedas de prensa, declaraciones y realización de actos políticos. El caso de Karmelo Landa es el ejemplo paradigmático: le imputa haber participado en tres reuniones, haber hablado en tres comparecencias y haber convocado a la manifestación contra la ilegalización de EHAK y ANV. Eso y haber recibido una llamada de Joseba Zinkunegi. Nada más. Eso basta para encarcelar. Es suficiente querer seguir con la actividad de Batasuna, aunque no sea en nombre de Batasuna. En el fondo, Garzón atribuye «reconstruir el frente institucional de ETA» a los demás detenidos junto con Landa. ¿Dónde está el vínculo con ETA? Sólo en hacer valoraciones políticas sobre el fin del proceso de negociación que pueden ser similares a las que se recogen en dos comunicados de ETA. En este caso, además, es lógico que hagan valoraciones semejantes porque miembros de Batasuna o de la izquierda abertzale negociaron directamente con representantes del Gobierno de España. Aquello a lo que los representantes socialistas dijeron que no en las negociaciones del pasado mayo.
Vinculaciones peligrosas. Los mecanismos que están utilizando los tribunales españoles para criminalizar a los miembros de la izquierda abertzale son temibles. Y es que a cualquier declaración, a cualquier iniciativa, a cualquier actividad le imputan ayudar a los objetivos de ETA. En el caso 18/98 quedó patente. Es suficiente encontrar alguna mención en los escritos o entrevistas de ETA para imputar colaboración con ETA a quien convenga con eso. En los últimos autos, tanto en los de encarcelamiento de miembros de Batasuna como en los de suspensión de actividades de EHAK y EAE-ANV, el juez Garzón utiliza la posición contraria al tren de alta velocidad para vincularlos con ETA.
Por ese camino sería muy fácil, por ejemplo, poner al servicio de ETA la consulta popular que ha propuesto el lehendakari Ibarretxe. Y es que no es difícil encontrar citas de ETA sobre la importancia de dar la palabra a la ciudadanía vasca y a favor de la consulta popular.
A pesar de poderlo hacer, no parece que tengan intención de ir tan lejos. La prioridad actual es asfixiar a la izquierda abertzale. No dejarle realizar actividades políticas, como ha dicho más de una vez el ministro del Interior Rubalcaba. Pero esta cerrada posición actual contraria a cualquier diálogo o negociación coloca bajo sospecha la verdadera voluntad del Gobierno de España y del partido socialista en el proceso. A la luz de los acontecimientos de los últimos tiempos, parecería que no les interesa la solución del conflicto y un acuerdo entre tradiciones históricas, sino otra cosa.
Stanford y Moscú. La clave para resolver el conflicto vasco es el derecho a decidir. Eso mismo ha explicado el lehendakari Ibarretxe en los Estados Unidos, en la Universidad de Stanford. «De vez en cuando el Gobierno de España dice que el derecho a decidir divide a la sociedad vasca. No, la negación del derecho a decidir el futuro divide de verdad a la sociedad vasca», ha argumentado Ibarretxe en respuesta a Zapatero. Precisamente, Ibarretxe ha propuesto al próximo jefe del Gobierno de España un acuerdo en torno al «principio democrático de respeto a la voluntad de la sociedad vasca». En palabras de Urkullu (en su conferencia en Madrid), el objetivo del acuerdo es más suave: «desarrollo normalizado del autogobierno de Euskadi, tanto en el sentido identitario como en el ámbito competencial». Habrá que ver finalmente qué tipo de acuerdo busca el PNV con el nuevo jefe de gobierno.
En cualquier caso, para que la ciudadanía vasca sea dueña de su futuro sería necesario un acuerdo que garantice que las autoridades españolas no pueden hacer más lo que hasta ahora han podido hacer. Asimismo, deberá garantizarse que quienes no quieren vivir dentro del Estado español puedan realizar su opción política. También lo sabe Putin: «en España la gente no quiere vivir en un único Estado». He ahí la verdadera clave.
Berria, 17 de febrero de 2008