Se trata del tercer año consecutivo de incremento; el gasto en armamento nuclear de los nueve países que lo poseen alcanzó los 82.900 millones de dólares en 2022 (un 3% más que el año anterior); de la cifra total, 43.700 millones de dólares corresponden a Estados Unidos, “que sigue destinando a sus arsenales más que todos los demás países con armas nucleares en su conjunto”.
La estadística se incluye en el informe Wasted: 2022 Global Nuclear Weapons Spending, de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN); en el estado español se hizo eco del reporte –en junio de 2023- la Alianza por el Desarme Nuclear, que cuenta con la adhesión de 60 entidades.
El 4 de febrero la plataforma Tanquem Cofrents (por la central nuclear de Iberdrola emplazada en este municipio valenciano) organizó –en el parque de Viveros de Valencia- una jornada en recuerdo de las víctimas nucleares; entre la simbología de la resistencia figura una especie arbórea, el Ginkgo Biloba, plantada por los activistas.
El citado árbol “fue capaz de sobrevivir y recuperarse en terrenos afectados por las bombas de Hiroshima y Nagasaki”, informaron en un comunicado; las bombas nucleares arrojadas sobre las dos ciudades japonesas -en el verano de 1945- por el ejército de Estados Unidos causaron más de 200.000 muertes (y otros 400.000 fallecimientos en las décadas siguientes por problemas de salud; fuente: Naciones Unidas).
Además de a las víctimas de esta carnicería, el homenaje de Tanquem Cofrents incluía a las personas afectadas por “los más de 2.000 ensayos nucleares realizados en el mundo” entre 1945 y 1996 (datos de Naciones Unidas), de los que 1.032 correspondían a Estados Unidos y 715 a la Unión Soviética, con impactos en forma de contaminación radiactiva y desplazamientos de población, entre otros.
La nota informativa destaca ejemplos como las pruebas nucleares realizadas por Francia en Argelia, que comenzaron en 1960; o las de Estados Unidos en las islas Marshall del Pacífico (desde 1946) y Francia en el atolón de Mururoa (Polinesia), a partir de 1966.
La plataforma antinuclear recordó asimismo a las víctimas de “accidentes con armas nucleares”; como el de un avión militar estadounidense en la base área de Thule (Groenlandia), en 1968; o el accidente de un bombardero nuclear norteamericano en el municipio de Palomares (Almería), en 1966.
Pasados 58 años, “los habitantes (de Palomares) siguen padeciendo la contaminación por plutonio y americio en sus tierras”; además, “se ocultó la contaminación radiactiva que sufrieron centenares de sus habitantes”.
A ello se añaden “las miles de personas afectadas por la minería y el procesado de uranio utilizado para fabricar las bombas atómicas y el combustible de las centrales nucleares”; el comunicado de Tanquem menciona el uranio del Níger para las plantas nucleares francesas; la producción y exportación de uranio en Kazajistán o del mismo elemento químico en el municipio de Andújar (Jaén), que contó con una fábrica de uranio entre 1959 y 1981.
El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el accidente nuclear de Chernóbil (norte de Ucrania); décadas después, en el documento Las consecuencias que aún perduran del desastre de Chernóbil, Naciones Unidas subrayaba que la explosión “propagó una nube radiactiva en gran parte de lo que fue la URSS, y que actualmente son los territorios de Bielorrusia, Ucrania y la Federación Rusa”; la ONU cifra en más 8,4 millones las personas expuestas -en los tres países- a la radiación.
Una catástrofe más reciente fue la sucedida el 11 de marzo de 2011 en la nuclear de Fukushima, tras un terremoto en la costa Este de Japón y un tsunami que afectó a varios reactores, principalmente los de Fukushima I; en cuanto a la nube radiactiva y la contaminación, el informe de Ecologistas en Acción Fukushima, el accidente y sus secuelas (2017), hace la siguiente síntesis:
“El 20% de las emisiones radiactivas se extendieron hacia el noroeste de Fukushima debido a los vientos dominantes; (estas emisiones) contaminaron el agua, la leche y los alimentos a más de 40 kilómetros de la central; la nube radiactiva llegó a Tokio, situado al suroeste y a una distancia de 250 kilómetros, donde se registraron ocho veces las dosis normales de radiactividad ambiental y se contaminaron cinco depuradoras de agua”.
Por otra parte, el 2 noviembre de 2023, el BOE publicó el anuncio del periodo de información pública sobre la construcción de un Almacén Temporal Individualizado de capacidad total (ATI-100) en la planta de Cofrentes, así como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA); la autorización del proyecto, promovido por Iberdrola, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.
El combustible gastado que genera la central se halla actualmente almacenado en las piscinas (de almacenamiento) de combustible gastado en el edifico (de combustible), y en un ATI que se puso en marcha en 2021, detalla el Boletín oficial (“las piscinas alcanzarán la situación en la recarga prevista de 2027”).
Tanquem Cofrents y el Movimiento Ibérico Antinuclear han presentado alegaciones y señalado “numerosas deficiencias” en el EIA; por ejemplo, respecto a la ubicación del almacén; la evaluación de los impactos radiactivos o acerca de la fauna.
Se da la circunstancia que el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó, en marzo de 2021, la renovación de la licencia de explotación de la central de Cofrentes, hasta el 30 de noviembre de 2030.
La plataforma ecologista denunció -el pasado 14 de enero- una fuga de agua del circuito primario en la nuclear valenciana; en concreto el agua “es la que está en contacto con el combustible nuclear” y, por tanto, “es altamente radiactiva”.
Se trata, añadía Tanquem Cofrents en un comunicado, de la tercera parada no programada de la central en los últimos meses: en septiembre y también en noviembre de 2023 la central ya paró “por averías en la zona de la turbina”.
La central de Iberdrola inició su actividad en 1984; por esta razón (cuatro décadas de funcionamiento), así como por la sucesión de averías y accidentes, el colectivo ecologista califica la central como “vieja” y “deteriorada”; el hecho de que continúe operando implica “un riesgo de accidente grave”, concluyeron.
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