La universidad española vuelve a digerir una reforma de su educación superior. La presentación de la nueva LOU por el Gobierno del PSOE llega en plenas vacaciones de los estudiantes
La consolidación de la autonomía universitaria ha sido una de las grandes reivindicaciones de la comunidad universitaria, tanto es así que está recogido en el artículo 27.10 de la Constitución. La propia ministra Mercedes Cabrera recalcaba el pasado 26 de julio en los cursos de verano de El Escorial (Universidad Complutense de Madrid): «Nuestra propuesta de reforma otorga a las universidades un amplio margen de confianza para establecer su propio modelo de organización, para diseñar los títulos que deseen impartir o para contratar a los profesores que hayan cumplido los requisitos previos de acreditación [un sistema basado en el curriculum y no en un examen]. De este modo, contribuimos a que las universidades puedan afrontar mejor los retos del Espacio Europeo de Educación Superior». Además, las universidades son evaluadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, transformada ahora en un organismo público.
Por otro lado, se acota el papel de las comunidades autónomas y del Gobierno central. Las comunidades son las responsables de la política universitaria, mientras que el Gobierno debe garantizar su autonomía. Para ello, se crea la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), a la que corresponden las funciones de planteamiento, informe, consulta y asesoramiento sobre la programación general y plurianual de la enseñanza universitaria, formado por responsables universitarios en los consejos de gobierno autonómicos y cinco miembros designados por el presidente de la CGPU. Por otro lado, el Consejo de Universidades tiene las funciones de cooperación y coordinación académica, consulta y propuesta en materia universitaria.
La ley presta especial atención a la «transmisión esencial de valores para crear una sociedad tolerante e igualitaria, centrando su principal atención en los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres». Para ello, las universidades deberán contar con unidades de igualdad.
Al mismo tiempo, introduce un título dedicado al deporte universitario, pues lo considera «un aspecto capital en la formación universitaria que facilitará la compatibilidad efectiva de su práctica con la formación académica».
Asignaturas pendientes
Quedan pendientes un nuevo Estatuto del Estudiante, otro para el Personal investigador y una memoria económica. Entre las principales novedades que puede desarrollar este documento financiero se encuentran los préstamos- renta. «No son préstamos con interés cero a devolver en un plazo determinado, sino que comienzan a devolverse cuando quien los ha recibido tiene unos ingresos determinados», según las últimas declaraciones de Cabrera.
Esta reforma tiene tres ejes principales (además de servir de marco para la convergencia europea): aumentar la participación del alumnado, favorecer la investigación y consolidar la autonomía universitaria. El papel de los estudiantes queda a la espera del nuevo estatuto. La investigación sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la universidad española. La nueva reforma afirma pretender «la vinculación entre la investigación universitaria y el entorno productivo del sistema de ciencia y tecnología a través de la creación de institutos mixtos de investigación». En febrero el presidente Zapatero, en la presentación del informe Conocimiento y Desarrollo 05 (de la fundación con el mismo nombre y presidida por Ana Patricia Botín), apuntaba que el cambio de la Universidad se debía realizar «mirando a la empresa, a la sociedad y a un país de innovación». El actual gasto en I+D representa el 1,05% del PIB; el presidente pretende que aumente al 2% en 2010, confiando en que la inversión privada llegue al 55% en los próximos cuatro años frente al 48% actual. A esto debemos sumar el importante papel que han adquirido las universidades privadas, que han pasado en los últimos 30 años de una quincena a cerca de medio centenar. Se puede leer el texto íntegro de la reforma de la LOU en www.mec.es
Un largo proceso que culmina en 2009
Desde la presentación en 1998 del Informe Bricall (encargado por los rectores), se habla de la apertura de la universidad al mercado. Una de sus coordinadoras (financiación) era la ex ministra de Educación en el Gobierno ZP, María Jesús San Segundo. Aunque el informe no era vinculante, muchas de sus reflexiones se plasmaron en la LOU (2001) que, como el Bricall, sufrió una gran oposición estudiantil por miedo a la mercantilización de la educación. En ese mismo periodo de tiempo se realiza el debate de convergencia europea, con la publicación de las Declaraciones de La Sorbona (1998) y de Bolonia (1999).
Con la llegada de Zapatero (2000) a la Secretaría General del PSOE, la LOU se convirtió en uno de los principales elementos de oposición. Incluso el 1 de diciembre de 2001 reunió en Madrid a 200.000 personas, según sus datos, en una manifestación estatal. Pero, en 2004, la llegada del PSOE al Gobierno no significa la eliminación de la LOU, sino su aceptación y ahora su modificación, tras la incorporación de Mercedes Cabrera (fichaje ‘estrella’ de Zapatero para las elecciones) al Ministerio junto a su nuevo equipo. Ahora, comienza la fase final de la convergencia europea.