Durante mi residencia en Caracas me indignó un programa de una de sus televisiones privadas que consistía en un concurso, en el que el premio era poder recibir la asistencia sanitaria para una grave dolencia, en algunos casos mortal. No entendía la miseria de esa televisión que no percibiera el lógico derecho humano a la […]
Durante mi residencia en Caracas me indignó un programa de una de sus televisiones privadas que consistía en un concurso, en el que el premio era poder recibir la asistencia sanitaria para una grave dolencia, en algunos casos mortal. No entendía la miseria de esa televisión que no percibiera el lógico derecho humano a la salud sin la convocatoria de un concurso. Algo similar he vuelto a sentir ahora en España al contemplar a cinco mil personas acampando una semana en Fuenlabrada bajo el invernal frío madrileño para poder apuntarse a la cola de la compra de una vivienda por 120.000 o 168.000 euros, de la que no existe ni suelo todavía.
Uno de los acampados se encaraba con los responsables municipales reclamando suelo para lo construcción: «hay suelo de sobra y que los políticos sepan que los que estamos aquí tenemos una cita con las urnas dentro de tres años». No hay suelo de sobra, lo que hay de sobra son casas ya construidas y sin habitar, tres millones para ser exactos.
Al igual que en Estados Unidos el ciudadano ha perdido la dignidad para exigir a sus poderes públicos una asistencia sanitaria adecuada, en España asistimos impasibles a que para acceder al derecho constitucional a una vivienda haya que humillarse acampando con la aspiración de que un constructor privado se digne a venderte una casa a un precio razonable.
Nuestra sumisa mentalidad nos lleva a exigir que los ayuntamientos privaticen suelo público para hacer más casas sin plantear el debate de qué sociedad estamos haciendo en la que millones de edificios están vacíos mientras millones de personas no pueden acceder a un derecho constitucional. La ideología del mercado no permite otra interpretación que la de aceptar que algunos puedan ser propietarios de todas las viviendas que su poder adquisitivo les permita, y que no existe responsabilidad pública ni garantía social para atender a quienes no tengan ingresos para pagarse un alojamiento.
Si realmente se tratara de una limitación de medios económicos en una sociedad, el problema de la vivienda se iría resolviendo a medida que se fuera disponiendo de los materiales necesarios, y según se fueran adquiriendo se construirían casas para habitar. Esa situación, dentro de su precariedad, es lógica y racional y permitiría llegar a la conclusión de que la necesidad de vivienda se afronta construyendo casas. Si medio millón de personas no tienen donde vivir, cuando se construyan medio millón de casas se habrá resuelto. Pero nuestro capitalismo, ¿cómo propone resolver el problema de la vivienda si ya hay millones de casas de sobra y siguen sin techo quienes las necesitan?
Es inquietante el modo en el que estamos vaciando de derechos sociales nuestro sistema político. ¿Qué hubieran hecho esos cinco mil acampados -y otros muchos miles- si les hubiéramos dado a elegir entre el derecho constitucional a una vivienda o el derecho a votar en las próximas elecciones? Todos sabemos que la gran mayoría hubieran elegido lo primero. Es un claro ejemplo del fraude que supone nuestro modelo político, que te da derecho a votar y luego te deja sin techo.