Jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, de las cuales sólo cotizan cuatro; trabajo de lunes a domingo y un salario que apenas alcanza los 800 euros al mes, a los que hay que descontar el gasto en carburante y aparcamiento derivado de los desplazamientos para instalar ADSL y fibra óptica o para efectuar reparaciones. […]
Jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, de las cuales sólo cotizan cuatro; trabajo de lunes a domingo y un salario que apenas alcanza los 800 euros al mes, a los que hay que descontar el gasto en carburante y aparcamiento derivado de los desplazamientos para instalar ADSL y fibra óptica o para efectuar reparaciones. Éstas son las condiciones de trabajo que padecen miles de empleados en todo el Estado del eslabón más débil de la cadena de contratas y subcontratas sobre las que se apoya Telefónica para maximizar beneficios: 3.178 millones de euros en 2014, 4.593 millones un año antes.
Tras años de progresiva precarización de las condiciones laborales en la multinacional de telecomunicaciones -y 50.000 empleos fijos menos- desde que el gobierno de Felipe González pusiera las bases para su privatización en 1994 y Aznar la culminase dos años después, la reducción de precios del nuevo contrato ha desatado la batalla: por primera vez, miles de trabajadores y trabajadoras que están subcontratados o trabajan como autónomos para diferentes empresas se han unido en una huelga indefinida para luchar contra su empleador final. «A pesar de llevar tantos días en paro la gente cada vez tiene más ánimos, porque para cobrar un salario de 600 euros es preferible aguantar hasta el final», expone José Luis Amaro, trabajador de una subcontrata y miembro del comité de huelga de la Comunidad de Madrid.
La coordinación entre los trabajadores tiene un especial valor dada la atomización entre los empleados. Para un mismo trabajo, hay quienes están en plantilla de Telefónica, quienes trabajan para una contrata directa de la compañía, quienes lo hacen para una subcontrata y quienes se hicieron autónomos bajo la promesa de poder alcanzar el mileurismo.
«Lo que nos ha costado más es juntar a toda la gente. En Barcelona hay 1.600 personas que trabajan para Telefónica entre autónomos, empleados de contratas y de subcontratas, la inmensa mayoría sin comité de empresa ni delegados sindicales», señala Josep Bel, empleado de la compañía y miembro del sindicato Co.Bas, que asesora a los trabajadores en un paro que ha rebasado la función de los sindicatos mayoritarios, que se subieron a la ola posteriormente convocando paros de dos días semanales. «Están haciendo asambleas abiertas, unitarias, recuperando la mejor tradición del 15-M y de la democracia de base. Una persona, un voto, sean de la empresa que sean», detalla Bel.
Los trabajadores calculan el seguimiento de la huelga en el 85%, sobre todo en Madrid y Barcelona. El nuevo convenio en bucle, que afecta a unos 20.000 trabajadores y que la multinacional renueva con las contratas cada tres años, implicaría que un empleado de subcontrata difícilmente pudiese alcanzar los 600 euros mensuales, denuncia José Luis Amaro.
Diferencia de plantilla
En 2012, se rebajaron los baremos en un 30%. Pese a que tras estallar la movilización Telefónica aseguró que prorrogaría los contratos actuales, los huelguistas ya no se conforman con parar el nuevo convenio. Piden que se deroguen los «contratos bucle», que todos los empleados cobren lo mismo por el mismo trabajo -el sueldo mínimo en Telefónica es de 1.700 euros mensuales-, y que todo aquel que lo desee pueda integrarse en la plantilla.
«Queremos lo que cualquier trabajador, un contrato de ocho horas y unas condiciones dignas, porque lo de ahora es una esclavización, y estamos trabajando para una multinacional que todos los años tiene unos beneficios abismales«, apunta Amaro. Explica que hace 17 años, cuando entró a trabajar en Telefónica, le ponían «el coche y la gasolina, dos pagas extra… Ha habido un cambio radical. Hay compañeros que llevan 22 años trabajando para la empresa y han perdido la vivienda porque no podían pagarla».
Mientras, en la parte noble de la cadena se instalan ex políticos del PP como Eduardo Zaplana -con un salario de 600.000 euros anuales- y del PSOE, como Javier de Paz, que en 2012 percibió 1,07 millones de euros. El presidente de la compañía, César Alierta, se embolsó 6,7 millones de euros en 2014, un 16% más que el año anterior. El día en que detuvieron a Rodrigo Rato, éste seguía siendo asesor de Telefónica para Latinoamérica, puesto remunerado con 100.000 euros anuales.
Fuente: http://www.lamarea.com/2015/05/01/telefonica-y-su-cadena-de-explotacion/