Algunos “temas gruesos” están sobre el escenario de la lucha que se adelanta en Colombia por parte de los movimientos sociales y políticos de carácter popular. Son asuntos y problemas que compartimos con los demás pueblos y sociedades de países de América Latina que se han atrevido a desafiar el poder del Gran Capital intentando usar la institucionalidad existente.
En esos países se accedió a los gobiernos por la vía electoral y se quiso utilizar el Estado “heredado” para impulsar procesos de transformación social, política, económica y cultural. Se quiso enfrentar el neoliberalismo más no el capitalismo. De antemano sabíamos que los latinoamericanos heredamos Estados coloniales y patriarcales, capitalistas y neoliberales, burocráticos y corruptos, y que no iba a ser fácil realizar esa tarea “desde adentro”.
Y también sabíamos, o supongo que los principales dirigentes eran conscientes de ello, que el gobierno, o mejor, la “cúpula” del Ejecutivo (presidente, ministros y otros altos funcionarios), sólo son una parte del aparato del Estado, que está conformado por otras ramas del “poder público” como el Congreso o asamblea nacional, las Cortes Judiciales, los órganos de control, las Fuerzas Armadas y otras instituciones como la Fiscalía, defensoría del pueblo, el poder electoral, y otras.
Y lo que es más importante de entender, de ser absolutamente conscientes, es que el conjunto de ese Estado “heredado” responde a los intereses de las clases dominantes, que en Colombia están compuestas por una oligarquía financiera que se alimentó desde los años 80s del siglo XX de los recursos del narcotráfico, se apoderó de las empresas estatales y de los caficultores, y logró conformar una alianza estrecha con el imperio estadounidense y con los grandes terratenientes que han sido la clase social que ha mantenido su hegemonía desde tiempos coloniales.
Lo que hemos aprendido desde el ascenso del presidente Chávez al gobierno de Venezuela en 1999, pasando por las experiencias de Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Tabaré y Mujica en Uruguay, Evo en Bolivia y otros intentos en curso, es que las castas oligárquicas de cada país, sus aliados subordinados (burguesía burocrática y grandes terratenientes) y el mismo imperio, no van a entregar sus privilegios sin luchar y resistir, y por ello, también han asimilado esas experiencias y han adaptado sus políticas y estrategias a las nuevas realidades.
Antes de avanzar, es importante contar con una mirada de contexto y, además, reiterar que sin una efectiva y consistente fuerza “desde abajo” es imposible que nuestra acción “desde adentro” o “por arriba”, logre realizar y consolidar cambios estructurales o sustanciales en nuestras sociedades.
Sin embargo, si estamos de acuerdo con lo anterior, es posible diseñar una estrategia para avanzar con paciencia y consistencia en la acumulación de esa fuerza “desde abajo”, sin ilusionarnos o afanarnos con “golpes de mano” u otras acciones que hacen parte de nuestras “herencias insurreccionales” que, como se ha comprobado en estos países vecinos, siempre fracasarán ante la enorme fuerza del enemigo que actúa como “clase capitalista global” y que recurre a bloqueos, saboteos y demás actos de fuerza para impedir que esos intentos logren su objetivo.
En el caso de Colombia, debemos ser conscientes que se llegó al gobierno con un escaso margen de ventaja frente al candidato de las “derechas” (Rodolfo Hernández) y en alianza con algunas expresiones políticas de la oligarquía financiera, burguesía burocrática y burguesías emergentes (de origen legal e ilegal) que se articularon alrededor del “proceso de paz” (Santos), y que buscaban desplazar del poder a sectores monopólicos de las clases dominantes y participar de las enormes ganancias que la oligarquía financiera y los grandes terratenientes han acumulado a lo largo del tiempo.
Desde el principio era claro, que esas clases y sectores de clase aliadas, no sólo no eran confiables sino que su naturaleza económica y social de carácter parasitario, no les permite ser protagonistas de un proyecto “progresista” y “revolucionario”. Podíamos prever que cuando llegara el momento de la confrontación con la oligarquía financiera, esos sectores no sólo vacilarían sino que mostrarían su absoluta incapacidad para avanzar por nuevos caminos.
El momento llegó cuando el gobierno presentó ante el Congreso las denominadas “reformas sociales” (de la salud, laboral y pensional) y cuando hizo amagues de intervenir en el campo de la generación y distribución de la energía eléctrica. De inmediato, la “alianza interclasista” y el “frente interpartidista” se empezó a resquebrajar y, ello se reflejaba tanto en la composición del gobierno (cambios de ministros y altos cargos) como en los debates y nuevas alianzas que iban surgiendo al interior del poder legislativo (y también en las otras ramas del poder como ha ocurrido con la fiscalía, contraloría, procuraduría, etc.).
Las preguntas que surgen de este sintético recuento tienen que ver con la estrategia. Si éramos conscientes de que la fuerza acumulada no era suficiente y que los aliados eran vacilantes y no confiables para confrontar a la oligarquía financiera en esas áreas que comprometen el manejo de las EPS y de los Fondos privados de pensiones… ¿por qué se priorizaron y se presentaron tan pronto esas reformas ante el Congreso? ¿Hubo exceso de confianza en esos aliados o se pensó que con el manejo y la transacción de burocracia y contratos (“mermelada”) iban a aprobar fácilmente esas iniciativas?
¿Se exploraron otras posibilidades para acumular fuerza social y política? ¿Se visualizaron otras clases y sectores de clase con quienes se hubiera podido avanzar en otras materias y temas como la industrialización de los procesos productivos y el cambio gradual y sistemático de la matriz energética? ¿Se evaluó la posibilidad de construir otras alianzas con sectores de las burguesías emergentes como los pequeños y medianos productores agrarios y los pequeños y medianos emprendedores citadinos (muchos de ellos son “profesionales precariados”)?
Ahora que estamos en la etapa final del gobierno progresista, se hace necesario que la dirigencia del Pacto Histórico y de los movimientos sociales reflexione sobre esos “temas gruesos”, que de alguna manera se han manifestado en estos tres (3) años de gobierno progresista y que se han enfrentado de diversas maneras, principalmente por parte del presidente Petro, pero que no han sido abordados en conjunto por las llamadas “fuerzas del cambio”.
Esos “temas gruesos” y su tratamiento al interior del Pacto Histórico van a determinar, de alguna manera, los debates internos de cara a la consulta para escoger candidat@s presidenciales en octubre de 2025. ¿Seguimos priorizando la alianza con las expresiones políticas de la burguesía burocrática corriendo los riesgos de ser arrasados por toda clase de politiquerías y corrupciones? ¿Con qué sectores sociales vamos de verdad a impulsar un decidido y efectivo proceso de industrialización del aparato productivo? ¿Estamos de acuerdo que ese proceso de industrialización es la única forma de “progresar”, de crear empleo digno y formal y de fortalecer los ingresos del Estado para poder financiar programas sociales de gran impacto?
¿Cómo vamos a romper y derrotar el “bloqueo institucional” que ha sufrido el gobierno progresista durante estos tres (3) años? ¿De qué manera asimilamos tanto la experiencia de la Constituyente de 1991 en Colombia como parecidas experiencias vividas en Ecuador y Bolivia, en donde se aprobaron nuevas Constituciones Políticas pero el poder de la oligarquía financiera y del imperio estadounidense siguen allí, medrando y explotando nuestros recursos humanos y naturales?
Estos y otros “temas gruesos” deben hacer parte de las reflexiones y debates del Pacto Histórico y del movimiento social. Solo así valoraremos a fondo los esfuerzos y avances liderados por el presidente Gustavo Petro pero, también, estaremos a la altura de emular y superar esa experiencia y legado.
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