Hace ahora exactamente siete años, apareció en la prensa un artículo titulado «Escándalo Monumental», que denunciaba la sigilosa y masiva inmatriculación de bienes de los pueblos por parte del Arzobispado, con un procedimiento más que sospechoso y, como se dice, a cencerros tapados. «Una inmoralidad disfrazada de legalidad» dijimos entonces, y avisamos de sus graves […]
Hace ahora exactamente siete años, apareció en la prensa un artículo titulado «Escándalo Monumental», que denunciaba la sigilosa y masiva inmatriculación de bienes de los pueblos por parte del Arzobispado, con un procedimiento más que sospechoso y, como se dice, a cencerros tapados. «Una inmoralidad disfrazada de legalidad» dijimos entonces, y avisamos de sus graves consecuencias futuras.
La respuesta del Arzobispado fue contundente: dijo que los templos eran suyos, que se acogían a la legalidad, y nos acusaba de manipulación, demagogia, falta de rigor histórico… Días más tarde el obispo Sebastián se puso el tricornio en la romería de Ujué (esta vez en sentido metafórico) y arremetió como un antidisturbios contra quienes «queríamos arrancar la Religión de sus vidas». Sólo dijo una frase cierta: «los templos son propiedad del pueblo», aunque no aclaró por qué entonces deben estar a nombre del Arzobispado. Algún párroco puso también el grito en el cielo, poniéndonos como chupa de dómine. Volvíamos los rojos, los comecuras, los quemaiglesias. Pasado este primer auto de fe, ya no tuvieron más argumentos para alimentar la hoguera. Sobre todo cuando se fue conociendo la diversidad de los bienes, la forma en que los han inmatriculado, las ventas, los alquileres, la avaricia como fin supremo. Y optaron por un silencio todavía más sospechoso que su primera reacción. (Y una maleducada altanería: el actual Arzobispo llegó a sugerir que habíamos armado todo esto para vender más libros. Piensa el fraile).
El resto ya es sabido: doscientos ayuntamientos navarros apoyando a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro; tres asambleas municipalistas; acuerdos en Parlamentos autonómicos; debates en el Senado; eco en toda la prensa, incluso internacional; divulgación del tema por todo el Estado; escándalos monumentales en la Mezquita de Córdoba, en Sevilla, en Valencia… Y lo más curioso de todo, que han sido sectores creyentes los más indignados con ese afán acaparador de la Iglesia, tan opuesto a su propia doctrina.
En vísperas de estas elecciones europeas, el PP sabía que tanto el PSOE como IU iban a retomar el tema. Además, los juristas venían advirtiendo que era constitucionalmente impresentable que los obispos fueran por los registros de la propiedad, como San Juan Evangelista patrono de los registradores, poniendo a su nombre cuanto les viniera en gana. Así que, de manera sibilina, con su Anteproyecto de Ley de reforma parcial de la Ley Hipotecaria, el PP desactiva una bomba cada vez más cargada, anuncia el final de la piñata arzobispal, no toca el tema de la inconstitucionalidad de la ley anterior y, de postre, les da un año más de plazo, para que se den prisa en agarrar lo que queda, antes de salir corriendo con el botín.
La Plataforma, en nuestras humildes tablas de la ley, teníamos sólo dos mandamientos: uno, que los obispos no podían hacer lo que hacían. Y dos, que todo lo inmatriculado por ese procedimiento debía volver a su estado anterior. Siete años después, hasta el PP comienza a darnos la razón. La pregunta siguiente es también bíblica: si se reconoce que esa ingente apropiación de bienes públicos se hizo por procedimientos dudosos (en pecado, digamos), ¿cómo absolver a los obispos si no devuelven dichos bienes?
Ahora, con más razón, seguiremos aconsejando a nuestros descarriados pastores sobre la forma de salir del infierno de descrédito en el que se han metido. Primero, que digan la verdad: urge que la ciudadanía conozca, como se hizo en Navarra, la relación de todo lo inmatriculado por ese sistema ventajista. Después, al César lo que es del César: deben devolverse esos bienes a los pueblos para que los sostengan, los abran al público, y por supuestísimo, al culto cristiano. Como ocurre en Iparralde. Lo contrario acarreará el pleito continuo; el descrédito permanente. El día que unas docenas de Ayuntamientos de la Plataforma se pongan de acuerdo en abrir expedientes a cuantos edificios «del Arzobispado» amenazan ruina, no habrá canastillo de almosnero que les salve de la quiebra. ¿Por qué pues empecinarse en la titularidad de un Patrimonio que no pueden mantener? ¿No es más lógico, y más espiritual, que la Iglesia garantice el culto mientras haya almas que lo demanden, y deje la mundana propiedad en manos de los pueblos que la levantaron?
Y contra la soberbia, humildad: El Arzobispo debería escuchar y negociar con una Plataforma que representa a tantos pueblos. Y como primer paso, le invitamos a acudir a las Jornadas que, para debatir el tema, se han preparado en Pamplona estos días. Algunas voces aseveran que un tal Jesús Nazareno nunca se perdería ese debate.
Jose Mari Esparza Zabalegi. Editor. Miembro de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro
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