Hoy en día, y en relación a las ultimas reacciones y a los últimos actos de violencia ultraderechista que hemos sufrido en el estado español ( el asesinato de Carlos Palomino y el intento de asesinato del otro joven madrileño y del joven extremeño) cabe hacer un necesario análisis sobre el fenómeno del terrorismo organizado […]
Hoy en día, y en relación a las ultimas reacciones y a los últimos actos de violencia ultraderechista que hemos sufrido en el estado español ( el asesinato de Carlos Palomino y el intento de asesinato del otro joven madrileño y del joven extremeño) cabe hacer un necesario análisis sobre el fenómeno del terrorismo organizado de extrema derecha en este país desde el tardofranquismo.
Solo con el análisis minucioso y concreto de estas organizaciones, podemos obtener una idea mas clara de lo que ha sido y es este movimiento criminal, violento y profundamente antidemocrático.
Actualmente en el mundo, y más concretamente en el estado español, la acepción del termino terrorista o terrorismo es muy amplia y variada. Bajo esta terminología, a lo largo del siglo XX se ha tratado y, en algunos casos, conseguido criminalizar a un sinfín de organizaciones y grupos políticos que han desafiado al orden socio-político establecido en un determinado país.
Generalmente como terrorismo, se referirá, a aquella persona o agrupación que por medio de actos violentos tratan de atemorizar y causar pánico y desconcierto en la población local con el objetivo de lograr sus finalidades políticas. Mas concretamente, en la actual versión de la Real Academia Española se define terrorismo como «la dominación por el terror, o la sucesión de actos violentos ejecutados para infundir terror» o mas concretamente «actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente, pretende crear alarma social con fines políticos».
Así, con estas definiciones oficialistas entendemos que históricamente se califica de terrorista a aquel que pretende subvertir con la violencia las leyes y bases del Estado Liberal vigente. Sin embargo en la definición de la RAE se escapa una salvedad que aunque a simple vista pueda parecer nimia pone las bases del presente artículo y asienta la idea de terrorismo político de la segunda mitad del siglo XX español; el terrorismo de estado.
A la hora de introducir este termino en el diccionario cualquier lingüista debería resolver el problema añadiendo a las definiciones anteriores la de «aquel estado que directamente, a través de sus fuerzas represivas, o indirectamente, con bandas organizadas clandestinas al servicio de este que ejerce la violencia para infundir terror en la población e imponerse a ella». Es precisamente esta definición, la cual solo al nombrarla nos hace recordar a muchos sucesos políticos en la España post-franquista lo que no parece estar especialmente investigado y estudiado por los historiadores de este país.
Ello es debido a que, habitualmente, los historiadores, al servicio de diversos gobiernos y en general al del estado español, han estado mas preocupados por indagar, investigar y analizar otro tipo de terrorismo, el de los grupos contra el Estado, que tratan principalmente de subvertir una Constitución; la de 1978.
Ahora bien, planteémonos ¿quienes son estos terroristas tan estudiados los historiadores oficiales? Curiosa y lógicamente, debido a la ideología de cada uno de ellos todos serán agrupaciones que por definición se opongan al orden monárquico-liberal y a la Constitución de 1978.
De todos ellos, el caso de los grupos de extrema derecha, han estado casi siempre muy vinculados directamente con organizaciones creadas en la clandestinidad por parte de los cuerpos del ejercito o la policía, o respondiendo a agrupaciones políticas, económicas y culturales de un amplio espectro de la derecha española. Por lo que, salvo casos aislados, en gran medida se les podría calificar casi como terrorismo al servicio del estado, pues sus finalidades, eliminar y neutralizar la oposición de izquierda al sistema político-económico del país, no hace si no beneficiar directamente a este, aunque en su dialéctica aseguren luchar contra ese sistema.
Entre estos grupos, provenientes y apoyados por la extrema derecha tanto institucional como el partido Fuerza Nueva, como callejera, descubren, durante los años 70 y 80 un sinfín de siglas y nombres de forma que, como asegura un ex militar integrante de uno de estos grupos, «existen un gran numero de grupos, pero eso solo son siglas, nombres que van saliendo y se van utilizando conforme se necesita».
Como grupos destacados de esos años de violencia extrema contra militantes de izquierda antifascista o miembros de la llamada «izquierda abertzale» se encuentran agrupaciones como el Batallón Vasco Español-BVE, organización paramilitar de extrema derecha que actuó entre los años 1975 y 1981, siendo muy activos en la zona de País Vasco, Navarra y especialmente en la zona del Iparralde (también conocido como parte del «país vasco francés») donde se dedicaban a secuestrar y asesinar miembros exiliados de ETA.
Entre sus victimas, se encuentran mayoritariamente miembros de ETA y GRAPO (clandestinos en esos momentos) aunque también son responsables de atentados contra militantes de izquierdas.
Entre ellos, está el caso de la joven Yolanda González Martín, joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue torturada, golpeada y asesinada de 3 disparos en la cabeza la noche del 2 de febrero de 1980, en cuya muerte se ven implicados miembros de la policía nacional. También destaca el asesinato de militantes políticos de la «izquierda abertzale» como el caso de Felipe Zagarna, Tomas Alba, Jesús Zubikaray, Maria José Bravo, Ángel Etxaniz, Miguel Arbelaiz, Luis Elizondo, Francisco Javier Ansa, así como el atentado del bar Hendayais con dos victimas mortales todos en 1980, además de la sospecha compartida con Bases Autónomas y los GAL del asesinato en 1989 del parlamentario vasco Josu Muguruza.
También seria interesante destacar la existencia de los Guerrilleros de Cristo Rey-GCR, grupo clandestino paramilitar del que se tiene poca información, que actuó aproximadamente entre 1968 y 1978 cuando se supone se disuelven para integrar parte de lo que fue el BVE. Fueron liderados, fundados y sostenidos por el conocido religioso de extrema derecha Mariano Sánchez Covisa. Se trata de un grupo sectario, selecto y elitista de violencia organizada.
Estos militantes, al igual que su fundador, estaban vinculados al partido ultraderechista Fuerza Nueva, y recibían una férrea instrucción militar .Entre sus objetivos se encontraban básicamente miembros y activistas relacionados con la izquierda independentista vasca y en general antifascista del resto del estado. Golpeaban, quemaban libros o amenazaban a sectores progresistas de la sociedad. De los celebres atentados de los GCR destaca la masacre organizada en el famoso «Vía Crucis» de Montejurra de 1976 contra miembros de la facción izquierdista del carlismo, en la que colaboraron miembros de la guardia civil y los antiguos servicios secretos del franquismo, como atestigua uno de sus antiguos integrantes el general José Antonio Sáenz de Santa Maria.
Otros grupos de menor calado, pero que también formaran parte de esta espiral de violencia orquestada por la extrema derecha, serían la Alianza Apostólica Anticomunista ( responsable del asesinato el 24 de enero de 1977 de cinco miembros del sindicato comunista CC.OO. y del P.C.E.), los Comandos Antimarxistas, Antiterrorismo ETA, Grupos Armados Españoles y, a nivel mas callejero, destacan las Bases Autónomas en 1984, con vinculaciones político-ideológicas con los grupos anteriormente mencionados y con los denominados grupos de skinheads nazis así como, según apareció en su propio órgano de expresión «A por ellos» en 1996, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
Sin embargo todos estos grupúsculos, algunos de ellos con un importante grado de peligrosidad, que hasta este momento parecían actuar sin rumbo y sin sentido, acabaron encontrando una respuesta a su lógica violenta cuando todos acabaron cristalizando perfecta y cómodamente, en lo que luego se conocería como los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Esta coordinación se basaba simplemente en una unión de todos los anteriores grupos, salvo que en esta ocasión se encontraban coordinados, unidos, armados y apoyados por las fuerzas de seguridad, inteligencia y personalidades políticas del país en esos momentos. Los GAL están activos desde 1983 a 1987 durante el gobierno del PSOE y cuentan en su haber con 27 crímenes de miembros de la izquierda abertzale.
Herederos de la violencia ultraderechista de los grupos que la componen, surgen tras el asesinato de los etarras Lasa y Zabala, y el secuestro del empresario Segundo Marey.
José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos miembros integrantes del grupo armado ETA, van a ser secuestrados el 16 de octubre de 1983 en Bayona (Francia) presuntamente como se juzgo después, por un comando de los GAL dirigido por los ministros Barrionuevo y Vera y ejecutado por los guardias civiles Enrique Rodríguez Galindo, Ángel Vaquero y con la complicidad del gobernador Julen Elgorriaga.
Posteriormente serán trasladados clandestinamente a San Sebastián donde, después de ser brutalmente interrogados y torturados, pocas semanas después son asesinados de un disparo en la cabeza y enterrados a cal viva en Alicante. El 20 de enero de 1984 una voz llamaba a la cadena ser en nombre del grupo armado anunciando el asesinato. Sus cadáveres fueron hallados un año después en la fosa que sirvió de sepultura para los etarras, según testimonios de la guardia civil «una vez abierta la fosa resulto contener no uno, si no dos cadáveres, que presentaban mordazas en la boca, los ojos tapados con cinta aislante, y aun conservaban restos de vendas.
Al primero le faltaban las extremidades inferiores, que correspondían con los que se encontraban esparcidos por el exterior» Los mas dantesco del asunto es que, debido al estado del asesinato y la cal vertida, los cuerpos no se pudieron identificar con Lasa y Zabala hasta 1995, 12 años después.
Segundo Marey Semper, industrial franco-español, fue la segunda victima (aunque no mortal en esta ocasión) de los GAL. Este empresario, afincado en Hendaya, pero de origen vasco y dedicado a la venta de productos de mobiliario de oficina, fue secuestrado por error, al ser confundido con uno de los máximos dirigentes de ETA, el vasco Mikel Lujua.
Así, la noche del 4 de diciembre de 1983, en pleno invierno, un comando del GAL liderado por los mercenarios Mohand Talbi, Jean Pierre Echalier, y Pedro Sánchez, y dirigidos por policías nacionales como José Amedo o Michel Domínguez, secuestran a golpes al empresario vasco, al ser confundido con un líder de la ETA.
Tras amordazarle, golpearle y encapucharle, rápidamente cruzan la frontera hasta Navarra. Allí el policía nacional José Amedo descubre la tremenda confusión, a pesar de lo cual, Marey es trasladado a una cabaña en la región navarra de Colindres donde es interrogado y confinado durante 10 días hasta resolver el error y liberarlo. Allí, Marey, que era con frecuencia insultado con calificativos como «porquería» o «etarra» fue interrogado y tras comprobar su inocencia confinado, atado, encapuchado y drogado en un pequeño cuarto donde apenas fue alimentado y arropado a pesar del crudo invierno. Durante su cautiverio sufrió además acoso psicológico al amenazarle de muerte en diversas ocasiones, hasta el día final de su liberación para atemorizarle.
Posteriormente, Marey insistió tras su liberación que esos días fueron claves para que su estado de animo y salud se deteriorase de por vida. Posteriormente el empresario fue liberado por la policía, a pesar de lo cual no ha obtenido compensaciones.
Posteriormente, tras varias detenciones de mercenarios franceses se descubre documentación y testimonios de numerosos detenidos, que implica a los servicios secretos de inteligencia españoles y la policía en la guerra sucia contra ETA y el entorno abertzale.
Poco a poco se suceden los asesinatos de miembros del entorno abertzale, como el caso del líder del partido abertzale HASI, el medico Santiago Brouard el 20 de noviembre de 1984, o los etarras Gurmindo, Perurena, Zabalza, Urigoitia… y las sospechas de permisividad en las acciones de los GAL empiezan a sobrevolar sobre el Consejero de Seguridad del Gobierno, Rafael Vera , y el Ministro del Interior, José Barrionuevo, así como del propio presidente Felipe González. Los testimonios de los mercenarios implicados detenidos por la policía francesa acusando a los servicios secretos (CESID) a la policía, y al ministerio del interior y el hallazgo de un zulo de los GAL en 1987 con documentación de la policía española hace recaer acusaciones por parte del periódico Diario 16 contra el gobierno socialista.
Tras varios meses de investigaciones por parte del juez Baltasar Garzón y las declaraciones de miembros de la policía detenidos como José Amedo o Michel Domínguez, que delataron nombres so pena de ser acusados con 108 años de prisión por todos los delitos del GAL, al final acaban reconociendo la existencia real del grupo, implicando en su gestión y organización a los miembros del gobierno Barrionuevo y Vera, y a miembros de la guardia civil como Enrique Rodríguez Galindo, como responsable de ,al menos, 7 homicidios en primer grado, o Ángel Vaquero y a civiles como Julen Elgorriaga o Ricardo Damborenea.
Además, en 1996 el diario El Mundo revela informes del CESID en los que se observa que conocían de forma detallada los crímenes de los GAL, los cuales fueron encubiertos por parte de estos, y que inducen a una posible participación de estos en la trama de los GAL.
A pesar de todo esto demostrado aquí, y a pesar de que tanto la justicia española, miembros de la policía nacional implicados, o mercenarios franceses contratados con fondos reservados para ejecutar los atentados de los GAL, declararan la existencia real de los GAL y reconocieran haber realizado secuestros y asesinatos indiscriminados (hasta 27 crímenes) contra miembros de la izquierda abertzale, tal y como dijimos antes y a diferencia del caso de la ETA sin embargo, ni los ministros socialista, populares, ni la población española han investigado, criticado o manifestado tan vehementemente contra los crímenes y contra el terrorismo de los GAL.
Resulta sorprendente que el pueblo español solo haya reaccionado activamente contra el terrorismo de izquierdas, y sin embargo contra el terrorismo de extrema derecha haya sido tan complaciente. En declaraciones del ministro e implicado por los GAL, José Barrionuevo «No sentíamos un gran dolor por los atentados, ni una gran pasión por investigarlos. Las victimas, al fin y al cabo también eran terroristas, y se ignoro el carácter indiscriminado de los asesinatos y algunos errores de los GAL». Como dice también el historiador Charles Powell que «también merecería una profunda reflexión la casi total indiferencia de la población española -no así de la vasca- de las acciones de los GAL. Mientras que las victimas fuesen etarras, el fin justificaba los medios» Y es que, como veremos a continuación con el caso del terrorismo de los grupos contra el estado, en estos casos, se ha denunciado y presionado a los gobiernos centrales para liquidar esos grupos, se han realizado cientos de asociaciones y grupos antiterroristas y se han realizado manifestaciones de cientos de personas denunciando la existencia de estos grupos y exigiendo a los gobiernos acabar con ellos, mostrando su desencanto por la incapacidad gubernamental para resolver este problema.
Sin embargo, aquí solo mostramos la punta de un gran iceberg que se podría remover hasta sus bases a nivel institucional, ya que solo se muestra la acción del estado en los GAL, ya que podríamos destacar decenas de casos de crímenes con intervención del Estado Español para neutralizar a la oposición de izquierdas desde la mal llamada «Transición» desde Enrique Ruano, José Caparros (militante andaluz del que se han cumplido este mes el 30 aniversario de su asesinato por la autonomía del País Andaluz) hasta destacados militantes marxistas leninistas como, Juan Carlos de Codes, Francisco Eizaguirre, el mítico Kepa, José España Vivas, Aurelio Fernández, Pedro Luis Cuadrado… y tantos otros grandes revolucionarios que han dado su vida a lo largo de este nefasto periodo.
El resultado de este análisis, es la prueba mas evidente de toda una herencia de violencia de la extrema derecha de este país, que se ha aliado desde los años 70 entre políticos, militares, fuerzas de seguridad y ciudadanos, todos ellos representantes de la ultraderecha mas violenta y que ha dejado a sus espaldas cientos de crímenes, entre la violencia institucional (GAL o Caso Scala) y clandestina (grupúsculos) que han tratado de eliminar a lo que desde siempre han calificado como la «subversión comunista, anarquista y separatista».
Sin embargo es curioso como un silencio total y sospechoso ha cubierto como un velo sombrío el tema de los GAL y la mas que evidente implicación del gobierno español en forma de terrorismo de estado en su ejecución. Estros crímenes, deberían investigarse a fondo (sin miedo de poder salpicar a altos políticos) y para ello es necesaria una recuperación de la memoria histórica y social de aquellos años de violencia, para que la palabra terrorismo no ya deje de tener sentido en nuestras sociedades, si no que al menos se aplique de forma justa y adecuada, como historiadores de juicio que somos, a todos aquellos que la han llevado a cabo.