The Crown es una serie de televisión sobre la vida de la Reina Isabel II de Inglaterra y la historia mundial en los 67 años de su reinado. Lo que queda realmente plasmado es la vida interna de la familia real, con sus éxitos y sus miserias. Por aquí, la corona real también es protagonista, pero no por una serie, sino por sus miserias y por los casos de supuestos fraudes que cercan al rey emérito y por extensión al jefe del Estado, que si no sabía nada de los tejemanejes de su padre malo y si lo sabía y no ha dicho nada peor.
La reciente regularización fiscal de Juan Carlos de Borbón por importe de 678.393,72 euros ha disparado las especulaciones sobre un posible regreso a España, que Felipe de Borbón considera prematura. Dónde se instalaría para vivir: se habla de la casa de su hermana la Infanta Pilar, en la Zarzuela, en la casa de su hija Elena e incluso en el palacio de El Pardo. Lo cierto es que la Casa Real y el Gobierno barajan opciones para minimizar el impacto de una hipotética vuelta del emérito, entre ellas la retirada del título de rey, como forma de reducir la presión sobre el actual jefe del Estado y a la Corona. Todo por defender una institución caduca y alejada de los principios democráticos en un Estado de Derecho.
The Crown es una serie de ficción de Netflix sobre el reinado de Isabel II, que cubre el período desde su matrimonio con Felipe, duque de Edimburgo en 1947 y la vida disoluta de su hermana la princesa Margarita; hasta 1990 incluyendo el mandato de Margaret Thatcher como primera ministra y el matrimonio de Lady Di con el príncipe Carlos. La vida de Isabel II, ha estado dedicada a su familia y a la política del Reino Unido y no se vislumbra ningún acto de corrupción económica o política, que podrá haberlos, salvo vivir a costa del erario público, sin oficio conocido, como ocurre en nuestra made in Spain.
Pero «vayamos al turrón», como decía aquel presidiario de la película Celda 211, a lo que nos importa: ¿Tiene futuro la monarquía borbónica en nuestro tiempo?. Según Ángel Viñas, hubo un fracaso absoluto de la monarquía borbónica en el siglo XIX tras el paulatino agostamiento de la Restauración; lo reconoció el propio rey cuando huyó al extranjero, evadiendo sus responsabilidades, conspirando desde fuera. Hubo un fracaso de los planes monárquicos, con la aparición del general Franco, ante quien los generales dinásticos se hincaron de rodillas. Hubo un temor tras la muerte de Franco en someter a la opinión pública española la cuestión de la naturaleza del régimen. Fue Adolfo Suárez quien lo impidió al pensar que los españoles se inclinarían por la República. El historiador es prudente y no pronostica el futuro de la monarquía que resulta incierto. Hay que someter a debate una institución que figura como una cuestión pendiente de la democracia española, recelosa de confrontar a la sociedad con el pasado colectivo.
El caso del supuesto fraude a Hacienda de Juan Carlos de Borbón está abierto. La Fiscalía contradice al abogado del emérito y deja en el aire que su regularización le evite el banquillo. Lo que parece ser es que Juan Carlos, fue informado de dos investigaciones en su contra: la de las supuestas comisiones del AVE a la Meca y la de las tarjetas opacas, de las que han disfrutado, entre otros familiares sus nietos Victoria Federica y Froilan como la tarjeta VISAbuelo. El Tribunal Supremo estableció en una sentencia de 2019, que la notificación del fiscal indicando que existe una investigación, pese a no existir querella por delitos contra Hacienda, produce el efecto de «bloqueo automático» de la regularización tributaria que se haya presentado de forma voluntaria por el contribuyente para evitar ser condenado.
Diferentes expertos dudan de que la regularización fiscal efectuada por el rey emérito liquide cualquier responsabilidad penal y, no solo por la comunicación de la Fiscalía avisándole de que está sino investigado, también porque hay que comprobar si es veraz, completa y el origen lícito del dinero. La Fiscalía ha informado de que la regularización voluntaria del emérito afecta a «una investigación más amplia», en la que tienen que estudiar la «espontaneidad, veracidad y completitud» de dicha declaración. El caso de Juan Carlos está orientado a desactivar toda acción penal en su contra, ya que, como establece el artículo 305.4 del Código Penal, la regularización voluntaria y espontánea conlleva el efecto liberador completo de las eventuales responsabilidades penales.
El rey Borbón, entronizado por un dictador genocida, padre del actual rey Felipe VI y nieto de Alfonso XIII, asediado por su gigantesca oleada de escándalos, ha huido de nuestro país. No es la primera vez, ni seguramente la última, que un rey Borbón abandona precipitadamente España. Es conveniente aclarar que no es lo mismo fugarse al extranjero por ser un presunto ladrón, que tener que exiliarse por haber luchado contra un golpe militar y una dictadura franquista, situación dramática que vivieron muchos republicanos españoles.
Unidas Podemos cree que ha llegado el momento de abrir el debate sobre la institucionalidad y el futuro de la monarquía, que está «en riesgo de implosión» ante las irregularidades atribuidas al rey emérito Juan Carlos. En este sentido, han insistido en sus planteamientos republicanos y que son partidarios de que la ciudadanía pueda elegir la jefatura del Estado desde las urnas. Además, Rafael Mayoral opina que el actual rey Felipe VI debe comparecer para responder a las preguntas de la ciudadanía ante un escándalo de esta magnitud, pues la sociedad tiene derecho a conocer si miembros de la Casa Real «eran una pieza clave en el entramado de corrupción sistemático del Estado».
Esquerra Republicana ha exigido que el Rey emérito regrese a España para que se le juzgue «como a cualquier otro ciudadano» por sus supuestas irregularidades, y Bildu ha denunciado que Juan Carlos I está recibiendo «trato de favor» al poder regularizar su situación fiscal antes de ser investigado judicialmente. El diputado de Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo cree que la decisión de presentar a Hacienda una declaración y abonar 678.393,72 euros «obedece a una maniobra para lavar la imagen» de Juan Carlos en relación con la «fuga» de divisas y cuentas «opacas».
Por su parte, Pedro Sánchez, ha pedido respetar los derechos del rey emérito como contribuyente: «La democracia está funcionando», asegurando que la monarquía no está en peligro en España y que con transparencia se llegará hasta el final de las investigaciones del rey emérito. Considera que debe ser la Casa Real la que comunique su posición sobre este tema y ha recalcado que es importante respetar la presunción inocencia del rey emérito. Además, ha insistido en que hay que ser conscientes de que se «juzga a personas y no a instituciones», por lo que conviene no mezclar.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha situado en «una actuación de carácter personal» la presentación de la declaración. Sostiene que forma parte de una actuación de carácter personal del rey, remitiéndose a la carta publicada por los abogados de Juan Carlos. Por otro lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rehusado valorar el pago del rey emérito y ha subrayado que lo importante es que la monarquía está perfectamente representada por el rey Felipe VI y él sabrá lo que tiene que hacer, ha destacado la ministra.
El rey emérito ha defraudado a Hacienda e intenta comprar su impunidad para él y toda la familia real. No podemos permitir que Juan Carlos se ría de la igualdad ante la Justicia. «Debe responder penalmente por sus actos y compensar a la ciudadanía todo lo defraudado», según Jaume Asens. Pablo Echenique, ha dicho que la cantidad ingresada equivale a 51 años de salario mínimo interprofesional y que su situación ante Hacienda es «uno de los pufos que tiene y los que tendrá y no sabemos».
La regularización que presentó Juan Carlos I por las donaciones que recibió en 2016, 2017 y 2018 del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause sólo asciende a un 2% de lo que debe a la Hacienda española de todo el dinero que se conoce que ha manejado en los últimos años. El 98% restante se correspondería con los 65 millones de euros que según la Fiscalía de Suiza habría ingresado de Arabia Saudí y que posteriormente transfirió a su examante Corinna Larsen, operaciones que tuvieron lugar antes de la abdicación y sujetas a la dispensa de la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución; que un supuesto delito, quede impune, por la inviolabilidad es algo inaudito.
Me paro aquí. El caso de la supuesta defraudación de Juan Carlos de Borbón y su familiar, está sub judice. Pero los casos borbones suman y suman; el yerno Urdangarin está en la cárcel y su hija se salvo por los pelos procedimentales jurídicos. El exduque de Palma fue condenado y confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo a cinco años y 10 meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias por el desvío de fondos públicos del Instituto Nóos. Nadie de la famiglia salió en su defensa. En mi opinión, Iñaqui, no hubiera delinquido de esa forma, sin un respaldo real.
Las revelaciones de los escándalos del rey emérito, precipitaron la renuncia de Felipe VI a su herencia. El rey en un comunicado, anunció que tenía la intención de renunciar a la herencia de su padre, que es como no anunciar nada porque aún no ha llegado ese futurible. El comunicado de Casa Real venía a decir que el rey «quiere que sea conocido públicamente que S.M. el rey don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia que personalmente le pudiera corresponder». El Código Civil es tajante: considera nula toda renuncia a futuro de una herencia. Y esto afecta también a Felipe de Borbón. Así se refleja en el artículo 991: «Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia». Todo pura compostura que a poca gente engaña.
Con todo y con ello, es necesario iniciar un debate pacífico y ordenado, inicio de un proceso constituyente, con garantías democráticas plenas, que nos lleve a la nulidad jurídica de la monarquía y la proclamación de la República.