Cuando se producen injusticias, es el tiempo para la protesta, reivindicación y exigencia de medidas políticas, que eliminen aquello que perjudica y discrimina a la mayoría social. Conocemos, por formar parte del todo, que una buena parte de la población española está al borde de la pobreza, sufriendo sus consecuencias y no se están ejecutando […]
Cuando se producen injusticias, es el tiempo para la protesta, reivindicación y exigencia de medidas políticas, que eliminen aquello que perjudica y discrimina a la mayoría social. Conocemos, por formar parte del todo, que una buena parte de la población española está al borde de la pobreza, sufriendo sus consecuencias y no se están ejecutando las acciones sociales, políticas y económicas necesarias para superarlo. La situación clama Justicia.
Por El Informe sobre el Estado Social de la Nación 2017, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, confirmamos que vivimos en una sociedad que ha superado la emergencia social, y se ha instalado en un nuevo escenario marcado por la precariedad y la falta de oportunidades. «El precio de la recuperación es la precariedad, sobrevivir, el permanente presente», porque para la inmensa mayoría de la población el futuro no existe.
La pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando a personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación de pobreza que se ha convertido en estructural por su extensión y persistencia. La transmisión intergeneracional está dando lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella.
Algunos datos que presenta el Informe y que claman justicia social: La renta media de los hogares se ha reducido un 13% desde 2009 (30.045 €) a 2015 (26.092 €); más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras están por debajo del umbral de la pobreza; casi 700.000 hogares, 1,3 millones de personas, no tienen ningún ingreso; la mala alimentación por motivos económicos afecta a más de un millón de personas; en 1 de cada 10 hogares se pasa frío por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada; la Tasa Arope (indicador de la Unión Europea para medir la exclusión social), sitúa a España 5,6 puntos por encima de la media europea (28,6 frente al 23%); 3,3 millones de personas mayores de 18 años viven solas, porque no les queda otro remedio; 4 de cada 10 personas viven en hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos; al menos 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria.
Frente a la emergencia social por la pobreza que padecemos, El PP de Rajoy le da la máxima importancia a «La independencia de Cataluña» y «los nacionalismos», cuando sólo es preocupación para el 1,7% y 0,6% respectivamente de la población, según barómetro del CIS de febrero pasado. (El paro es preocupación para el 72,2%, corrupción y fraude 37,3%, problemas de índole económico 27,0% y los políticos y la política en general 23,4%). Estos problemas no los ataca el Gobierno decisivamente y se olvida de que en los últimos 15 años, el 1% de la población con mayor patrimonio, acaparaba más de una cuarta parte de la riqueza del país (27,4%), mientras que el 20% más pobre se queda con un 0,1%. La fortuna de las 3 personas más ricas equivale a la del 30% más pobre. Algo tiene que cambiar, para que la miseria desaparezca.
Podemos ha salido a la calle en más de 40 ciudades contra «la trama» y sus efectos para reclamar que no haya «nadie sin derechos». A través de su iniciativa ¡Vamos!, Podemos, se ha marcado el objetivo en defensa del cumplimiento del artículo 25 de las Declaración Universal de Derechos Humanos: «1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2.- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social».
En definitiva, lo que pretende Podemos es luchar contra los efectos de las políticas de la llamada «trama», defendiendo que no haya «nadie sin ingresos, sin vivienda, sin luz, sin infancia, sin sanidad, sin servicios sociales, sin pensiones y nadie con precariedad». Esta trama que dirige los designios del país, que nos saquea y nos destroza la vida, «es la responsable de que tengamos que salir a gritar bien fuerte que queremos un país digno decente y en el que no hay nadie sin derechos». La pobreza y la precariedad no son fenómenos de la naturaleza, sino que son consecuencia de las políticas injustas.
También la Coordinadora 25S se moviliza el día 1 de abril, porque este régimen, no cuida de la ciudadanía más desprotegida. No es admisible que se planteen Presupuestos de miseria y no unos presupuestos de vida, de salud y no de antidisturbios, de educación y no de gasto militar, de justicia social y no de corrupción. Montoro ha previsto 16.000 millones de ajustes entre 2016 y 2017. Los recortes ya han afectado a la prevención de la violencia machista, que ha pasado de 34 millones en 2010 a 25 en 2016, un 26% menos; las pensiones se han recortado un 30% desde 2011; 6.000 camas hospitalarias se han cerrado permanentemente desde 2010 y 50.000 empleos en hospitales se han eliminado desde 2012. Hasta 30.000 empleos de profesor se han eliminado y el precio de un curso universitario ha subido un 200% hasta los 1.500 euros.
Todo indica que el Gobierno aumentará el gasto en Defensa y recortará en servicios básicos como Educación, Sanidad y Empleo. La ministra de Defensa Cospedal ha confirmado que el Gobierno hará un esfuerzo y aumentará el gasto militar hasta el 2% del PIB. A pesar de que la inversión se realizará de manera gradual, lo cierto es que coincide en tiempo y forma con los recortes en otros ámbitos como Educación, Sanidad y Empleo, como figuraba en el informe que Luis de Guindos remitió a la Comisión Europea, como parte de la hoja de ruta de la consolidación fiscal. De esta manera, el gasto público en Educación se reduciría del 4,04% en 2016 al 3,90% en 2017; en Sanidad se pasará del 6,12% al 5,92%; y en Empleo se bajará del 2,11% al 1,92%. Algo tendremos que hacer para evitar tal despropósito.
Frente a los recortes, la corrupción en el Estado español durante el régimen del 78 ha costado miles de millones de euros, y el Tribunal de Cuentas cifra el rescate bancario en más de 122.000 millones y ni están ni se les espera recibir en las arcas públicas. Por el contrario, la inversión en material antidisturbios aumentó un 1.780% en 2013; hay 2.740 funcionarios más en las fuerzas armadas desde 2009; el gasto militar ha aumentado más de un 33% -3.256 millones de euros- desde 2014. Reducir el gasto social y aumentar el gasto policial y militar responde a un modelo de Estado que usa los fondos públicos para mantener un gigantesco aparato represivo. No nos vale aquello de Cospedal: «Si no tenemos seguridad, da igual tener sanidad pública o educación«.
La exclusión social produce situaciones de aislamiento, ausencia de participación, desmotivación y ruptura con la sociedad normalizada. La inestabilidad en el empleo y los bajos salarios hace que una parte importante de la población viva en situación precaria y en permanente riesgo de caer en la pobreza. El incremento de la desigualdad, no sólo se está manteniendo con la crisis, sino que se está incrementándose. La desregulación del mercado laboral, produce desempleo, precariedad y bajos salarios: 1,8 millones de personas llevan más de 2 años en paro (41,5% de desempleados) y 1,1 millones llevan más de 4 años (24,7% del total); más de 4 de cada 10 jóvenes que buscan trabajo están en paro; un 15,3% de las jornadas laborales son a tiempo parcial; más de 1 de cada 4 empleos son temporales (26,5%). En los últimos 5 años se ha acumulado una caída del poder adquisitivo de la remuneración media en un 4,5% (912 euros menos) y seis millones de personas (34,4%) cobran menos del SMI.
De otra parte, los ingresos fiscales en España son inferiores a los de los países de nuestro entorno. Las facilidades que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen establecido, gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, hace que la carga fiscal caiga sobre las clases medias y bajas a través del IRPF y de los impuestos al consumo. El 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las familias. 17 de las 35 empresas del IBEX no pagan nada por el impuesto de sociedades en España, cuando tan sólo 3 compañías cerraron 2014 con pérdidas.
España ha desmontado las políticas sociales y dedica menos recursos a la protección social que la media de los países de la UE. Aunque los recortes en el gasto social – Sanidad, Educación y Servicios Sociales- tocaron fondo en 2013, todavía no se ha recuperado los niveles de inversión en esta materia que existía antes de la crisis. España dedica 2,7 puntos menos del PIB a Protección Social que la media de países de la Eurozona (17,6% frente al 20,3 de la UE). Desalentador.
Por todo lo que hemos analizado por decencia y dignidad, yo me he sumado a la lucha contra la trama corrupta que se mantiene en el poder y aumenta cada año sus beneficios a costa del saqueo y los recortes de derechos a la mayoría. La pobreza y la precariedad no son fenómenos de la naturaleza, sino que son consecuencia de las actuaciones que van en contra de la justicia y la igualdad social: nadie sin ingresos, sin vivienda, sin luz, sin infancia, sin sanidad, sin servicios sociales, sin pensiones y nadie con precariedad.
Porque no haya nadie sin derechos; contra los presupuestos de miseria; ante tanto saqueo, justicia social y democracia, convencido de que de esta situación sólo nos saca una República laica y federal.
@caval100
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