La deuda navarra se ha triplicado en los últimos 4 años y ronda los 2.000 millones de euros. Los informes de la Cámara de Comptos entre 2007 y 2011cuestionan las decisiones del gobierno: adjudicaciones opacas, contrataciones a dedo, sobrepagos… Además, en los últimos 10 años se ha producido una merma de los ingresos de 600 […]
La deuda navarra se ha triplicado en los últimos 4 años y ronda los 2.000 millones de euros. Los informes de la Cámara de Comptos entre 2007 y 2011cuestionan las decisiones del gobierno: adjudicaciones opacas, contrataciones a dedo, sobrepagos… Además, en los últimos 10 años se ha producido una merma de los ingresos de 600 millones de euros, consecuencia de una de las presiones fiscales más bajas de Europa (10 puntos por debajo de la media). Por no hablar del fraude fiscal y la corrupción, las otras culpables del desaguisado, tan benévolamente tratadas por la justicia y a las que nunca tuvieron en cuenta los teóricos del liberalismo. Podríamos debatir sobre el sistema capitalista, pero sin duda será más didáctico cuestionar esas obras faraónicas que nos están arruinando y a las que los responsables de este despropósito económico, Barcina, Miranda, Jiménez, etc, siguen defendiendo. Su consigna, «en Navarra todo a lo grande», aboca a la administración a empobrecer más, si cabe, los servicios públicos:
El circuito de Los Arcos ha costado 62 millones de euros de los que 35 se irán pagando hasta 2024. Se han creado 12 puestos de trabajo y perdido, entre junio y diciembre de 2010, casi 4 millones.
Veinte mil viviendas querían edificar promotores y constructores navarros en Guenduláin y para ello invirtieron 120 millones, prestados en su mayoría por la todavía pública CAN. Una operación con tufo a pelotazo y que puede salirnos muy cara. Compraron suelo a cambio de aprovechamientos urbanísticos. Muchos se han arruinado (¿a quién le iban a vender 20 mil viviendas?) y algunos analistas predicen que las arcas forales pagarán el fiasco cuando, ante el incumplimiento del gobierno navarro de urbanizar los terrenos, los promotores reclamen la devolución de lo invertido.
La autovía del Camino cuadruplicó su presupuesto inicial y se pagaron 20 millones en concepto de un «adelanto de obra» que, casualmente, se produjo en plena campaña electoral. En total, la hacienda navarra se hará cargo de 55 a 112 millones por encima de lo firmado a través del denominado «peaje en la sombra», fórmula financiera que se repetirá en la de Jaca y que ha sido considerada por la Cámara de Comptos como «más cara y menos eficaz y transparente para los navarros».
Al menos s eiscientos millones se han gastado para el pantano de Itoiz y el canal de Navarra. ¿Cuántos puestos de trabajo han generado en la agricultura? ¿Están pagando el agua los regantes a un precio mucho más bajo que el fijado por la Comunidad Europea porque, de lo contrario, se demostraría la inutilidad de la obra?
El gobierno de Navarra invirtió 60 millones en la operación de Salesianos, para construir viviendas de lujo. ¿Algún responsable político sabe cuándo se recuperará ese dinero?
La Ciudad de la Seguridad es la gran apuesta personal (de la que ya empieza a dudar, según sus últimas declaraciones) del vicepresidente Roberto Jiménez (PSN). Los proyectos ya han costado más de 600 mil euros. ¿Es un plan sostenible si pensamos que su presupuesto sobrepasa al de la Universidad Pública de Navarra?
Ninguno de los equipos deportivos profesionales de la comunidad (sin contar a Osasuna) arrastra a más de 2000 seguidores y, de momento, están subvencionados al 50% por el gobierno foral. ¿Para qué queremos un pabellón, el Arena, para 10 mil espectadores que nos cuesta 64 millones?
El número de puestos de libre designación durante los gobiernos de Miguel Sanz (UPN) aumentó un 35% y en el ayuntamiento dirigido por Yolanda Barcina (UPN) un 67%. La misma Barcina que ahora saca la tijera, pero no cuestiona la financiación de UGT, CCOO y la CEN ni los centenares de miles de euros que se reparten los consejeros de las sociedades públicas, donde acaban tantos ex altos cargos recolocados y en las que nadie controla su personal, contratado «a dedo», a pesar de formar parte de la administración.
Los últimos datos conocidos a cerca de los millonarios sobresueldos para los dirigentes de UPN y PSN, abonados por la Caja de Ahorros de Navarra, demuestran su escasa ética política. Ante la evidencia, la presidenta Barcina afirma que «no es cuestión de mirar hacia atrás», reconoce que «hay que cambiar muchas cosas», pero ni ella ni los otros beneficiarios se plantean devolver esas dietas de 2600 euros por cada una de las reuniones, de las que se desconoce su duración y contenido.
La guinda a este listado, la joya de la corona, de la que no nos llega ni para la montura, es el Tren de Alta Velocidad. Un TAV rentable en trayectos de unos 500 kms necesita transportar entre 6 y 9 millones de pasajeros al año. En la actualidad el tren que nos une con Zaragoza, Barcelona y Madrid es usado por 600 mil. Sus valedores han reconocido que no puede llevar mercancías y obviado sus consecuencias medioambientales, pero se niegan a considerar que, con una doble vía desde Pamplona hasta Castejón, el actual Altaria igualaría las prestaciones de su TAV. Lo indiscutible es que no nos podemos gastar 3150 millones porque hay otras necesidades prioritarias (8,5 kms de TAV cuestan lo mismo que 1000 docentes). Tan solo un par de preguntas a sus defensores: ¿quién va a construir las más de 8000 viviendas necesarias para financiar la nueva estación en Iruñea? ¿Acabaremos teniendo un carísimo trayecto de TAV entre Valtierra e Imarcoain?
Navarra debería paralizar de forma inmediata todas estas obras, eliminar el nepotismo, exigir la dimisión de todos aquellos cargos que hayan cobrado por una labor desconocida, y la devolución de sus indecentes emolumentos. E invertir en una extensa red de servicios sociales: salud, educación, ocio… la mejor política para combatir la crisis. Así lo han hecho en los países del norte de Europa y han evitado el aumento del trabajo temporal, del paro y la congelación de las pensiones. El ajuste del tándem Barcina-Miranda-Jiménez esconde ese ineludible debate fiscal que compense la acumulación de riqueza de unos pocos y camine, por sentido común, hacia una más justa distribución de la carga contributiva. Mientras tanto estos gobernantes sueñan con pasar a la historia gracias a sus megaproyectos. ¿Cuándo ajusticiaremos, es decir impartiremos justicia social, a los responsables de la crisis en Navarra?
Patxi Zamora es periodista
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.