El pasado 15 de septiembre, 4 bombas explotaban bajo una torre de electricidad, sin causar heridos y afectando a intereses económicos de la recientemente privatizada Red Eléctrica de España. A continuación, una vez más los partidos políticos lanzaban una batería de acusaciones entrecruzadas y condenas vacías a la «violencia terrorista», centrando el eje del problema […]
El pasado 15 de septiembre, 4 bombas explotaban bajo una torre de electricidad, sin causar heridos y afectando a intereses económicos de la recientemente privatizada Red Eléctrica de España. A continuación, una vez más los partidos políticos lanzaban una batería de acusaciones entrecruzadas y condenas vacías a la «violencia terrorista», centrando el eje del problema vasco en la existencia de ETA y, curiosamente a su vez, escondiendo bajo la alfombra otras expresiones de lucha que venían sucediéndose 24 horas antes en Euskal Herria.
ETA, distorsión mediática y lucha popular: Radiografía del 14 y 15 de septiembre de 2004
La explosión de varias bombas de baja potencia colocadas en una torre de alta tensión de la Red Eléctrica de España ubicada en Irún (Gipuzkoa) causaron daños en la base de esta instalación, obligando a la empresa a dejar fuera de servicio la línea eléctrica del sector con el objetivo de repararla (la compañía aseguró que el suministro a los ciudadanos se mantuvo con normalidad, presumiblemente porque la distribuidora de la zona apeló a la producción de energía no prevista). Portavoces de la Ertzaintza (policía autonómica vasca) y el Gobierno vasco adjudicaron rápidamente la acción a ETA.
Sin la menor pérdida de tiempo comenzó el circo de condenas y declaraciones. El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Miguel Buen, manifestó que «este atentado demuestra que ETA está ahí y tiene poder para hacer daño», y exigió al Gobierno vasco y al PNV «que sea rotundo» y diga que «no quiere saber nada de Sozialista Abertzaleak si no condena el terrorismo».
Por su parte, la Presidencia del Gobierno vasco consideró que ETA «tiene los días contados» y mostró su convencimiento de que «hay una inmensa mayoría de personas dentro de la izquierda abertzale que han dejado de comprender las acciones de esta organización terrorista».
El partido Eusko Alkartasuna se unió al coro sin demora, acusando a ETA de «volver a estar presente en Euskal Herria, haciendo oídos sordos a la voluntad mayoritaria de esta sociedad, que le exige reiteradamente que abandone definitivamente la acción armada, que no contribuye ni a la construcción ni al cumplimento de ningún objetivo político». La formación que preside Begoña Errazti exigió a ETA «que abandone inmediata y definitivamente las armas y deje al pueblo vasco, al que tanto dice defender, que decida libremente y democráticamente su futuro».
Ezker Batua-Berdeak (Izquierda Unida) condenó también la acción y aseguró que la orgazanización armada vasca «ha pretendido dejar en la oscuridad a esta localidad guipuzcoana, de la misma forma que quiere sumir en la oscuridad a Euskadi a través de la violencia irracional de sus atentados».
Es decir, las fuerzas políticas que no están interesadas en que el pueblo vasco decida democráticamente su futuro, que no han dado ni un sólo paso firme adelante para que se respete la voluntad de la mayoría de los vascos y que además aplauden el enfrentamiento del estado con sus aparatos mediático, judicial y represivo contra los sectores de izquierda que pelean por una solución real del conflicto, lanzan un vendaval de vivas a la democracia y a la paz. Estas situaciones no son nuevas, pero en este caso hay que resaltar que las elecciones autonómicas de marzo están cerca y el objetivo de todo esto es distorsionar todo lo posible el debate social y centrar la discusión en el tema que a ellos les da beneficio electoral: el terrorismo (el miedo).
Pareciera que lo único que preocupa a los ciudadanos es ETA. Sin embargo, de lo que ellos no hablaron ese dia fue de lo que venía sucediendo en las últimas 24 horas en Euskal Herria.
La distorsión y el ruido anti-ETA pretenden esconder el verdadero problema de la burguesía vasco-española: la lucha popular
El 14 de septiembre, es decir, el día antes de las cacareadas bombas contra la torreta eléctrica en Irún, miles de delegados de ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS se manifestaron frente a la sede del Gobierno vasco en Gasteiz para denunciar la constitución del Consejo Vasco de Empleo, en el que estos sindicatos no participarán por considerarlo «un fraude». Las cuatro centrales criticaron la falta de competencias para poner en marcha planes de empleo efectivos y la elección como compañeros de viaje precisamente a Confebask, UGT y CCOO, quienes «han boicoteado cualquier avance hacia un espacio sociolaboral vasco». Al finalizar la manifestación, el secretario general de LAB, Rafa Díez, denunció que la creación del Consejo supone «una decisión del pasado que legitima el marco autonómico, contraria al espacio sociolaboral vasco y que desprecia a la mayoría sindical» de Euskal Herria. Por su parte, el secretario general de ELA, José Elorrieta, afirmó que «todos los días la mayoría sindical denuncia al gobierno diciéndole ‘tenéis la cara sucia, sois neoliberales’. No lo aguantan y crean un Consejo para que les digan lo bien que hacen las cosas».
Asu vez ese mismo día, varios miles de personas secundaron en Donostia (Gipuzkoa) una manifestación organizada por el Movimiento pro Amnistia bajo el lema «Amnistia y libertad», en defensa de los derechos de los presos políticos vascos. Durante el recorrido de la manifestación se corearon lemas en euskera como «dispersión asesina», «los presos a la calle, amnistía total», «los presos vascos a Euskal Herria», «los refugiados deben vivir en Euskadi» y «aquí se tortura». De forma aislada, se oyeron lemas como «Independencia y socialismo», «son luchadores, no terroristas» y «la lucha es el único camino». Durante el acto político que tuvo lugar tras la marcha, entre otras cuestiones denunciaron que el Plan Ibarretxe olvida el sufrimiento de las familias de los presos.
Por la noche algunos responsables del sufrimiento fueron señalados. La furgoneta propiedad de un agente de la Ertzaintza quedó totalmente calcinada de madrugada a consecuencia de la explosión de un artefacto incendiario en la localidad de Armentia, en Trebiño. Horas antes en Elorrio, otro coche particular de un agente de la Ertzaintza también quedó calcinado tras ser atacado. Así mismo, desconocidos atacaron a las tres y media de esa misma madrugada la sede del PSOE en la localidad alavesa de Iruña Oka.
«Todo es ETA»
El 14 de septiembre miles de personas se manifestaron en Donostia en solidaridad con los cientos de presos políticos. Los sindicatos denunciaron en Gazteiz al gobierno vasco por sus «políticas neoliberales» que pretenden «silenciar a la mayoría sindical vasca». Por la noche, fueron quemadas en varias localidades vascas vehículos particulares de la policía y una sede del PSOE. Al día siguiente, cuatro bombas dañaron una torreta de la Red Eléctrica de España ubicada en Irún. La única respuesta del parlamentarismo a esta multitud de expresiones políticas fue una unánime condena a ETA.
Que no se confundan los sectores de izquierda que gastan energías en fortalecer la tesis de que «sin ETA estaríamos mejor», «ETA alimenta la criminalización mediática y fomenta la represión» y, en definitiva, que «ETA es un obstáculo para la resolución del conflicto», porque no es verdad.
Ese es un debate impuesto por el poder para instrumentalizar las raíces del conflicto vasco. Un debate esteril que esencialmente se traduce en más ruido para ocultar la amplia y cotidiana lucha popular. Una lucha que, realmente, en trascendencia supera con creces a la actividad de ETA. Esto es algo que el poder sabe de sobra, por eso reprime permanentemente a las organizaciones de la izquierda independentista y golpea a la sociedad hasta el aturdimiento con el lema amenazante de «todo es ETA». Esta consigna muestra a las claras que el problema no es ETA; el problema es «todo», es decir, «toda forma de resistencia».
Nos dicen que mientras haya violencia (la de ETA solamente), no hay ninguna posibilidad de solucionar el conflicto vasco. Y eso lo dicen quienes tienen responsabilidad política y organizativa directa en la tortura a personas detenidas, clausura de sedes políticas, reventar mítines electorales, secuestro de papeletas de votos, apaleamiento y mutilaciones de manifestantes, allanamientos y cierres de medios de comunicación, encarcelamiento de activistas y representantes políticos, bestialismo policial en funerales de militantes abertzales, etc.
Lo que está claro es que en Euskal Herria el problema no es ETA. El problema es que hay un movimiento popular que camina en busca de una sociedad donde se respeten los derechos de las personas.