Artículo 43 de nuestra Constitución
- Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
- Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
- Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Este artículo es clarísimo. Lo que ya no sé si nuestros representantes políticos lo tienen en cuenta a la hora de diseñar y llevar a la práctica sus políticas sanitarias. Al respecto resulta muy aleccionador el artículo de Carmen Lumbierres Seguros privados, salud pública de El Periódico de Aragón de 12 de agosto de 2020:
“El gasto sanitario privado representa en España el 29,4% del gasto sanitario total. Es uno de los países donde el gasto sanitario privado es más elevado situándose por encima de la media de la OCDE, del 23,3%. En el otro extremo y con poca sorpresa se encuentran los países nórdicos y Alemania por debajo el 15%. Más de 11 millones de personas tienen un seguro de salud, lo que supone que prácticamente uno de cada cuatro habitantes financia doblemente su atención médica. Y en Madrid, Barcelona, Ceuta o Melilla es ya más de un tercio la población con seguro médico privado. Si bien durante la pandemia el número de ciudadanos que adquirieron un seguro privado creció en toda España, este es un fenómeno que se percibe con claridad en la última década con un incremento de un 3% por año. Deberíamos buscar explicaciones sobre el aumento de esta demanda en «la mejor sanidad del mundo» y aunque son multifactoriales, no podemos responsabilizar solo a la sociedad que se deja influenciar por el marketing sanitario privado, ni a estas empresas que encuentran un espacio en los fallos prestacionales y lo que buscan es hacer negocio como en cualquier otro sector económico.
Es evidente que cada vez más, un porcentaje mayor de españoles suscribe seguros sanitarios privados. Y si lo hace es porque no encuentra en la sanidad pública una atención adecuada.
No obstante, también hay que matizar tal afirmación. Según Martínez Enguita, como la universalización de servicios, como educación y sanidad, genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos.
Retorno a las deficiencias de nuestro sanitario de salud pública. De tal situación son responsables nuestros representantes políticos y también la sociedad en conjunto. Primero me detendré en los primeros.
Los políticos autonómicos-las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas- son responsables en parte por una deficiente gestión. Estos renuncian a parte de sus recursos merced a rebajas fiscales en sus impuestos propios. Pongamos sustanciosos ejemplos. Sólo por la rebaja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Andalucía dejó de ingresar en los últimos tres años 204,79 millones de euros, una media de 68,26 cada año. Y, además, esa rebaja ha beneficiado fundamentalmente a las rentas más altas, aquellas que heredan «más de un millón de euros».
En la Comunidad de Madrid veamos las rebajas fiscales en los principales impuestos sobre los que tiene competencias. Principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño. Del ISD (2.663 millones de euros); del IP (996 millones) y del IRPF (504 millones).Tales rebajas fiscales en la CAM se concentran muy notablemente en los contribuyentes de mayor renta y riqueza.
En Aragón, según datos de la Dirección General de Tributos con la legislación actual y con los datos fiscales de 2016, de los 24.843 familiares directos que heredaban, ya no pagaban 23.439, es decir, el 94,3%. Elevar la exención de 150.000 a 500.000 para las herencias entre padres, hijos y cónyuges, beneficiaría solo a 1,237 contribuyentes. A pesar de todo, la reforma se aprobó en el pleno de las Cortes de Aragón el 6 de septiembre de 2018 con los votos del PSOE, PP, PAR y Ciudadanos y el rechazo de Podemos, CHA e IU. Según los datos de la dirección general de Tributos de 2016, el Gobierno de Aragón hizo una previsión de una merma en la recaudación de entre 40 y 45 millones de euros con esta reforma.
Resulta surrealista renunciar a parte de los impuestos propios y luego quejarse ante el Estado, de escasez de recursos para financiar los servicios públicos. A Isabel Díaz Ayuso, Moreno Bonilla y Lamban les votan los madrileños, los andaluces y los aragoneses respectivamente. Tales políticas son extrapolables al resto de los dirigentes autonómicos, tanto de derechas como de izquierdas. Por ello, rebajan impuestos a sus votantes autonómicos. Luego ya vendrá el Estado a reparar el agujero fiscal. Es populismo puro y duro.
En cuanto a los gobiernos del Estado deberían llevar a cabo una nueva política fiscal, con un impuesto progresivo, tal como marca el artículo 31de nuestra Carta Magna: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.Y además perseguir el fraude fiscal.
Para el mantenimiento de nuestro Estado de bienestar son necesarios recursos económicos. Y estos provienen de los impuestos. Sobre esta cuestión fiscal, me basaré en el artículo Las transformaciones del derecho tributario de Miguel Ángel Mayo del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Hay insuficiencia de recursos fundamentalmente por dos razones: un sistema fiscal injusto y no progresivo; y por un fraude fiscal descomunal.
El fraude fiscal en España supera ligeramente el 20% del PIB, o lo que es lo mismo, 1 de cada 5 euros escapa al control fiscal, representando una pérdida de recaudación superior a los 60.000 millones de euros anuales. Pero todavía más grave es que nuestras cifras de fraude son 10 puntos por encima de la media de nuestros países vecinos de la UE.
Hablamos de la media, no de países como Dinamarca o Suecia cuyo fraude es del 4%. Por ende, solo con rebajar nuestro fraude en estos 10 puntos que nos diferencian de la media citada, podríamos ingresar al año cerca de 30.000 millones.
Algo no funciona. Estudios académicos sobre el fraude fiscal apuntan dos conclusiones con un amplio consenso. El cumplimiento tributario disminuye cuando aumentan los impuestos con una administración tributaria poco eficaz (se compensan y neutralizan así los efectos recaudatorios de la subida de impuestos). Y el cumplimiento tributario aumenta cuando la administración ejerce una mejor gestión y control, lo que es una prueba irrefutable de efecto multiplicador de inversión en recursos para la gestión tributaria. Lamentablemente en España mientras el defraudador va en Ferrari, Hacienda va en transporte público.
Pero profundicemos en el problema del fraude, preguntándonos quién defrauda y cuáles son los mecanismos para eludir al fisco. Para responder a la primera pregunta, es más fácil observar quién realmente no defrauda, que es, la clase asalariada.
En la actualidad, los recursos del Estado se nutren básicamente de dos impuestos. El IRPF, que en 2019 supuso un 44% de los ingresos por impuestos, siendo las rentas del trabajo el 83,7% de la recaudación. Y el IVA, un impuesto totalmente regresivo, que aporta el 32% de la recaudación impositiva.
En el otro vértice de la justicia impositiva, los defraudadores y al respecto se estima que más del 72% del fraude lo llevan a cabo los grandes patrimonios y las grandes empresas. Pueden hacerlo debido a las sofisticadas normativas fiscales de algunos países y territorios, que están contribuyendo a la pesadilla financiera que vivimos.
Para dar una idea de la eficacia de estos paraísos fiscales (para los ciudadanos infiernos fiscales), nos puede servir que la empresa de asesoramiento económico Merryl Lynch estima que unos 6 billones de dólares están en esos territorios. El FMI calcula que una cuarta parte de la riqueza mundial se oculta en ellos, y la OCDE establece que la evasión fiscal realizada a través de los paraísos fiscales, alcanza los 600.000 millones de dólares.
Estos agujeros fiscales son inasumibles y más en estos momentos de caída de los ingresos tributarios, fruto de la pandemia y sus secuelas económicas. La consecuencia es contundente. Si disminuyen los ingresos por impuestos por el fraude fiscal endémico en nuestro sistema tributario, debemos endeudarnos, y tal deuda tendremos que pagarla. Veamos sus secuelas.
Desde el inicio de la crisis económica de 2008 hemos incrementado nuestra deuda pública en más de 500.000 millones de euros, a fecha. Así, mientras que en 2008 cada español debía una cifra en torno a 9.500 euros, a inicios de 2020 era ya de 25.900. Ignoro el incremento tras el inicio de la pandemia. En el ejercicio 2018, España pagó en intereses de la deuda 29.301 millones de euros, el 2,4% del PIB. O lo que es lo mismo, 80,3 millones cada día, 3,3 cada hora, cifra que se mantuvo en 2019, lo que equivale más de la mitad del gasto educativo o el 40% del sanitario.
Ante el desfase de ingresos y gastos públicos, además del recurso a los mercados financieros, en el periodo 2008-2018 el Estado decidió subir los impuestos más recaudatorios (IRPF e IVA) y que a la larga han sido los más regresivos para la ciudadanía y ceder en la imposición directa sobre las empresas, reduciendo tipos nominales y efectivos del impuesto de sociedades.
Es obvio una necesidad urgente de una reforma fiscal en sentido progresivo, que es lo que establece nuestra Constitución en su artículo 31, ya citado.Y por supuesto, combatir el fraude fiscal.
Lo dijo muy claro Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en marzo de 2020, durante el inicio de la pandemia del Covid:“Señorías, no podemos seguir rehuyendo, o tergiversando, la vinculación entre el Estado del bienestar y su financiación. No podemos seguir ignorando que una buena sanidad requiere un uso racional y muy eficiente de los recursos, pero también requiere de una financiación que solo puede proveer un sistema fiscal justo y también eficiente. No existe un sistema sanitario público poderoso sin un sistema fiscal justo. No lo olvidemos jamás”.
Y ¿Qué podemos decir sobre ese pozo negro para las arcas públicas de la corrupción? Solo quiero remitirme a un artículo reciente en este mismo medio, Nuestras élites empresariales, todo un paradigma de patriotismo. Reproduzco una pequeña parte:“La CNMC multa con 203,6 millones a 6 de las principales constructoras de nuestro país por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras.Las empresas sancionadas son Acciona Construcción, S.A., Dragados, S.A., FCC Construcción, Ferrovial Construcción, Obrascón Huarte Lain, S.A. y Sacyr Construcción, S.A. Desde 1992, las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. También intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.
Las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En este caso, se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.
No se podía crear una comisión de investigación para investigar cuánto dinero nos ha costado a todos los españoles tales prácticas. ¿La Fiscalía no tiene nada que decir?
O sea, como conclusión por lo expuesto, recursos económicos haberlos haylos. Lo que hace falta coraje, agallas, más claro, voluntad política para recaudar impuestos, de acuerdo con el art. 31 de nuestra Carta Magna; además de tomar medidas para acabar con esa sangría económica para las arcas públicas, que se llama corrupción.
Pero, ante tales poderes económicos los políticos son meros mayordomos. Por ello, no resulta descabellada la opinión de Giovani Papini expresada en los años 30 en su libro Gog yun capítulo titulado “La compra de la República”. Al respecto en este mismo medio publiqué el artículo Este mes he comprado una República.
Pero, de este deterioro de la sanidad pública también tiene su parte de responsabilidad la ciudadanía, remisa a pagar impuestos. En este tema la agenda política de la derecha se ha impuesto totalmente. ¿Qué es lo que se esconde tras ese afán de desprestigiar y reducir los impuestos? Muy claro, reducir lo público y allá donde el Estado mengua crecen las oportunidades de negocio privado. Deteriorar la educación y la sanidad públicas es oportunidad de lucro para la iniciativa privada. Reducir las pensiones negocio a los fondos privados de pensiones.
¿Qué significa privatización? La privatización le quita al Estado la capacidad y la responsabilidad para reparar y mejorar las condiciones de la gente; elimina también la responsabilidad de la conciencia de sus conciudadanos, al desvincularse de los problemas comunes. Lo único que queda es la caridad. Pero esta es una respuesta inadecuada ante tanta desigualdad e injusticia. De manera que, aunque la privatización tuviera el éxito económico que se le atribuye (por cierto, dudoso), sigue siendo una catástrofe moral.
Sobre la privatización de lo público merece la pena releer al añorado Saramago: “De regreso de un viaje a Bolivia y Argentina mis cuñados traen el periódico Clarín con la noticia de que va a ser presentada al parlamento peruano una nueva Ley de Turismo, que contempla la posibilidad de entregar la explotación de zonas arqueológicas importantes como Machu Picchu y la ciudadela preincaica de Chan Chan a empresas privadas mediante concurso internacional. A mí me parece bien. Que se privatice Machu Picchu, que se privatice Chan Chan, que se privatice la Capilla Sixtina, que se privatice el Partenón, que se privatice el Pórtico de la Gloria, que se privatice la cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos. Y, finalmente, para remate de tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí está la salvación del mundo. Y, metidos en esto, que se privatice también la puta que los parió a todos”.
Por ello, sorprende que a muchos ciudadanos se les olviden las funciones de los impuestos. Son el principal instrumento de los Estados para redistribuir la riqueza y paliar las injusticias. Sin una política impositiva progresiva y redistribuidora es imposible garantizar la igualdad de oportunidades. La ideología neoliberal hace muy bien su trabajo. La izquierda en lugar de preocuparse por inventarse nuevas banderas en reemplazo de la igualdad, debería conservar ese estandarte. La lucha por la igualdad es irrenunciable. De ahí que no sea de recibo para una izquierda, de verdad, aplicar las mismas políticas que la derecha en materia fiscal.
El sentimiento extendido en buena parte de la ciudadanía española en relación a los impuestos, lo refleja una anécdota que pude escuchar en un programa de televisión. En concreto, en la Sexta Noche. Se estaba debatiendo el tema del Estado de bienestar. Uno de los economistas invitados explicó muy bien que existían dos modelos políticos. El socialdemócrata escandinavo con un Estado de bienestar muy potente y con una fuerte carga fiscal. Y el norteamericano con un Estado de bienestar muy debilitado, hablar de Estado de bienestar es excesivo, y con unos impuestos muy bajos. Y otro economista, no sin cierta ironía, que existía un tercero: el de España, que es la pretensión de muchos ciudadanos españoles: un Estado de bienestar muy potente, como el socialdemócrata escandinavo, pero con impuestos muy bajos, como los de los países subsaharianos. Nadie le replicó. Dijo bien.
El Estado de bienestar-como la sanidad pública, no se salva saliendo a aplaudir a los sanitarios, sino pagando cada cual sus impuestos. Ese es el auténtico patriota. Y por supuesto, los poderes públicos exigiendo a todos los ciudadanos y empresas el cumplimiento del art. 31 de nuestra Constitución, citado en varias ocasiones a propósito, de acuerdo con las políticas expuestas ya al principio de este artículo.
Como colofón incuestionable. El deterioro irreversible de la sanidad pública supone la negación, el incumplimiento o el falseamiento de nuestra Constitución, es decir, la negación y violación de nuestro Estado social y democrático de Derecho.