En el momento de escribir este editorial, Francesc Argemí, conocido como Franki, esté en la prisión de Can Brians. Fue condenado en 2004 por un juez que ya durante la dictadura había sido fiscal militar y que lo consideró culpable de desórdenes públicos (1 año de prisión), atentado a la autoridad (1 año y 3 […]
En el momento de escribir este editorial, Francesc Argemí, conocido como Franki, esté en la prisión de Can Brians. Fue condenado en 2004 por un juez que ya durante la dictadura había sido fiscal militar y que lo consideró culpable de desórdenes públicos (1 año de prisión), atentado a la autoridad (1 año y 3 meses) y ultraje a España (4 meses más de prisión o 8 meses de multa). En total, 2 años y 7 meses de prisión. Tres años tras la sentencia, y después de haber interpuesto recursos a la Audiencia de Barcelona y al Tribunal Constitucional español, el pasado lunes 28 de abril Franki era detenido por los Mossos d’Esquadra (la policía catalana) sin que sus abogados recibieran ninguna notificación, ni se agotaran todos los trámites administrativos normales.
Los hechos se remontan a la Fiesta Mayor de Terrassa del año 2002, cuando un pasacalles festivo contra las banderas española y europea acabó con una carga de los antidisturbios de la guardia urbana en el momento en qué los manifestantes intentaban descolgar, con un gancho, la bandera española del Ayuntamiento, y que finalmente sólo quedó desgarrada. La cosa no fue a más, y no hubo ni detenidos, ni heridos graves. Pero al cabo de un mes, Franki y un compañero suyo recibían a casa una citación judicial y empezaba el caso que le ha llevado a la cárcel. Y esto pese que la sentencia reconoce que ningún testigo vio a Franki en el momento de los hechos.
Por otro lado, no hay que ser militante ni activista de ninguna organización desobediente para conocer los usos de los cuerpos policiacos y su impunidad. Cualquier persona que haya tenido un choque meramente verbal con cualquier de estos cuerpos, o que tenga algún conocido que haya pasado por esta situación, sabrá que los cargos de desórdenes «públicos» o atentado «a la autoridad» son imputados demasiado a menudo y condenan fácilmente a cualquier acusado de haberlos cometido porque la palabra de los agentes tiene valor de prueba en un juicio, mientras que la de cualquier otro ciudadano no.
Pese a que desde CIU, ERC y ICV se invoque el carácter anacrónico de la legislación española en materia de protección de los símbolos e instituciones del Estado, no es esta la cuestión principal del «Caso Franki». El tema fundamental es la parcialidad de un sistema policiaco, judicial y político que hace que estos casos no sean una excepción, sino la consecuencia necesaria de la presión que el Estado y sus instituciones (incluidas las autonómicas) ejercen en los militantes más comprometidos del movimiento popular, contra aquellos que cuestionan la legitimidad del sistema social, político y económico vigente y que, cuando hace falta, desobedecen.
Es lógico y natural que los padres de Franki acepten de buenas a primeras el tercer grado que Puigcercós, de ERC, ha pedido para él al Departamento de Justicia de la Generalitat, y que su titular, la consejera Montserrat Tura, haya declarado que se trabaja en esta dirección. Es fácil de entender que, para unos padres con un hijo a la prisión, con quienes nos solidarizamos totalmente, lo más importante es que, independientemente de la militancia política de su hijo, éste pueda al menos volver a trabajar y estudiar.
Pero según denuncian algunos sectores de la campaña de apoyo a Franki, el tercer grado parece ir encaminado a mantener el castigo sobre Franki y su lucha, y a desactivar la solidaridad que se ha generado desde todos los rincones de los Països Catalans. Una solidaridad de un movimiento cada vez más arraigado a barrios y pueblos, y de un movimiento que no se arruga ante la represión del Estado, sino que responde a la imposición si hace falta con la desobediencia. Todavía tenemos en la memoria la oleada de solidaridad a raíz de los encausados por la quema de retratos del rey, sobre la mayoría de los cuales pesan peticiones de prisión y multas importantes, además de embargos preventivos de sueldos y coches. Y también tenemos frescas las jornadas de lucha que en cualquier parte de los Països Catalans ha protagonizado la izquierda independentista contra la imposición española, desde todos los frentes, pese a las identificaciones, las multas y las detenciones con la campaña «300 años de ocupación, 300 años de resistencia».
Es esta conciencia que sólo la lucha y la movilización popular, que sólo la solidaridad activa en cualquier parte del territorio sacarán Franki de la cárcel, la que se manifestó el pasado sábado día 15 en Barcelona pese a la intensa lluvia. Y es esta misma conciencia la que permite plantear el caso Franki en los términos que creemos más adecuados: es importante sacar Franki de la prisión; pero lo es todavía más parar un sistema político, judicial y policiaco que, si sigue así, puede traer a la prisión todavía muchos más Frankis.