La decisión adoptada por el magistrado de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska de prorrogar por dos años la suspensión de actividades de Batasuna e impedir la culminación del proceso de debate interno que ha realizado esta formación durante los últimos meses, no es una decisión más de un juez empeñado en emular a su predecesor. El […]
La decisión adoptada por el magistrado de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska de prorrogar por dos años la suspensión de actividades de Batasuna e impedir la culminación del proceso de debate interno que ha realizado esta formación durante los últimos meses, no es una decisión más de un juez empeñado en emular a su predecesor. El auto que prorroga la suspensión y persecución policial de Batasuna, sin ser una joya jurídica, tiene pleno encaje en la misma legislación que permite la celebración de juicios políticos como el denominado 18/98 o como el anteriormente realizado contra Jarrai y Haika. Es extraño, pues, que durante estos últimos días, una vez abierta la polémica por el PP, la mayoría de responsables políticos hayan seguido la estela abierta por el fiscal general del Estado para centrar la cuestión en la competencia o no de la Audiencia Nacional para actuar contra un partido ya ilegalizado. Es evidente que ese no es el debate, porque mientras exista un tribunal de excepción para actuar contra ETA y la tesis oficial sea izquierda abertzale=ETA, siempre habrá un juez que, a la búsqueda de gloria mediática, decida la persecución penal del independentismo vasco. En efecto, la cuestión de fondo es que la democracia española sigue siendo igual de raquítica con Zapatero que lo era durante el mandato de Aznar. Las formas han cambiado, de eso no hay ninguna duda, pero la base legal sobre la que se sustenta el sistema político español no ha mutado sustancialmente. Por lo menos, no en lo relativo a los derechos civiles y políticos. El Congreso español, a iniciativa de Aznar pero con el apoyo del PSOE, aprobó la Ley de Partidos para dar cobertura legal a la tesis de «tolerancia cero» con la izquierda abertzale que ya venían pregonando desde tiempo atrás y que se iba materializando en los sucesivos autos de Garzón contra organizaciones vascas del ámbito político, social o cultural. Desde la llegada de Zapatero a la Moncloa, la política de «tolerancia cero» se había dulcificado como exponente de un cambio en los tiempos, y operaciones tan bestiales como las que llevaron a la clausura de medios de comunicación o al cierre de locales sociales o políticos se ubicaban en lo que erróneamente se califican como estrategias obsoletas. Sin embargo, lo que da o no actualidad a una estrategia es la oportunidad política unida al sentido de necesidad, y el Gobierno de Rodríguez Zapatero viene de sofocar un pronunciamiento militar (esta vez, por suerte, tan sólo mediático) contra un eventual cambio constitucional que diera encaje al proyecto de Estatut de Catalunya. La fulminante destitución del impertinente militar no ha sido bien acogida en la irredenta derechona española, quien recuerda que el general no hizo más que invocar el famoso artículo 8 de la Constitución española. Pero sea por desviar la atención o porque las denuncias de relajo realizadas por un PP convertido en amo del calabozo del independentismo vasco calan en la frágil disposición expectante del gobierno socialista, lo cierto es que han recuperado formalmente la regla de tolerancia cero aún vigente en la legislación. En cualquier caso es imposible compaginar la supuesta disposición a la superación del conflicto vas- co con el mantenimiento de las leyes contrainsurgentes del ordenamiento jurídico español, y no tanto por la pesadumbre que genera la vulnerabilidad socialista ante la capacidad de presión del PP y sus mariachis, como por la desconfianza que crea la indecisión propia para hacer valer las mayorías parlamentarias y romper amarras con el legado de Aznar. La actuación de Grande- Marlaska perjudica a la izquierda abertzale, aunque abundan los comentaristas de diferente signo que amplían el daño a un PSOE sometido a medidas profilácticas contra un eventual proceso de paz. No creo que sea así, pero si lo fuera, habría más razones todavía para pensar que el Gobierno español sólo puede hacer frente a la situación estableciendo una «zona cero» frente a la derecha, «zona cero» con las libertades civiles restauradas, sin la Audiencia Nacional y con la Ley de Partidos derogada. En cambio, la «zona cero» del independentismo es proseguir el camino y poner en práctica las conclusiones emanadas del proceso de debate cuya culminación quiere abortar ahora Grande-Marlaska.