A principios de este verano, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran y Lleida, declaró que había llegado el momento de «replantearse el PER». Según este dirigente de la burguesía catalana (nótese la perfecta coordinación del bloque de clases dominantes y la coherencia con lo expresado hace poco por Esperanza Aguirre), es […]
A principios de este verano, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran y Lleida, declaró que había llegado el momento de «replantearse el PER». Según este dirigente de la burguesía catalana (nótese la perfecta coordinación del bloque de clases dominantes y la coherencia con lo expresado hace poco por Esperanza Aguirre), es cierto que el PER tuvo su justificación antaño por el expolio histórico a Andalucía y Extremadura, pero hoy día carece de sentido.
Al presidente de la multinacional Sacyr Vallermoso, Luis del Rivero, le tocó por su parte ejercer de «poli malo», afirmando obscenamente que «el PER hace más vagos a los andaluces». No hay nada nuevo en este mito. Ya escribió Ortega, hace más de 70 años, que los andaluces somos vagos por naturaleza. Y si un prestigioso filósofo es capaz de decir semejante barbaridad supremacista, ¿qué podría esperarse de un multimillonario o del títere político que lo representa?
Sin embargo, lo más preocupante ha sido leer los comentarios que algunas preclaras mentes han dejado en la web del diario zapaterista Público, bajo un reportaje en el que unos jornaleros andaluces narran, desesperados (e incrédulos ante lo que se afirma de ellos), las penurias de su situación económica. Estos comentarios animaban a los jornaleros a dejarse de cuentos, porque, al parecer, aunque no lo supieran, su vida consistía en tocar las palmas, irse de romería y vivir del PER sin trabajar nunca. Otra ilustrada persona se mofaba de un pobre andaluz que había tratado de defenderse pero había escrito «arcayata», en lugar de «alcayata».
No sé si sorprende o sencillamente asquea leer tal sarta de mentiras que, o son producto de la más brutal ignorancia, o bien son consecuencia de una consciente voluntad de manipulación, pero que, tanto en un caso como en el otro, descalifican por sí solas a quien las pronuncia.
No estamos a favor del PER. Tampoco a favor de su eliminación. Somos conscientes de que el PER se introdujo para no tener que llevar a cabo la Reforma Agraria que Andalucía y Extremadura necesitaban y siguen necesitando. Creemos que el único Plan de Empleo Rural posible y deseable partiría de la base de una Reforma Agraria que entregara a los trabajadores la tierra, hoy perteneciente a los únicos vagos de Andalucía, que, significativamente, jamás son criticados por nadie: los terratenientes.
No obstante, trataremos de desmentir determinados tópicos ridículos que cada vez se oyen más en determinados ámbitos, y ante los que hay que decir basta.
Para empezar, suele confundirse el PROFEA (antes llamado PER) con el Subsidio Agrario. El PER es una especie de «Plan E» para zonas especialmente azotadas por el paro agrícola (paro que, muy especialmente, sufre la mujer). Es decir, no es dinero que se le entregue directamente a ningún jornalero, sino dinero que perciben los ayuntamientos para poner en marcha obras públicas en los pueblos y dar trabajo a la gente.
Sin embargo, está pensado para que los jornaleros en paro puedan alcanzar las 35 peonadas (jornadas de trabajo) requeridas para acceder al Subsidio Agrario al año siguiente. Éste equivale al paro, o, en otras palabras, es sencillamente el subsidio de desempleo para los trabajadores del campo. Para cobrarlo, además, hay que pagar el sello agrícola durante todos los meses del año. El subsidio asciende a… 420 euros mensuales durante seis meses.
Así pues, he aquí el «insultante privilegio» y el «timo» mediante el cual tantos andaluces y extremeños, al parecer, vivimos en el lujo y la opulencia, hasta el punto de llevar a la envidia al mismísimo presidente de Sacyr: una ayuda, durante varios meses, y el año que puedas conseguirla, de 420 euros. Para colmo, aunque sólo en Andalucía hay más de medio millón de jornaleros, sólo unas 120.000 personas en total (20.000 de ellas en Extremadura) perciben el Subsidio Agrario.
La cosa está clara: Andalucía es tierra de vagos, porque 100.000 de sus 8 millones de habitantes, dada su situación de extrema pobreza a causa del paro estructural que nos azota, perciben un mísero subsidio de desempleo de 420 euros (de los que perderán buena parte en el injusto pago del sello agrícola) durante seis meses, si el año anterior han conseguido cotizar lo suficiente.
A pesar del descenso del Subsidio Agrario (de un 7% en los últimos tres años) y del incremento de los subsidios de desempleo en Cataluña y Madrid (144 y 133%, respectivamente y para el mismo periodo), incremento que, por cierto, nosotros apoyamos, sigue habiendo gente que, en dichos lugares, tiene la poca vergüenza de criticarnos por eso. También en estas zonas existen subsidios especiales de los que nadie se queja (por ejemplo a la minería o al sector automovilístico), a los cuales no nos oponemos, pero con respecto a los cuales sí exigimos igualdad.
Por eso tenía razón Juan Manuel Sánchez Gordillo, el célebre alcalde de Marinaleda, cuando llamó públicamente «cabronazo» a Antonio Fernández, Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, que tanto se opone a la lucha por un aumento sustancial del PER, reivindicación que levanta el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) y que cualquier persona que se considere de izquierdas debería hacer suya.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.