Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull
Planteémonos, a modo de hipótesis, y no como consecuencia de una filtración policial o de una artimaña intoxicadora, que se incauta un informe a un militante de ETA detenido en el Estado francés en que se dice a la militancia beti salatu torturak [denunciad siempre (las) torturas] o algo parecido. Pongamos que el traductor del informe, el hablante del «séptimo dialecto del euskera» que predomina en los tribunales de Madrid, no se ha percatado de que en el resto de variedades dialectales torturak es un plural determinado y que se refiere a las «sufridas». Infiramos de ahí que lo que es una mentira patente es verdad y que los detenidos vascos siempre y con razón o sin ella denuncian torturas ─a pesar de que los datos digan lo contrario, porque hay detenidos que no denuncian tortura y hay que decir de paso que eso no les deja en la calle sin más, como si la ausencia de denuncia indicara que no son militantes de ETA. Por tanto, según la hipótesis, como es una consigna denunciar torturas sistemáticamente, no debemos tomar en consideración dichas denuncias. Con todo, si consideramos esta hipótesis, tenemos que añadir que el Gobierno español y especialmente el Ministerio del Interior niegan también sistemáticamente la existencia de torturas. Más allá, según esta hipótesis ─aunque ignorar las contradicciones mencionadas es ya algo excesivo─, en los casos de tortura no debe prestarse atención a las denuncias ni a sus desmentidos. Para cerrar el círculo, dejemos de lado nuestro conocimiento y la propia historia del País Vasco.
Examinemos ahora los hechos. No el caso de Portu y Sarasola, porque ahí son tan notorias que hasta un juez español las ha reconocido. En este conflicto el principal hecho es que la incomunicación posibilita la tortura y que para evitar ésta, así como para castigar las denuncias falsas, basta con eliminarla. Y la responsabilidad de eso no es de los militantes de ETA ni del resto de detenidos, sino de los políticos, jueces y jefes de policía. Ellos tienen la principal responsabilidad de las torturas.
La tortura no es, no, una decisión que toma un determinado policía. La tortura se autoriza políticamente y se protege judicialmente. Aún más, en el Estado español la tortura se premia, y esto no es ninguna hipótesis. Es pura realidad.
5 de marzo de 2009
http://www.gara.net/paperezkoa/20090305/125490/eu/Tortura-hipotesiak–eta-egitateak