El equipo de juristas, sociólogos, psicólogos y antropólogos integrantes del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona ha realizado una investigación sobre las cárceles de Cataluña cuyas conclusiones revelan la práctica impune por parte de algunos funcionarios de actos de tortura y, sobre todo, la infame condición de […]
El equipo de juristas, sociólogos, psicólogos y antropólogos integrantes del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona ha realizado una investigación sobre las cárceles de Cataluña cuyas conclusiones revelan la práctica impune por parte de algunos funcionarios de actos de tortura y, sobre todo, la infame condición de toda la política penitenciaria. Tales acciones se vendrían realizando bajo la responsabilidad de la administración penitenciaria y con la colaboración necesaria del sistema penal en Cataluña, que no solo parece encubrir los delitos cometidos sino que, en ciertos casos probados, los propicia y acaso los impone. Según uno de los responsables del estudio, Josep García – Borés: «La prisión se constituye como un contexto de dominación y donde no se respetan los derechos fundamentales», por un lado, y «no busca la rehabilitación social de los internos», por otro. Intentaron impedir la investigación
La investigación del Observatorio desgrana un verdadero rosario de conductas, situaciones y procedimientos caracterizadamente ilegales, relacionados con las condiciones de encarcelamiento. Se trata de un informe demoledor sobre el sistema penitenciario y la administración de justicia en este país, sobre todo si se considera que la investigación tuvo que superar el boicot activo de las autoridades. El Departamento de Justicia e Interior de la Generalitat -que sabe perfectamente lo que ocurre en el interior de las prisiones- negó sistemáticamente a los investigadores el acceso al interior de las prisiones, seguramente con la esperanza de ocultar la escalofriante realidad carcelaria. Ante las trabas recibidas, los investigadores tuvieron que recurrir a otros métodos para hacer el trabajo de campo y hacer llegar a los presos, a través de sus familias, las encuestas. Contra el cinismo de estado
El cinismo de las autoridades penitenciarias llegó al extremo de justificar, por boca del Director de prisiones de la Generalitat, Ramón Parés, la negativa a la entrada de los investigadores en las cárceles a que «ya existen suficientes mecanismos de control», como son el Parlament, el Síndic de Greuges, e incluso el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa. «Este último organismo sólo ha visitado una vez la cárcel Modelo», admitió el consejero Parés, «pero ello pone de manifiesto que no existe ni un sólo indicio de la realidad de esos supuestos tratos indignos a los presos». La respuesta del rector de la Universidad de Barcelona a semejante falacia fue contundente: El Observatorio y su informe representan un «instrumento de primer orden para conocer una realidad invisible», la de las condiciones odiosas que vienen sufriendo los presos. El informe, que culmina un año de rigurosa investigación, revela hasta 175 tipos de situaciones problemáticas en las prisiones de Cataluña, que afectan, grave e innecesariamente, cuando no de forma delictiva, a la vida cotidiana de los presos catalanes. Se denuncia desde la masificación -hay un excedente reconocido de 2.700 presos, respecto de la capacidad oficial de las prisiones- hasta la falta de profesionales, el predominio de la disciplina por encima de la rehabilitación, el «fracaso» resocializador de los internos, la vulneración de derechos humanos fundamentales o la imposición de determinadas condiciones de vida impropias, incluidas la baja calidad de la alimentación y las deplorables condiciones higiénicas y sanitarias. Elisabet Almeda, una de las investigadoras del Observatorio, señaló que, a la luz del informe, el sistema penitenciario en Cataluña se inspira en las directrices de «orden y disciplina», lo que lleva a «un fracaso absoluto de la resocialización». La masificación de cárceles como la Modelo, «paradigma de prisión ilegal», que actualmente cuenta con celdas que hacinan a cinco internos, «pone en peligro la convivencia entre reclusos y también entre internos y funcionarios». Certificación de torturas
Uno de los capítulos que más gravemente llama la atención es el dedicado a los casos de «torturas y malos tratos» que, según Iñaki Rivera, presidente del Observatorio, se produce casi con total seguridad en todos los centros, aunque ellos tienen constancia judicial de episodios en la prisión de Brians. Todos los casos de torturas que figuran individualizados en el Informe -con nombres y apellidos de los presos que los sufrieron- fueron cometidos en la macroprisión de Brians y se encuentran en fase de instrucción tras haber sido admitida a trámite por un juez la querella por malos tratos. Entre esos casos, destacan por su dramatismo y brutalidad los de Manuel D.P. y Juan P.A. El prisionero Manuel D.P. denunció que el 6 de mayo de 2002 fue agredido por cinco funcionarios de Brians a golpes y patadas porque el recluso dijo no saber nada de unos incidentes del día anterior. Por su parte, Juan P.A., denunció que el 30 de mayo de 2002 fue golpeado por varios funcionarios, tras participar en una huelga de brazos caídos. El Observatorio, que relata varios casos más de supuestas torturas, ha denunciado, al respecto, «la situación de impunidad que generan los regímenes de vida en aislamiento, en los que la prueba de malos tratos es prácticamente imposible». Sindicatos de carceleros, mafias de torturadores
Iñaki Ribera señaló que no es circunstancial que los casos más contundentes de torturas y malos tratos hayan tenido lugar precisamente en la prisión de Brians. Destacó que en ello tiene mucho que ver la orientación ideológica ultraderechista de gran número de funcionarios y de sindicatos de prisiones en Cataluña, que propicia la restricción de derechos a los presos, el abuso físico y los malos tratos humillantes y vejatorios. En este sentido, el problema de la orientación ideológica de los funcionarios resulta de «extrema gravedad», pues los datos del Observatorio apuntan directamente al «grupo sindical» CATAC, ahora dentro de UGT, que en las últimas elecciones sindicales obtuvo una amplia mayoría, alcanzando un 44% de la representación sectorial en Cataluña. En la cárcel de Brians este «sindicato» resulta ser absolutamente hegemónico entre los carceleros, lo que le convierte en su «más fuerte y activo bastión». La ideología de este grupo, radical y represiva, se manifiesta en su propia publicación interna, donde se recogen experiencias de miembros del sindicato que visitan Estados Unidos para asistir a ejecuciones de presos. Condiciones inhumanas
En el capítulo de la masificación, destaca el Informe que existen celdas compartidas por cinco o más reclusos, con la consecuente tensión entre ellos, falta de intimidad y ausencia de condiciones higiénico-sanitarias. También se han detectado casos graves de enfermos terminales a los que no se les concede la libertad o el 3er grado, o la falta de implantación de un programa de intercambio de jeringuillas para frenar el avance del Sida u otras enfermedades. Este conjunto de problemas causan el grave deterioro de la salud de los presos, por una deficiente higiene, enfermerías insuficientes, dificultades en la concesión de permisos extraordinarios, alimentación de baja calidad…. «Este deterioro de salud se expresa también en los índices de mortalidad: 976 muertos entre 1990 y 1999, que dan una ratio de un muerto cada tres o cuatro días», explica el estudio. En los dos últimos años se produce una media de cuatro defunciones al mes, lo que merece el calificativo a las prisiones catalanas de verdaderos «campos de exterminio». Las condiciones que viven las mujeres internas es, según el estudio, todavía más grave que la de sus compañeros, ya que, además de la «falta de recursos» y de personal «adecuado» para atender sus problemáticas, en estos centros «todavía prevalece un trato penitenciario basado en un enfoque sexista y estereotipado». Hay una verdadera discriminación estructural del sistema penitenciario en Cataluña que afecta negativamente a las mujeres presas, pues llega a darse el caso de que en las cárceles de mujeres carecen, por ejemplo, de departamentos maternales o los programas ofertados a las presas reproducen, prácticamente en exclusiva, los modelos «sexistas» más tradicionales, como son cursos de cocina, peluquería o maquillaje y no cualquier otro que pudiera favorecer la inserción de la mujer reclusa en otros ámbitos del trabajo. En cuanto a los extranjeros, que suponen una cuarta parte de la población reclusa, representan uno de los sectores más perjudicados dentro de la prisión, ya que, según el estudio, sus derechos son violadas con extrema frecuencia, soportan el peor trato y resultan gravemente discriminados en cuestiones fundamentales, tales como ver «imposibilitados sus permisos de salida» o «desconocer su situación real por la falta de intérpretes». ¿Rehabilitación? No, «prisonización»
El Observatorio denuncia que las cárceles catalanas ya no son centros rehabilitadores y para la reinserción social, sino lugares «de sufrimiento psicológico y familiar», que comporta una falta de preparación del recluso para la vida social para cuando salga libre y que hace caer a los presos en el llamado proceso de «prisonización», es decir la adaptación a la «muy extrema vida penitenciaria». No es ajena a esta lamentable condición a que se reduce a las personas presas, la situación de indefensión en la que se encuentran, frente a los poderes efectivos de la prisión y judiciales. Esta situación lleva al Observatorio a reclamar, como ya lo hizo hace 20 años, inmediatamente después a la asunción de competencias penitenciarias por parte de la Generalitat de Cataluña, la creación de un turno de oficio de abogados para defender los derechos de los presos, así como la disposición en favor de los reclusos de servicios de orientación jurídico-penitenciaria, que incluyan el asesoramiento de abogados voluntarios a los reclusos que lo precisen de forma gratuita.