En las últimas legislaturas, la Comisión del Pacto de Toledo no ha realizado ninguna reflexión seria sobre la situación específica de la protección de Seguridad Social de las trabajadoras de hogar. Ha sido una decisión política, dado que no son invisibles. Están muy presentes en la vida cotidiana de centenares de miles de familias, y […]
En las últimas legislaturas, la Comisión del Pacto de Toledo no ha realizado ninguna reflexión seria sobre la situación específica de la protección de Seguridad Social de las trabajadoras de hogar. Ha sido una decisión política, dado que no son invisibles. Están muy presentes en la vida cotidiana de centenares de miles de familias, y también en los cálculos de las administraciones públicas, que cuentan con esa cobertura privada gracias a la cual no llega la sangre al río a pesar de las insuficiencias de la Ley de Dependencia. Así que el hecho de que la Comisión del Pacto de Toledo haya decidido ignorarlas tiene que ver con un orden de prioridades en el que repensar los cuidados no está en la agenda.
La última vez que la Comisión trató el tema fue el 1 de octubre de 2012. Fue cuando el secretario de Estado de Seguridad Social del Gobierno del PP compareció a petición propia para hacer un balance meteórico del funcionamiento del nuevo Sistema Especial de Empleados de Hogar, que había comenzado su implantación total el 1 de julio del mismo año. Tres meses justos de experiencia le valieron para justificar cambios muy importantes en la normativa, que suponían un retroceso y han contribuido a mantener una parte del empleo de hogar en la economía sumergida.
Como es muy sabido, en el Sistema de Hogar no hay prestación de desempleo, ni cobertura de vacíos en el cálculo de las pensiones, ni cotización por salarios reales. Estas dos últimas medidas se implementarán en 2021 siempre que el panorama político y económico no aconseje un nuevo aplazamiento que se sumaría a los ya acumulados desde la integración en el Régimen General en 2012.
La economía sumergida en el sector tiene condicionantes específicos. El más conocido es la Ley de Extranjería, que exige permiso de trabajo a las personas no comunitarias. Hay un catálogo trimestral de ocupaciones de difícil cobertura que el Servicio Público de Empleo Estatal elabora a partir de las ofertas que se le han presentado y no han sido cubiertas por falta de aspirantes. Es la lista que abre la posibilidad de acceder a los papeles desde el principio del contrato, pero el trabajo doméstico y de cuidados no aparece nunca. Esto, aunque la inmensa mayoría de las que se ofertan como internas sean extranjeras y no existan nacionales para cubrir la demanda.
La intermediación laboral circula fuera de los canales de los servicios públicos de empleo, vía agencias privadas de colocación no autorizadas y otras que dicen ser solamente de selección para eludir obligaciones legales. Así que, liquidado oficialmente el problema, la demanda de servicios de cuidado se satisface con mujeres que para conseguir papeles necesitarán como mínimo tres años de estancia acreditada y una oferta de empleo (que les dará quien ya las tiene empleadas) o por la vía de los dos años de estancia y seis meses de empleo irregular acreditado mediante denuncia. Pero esta última posibilidad no la ejercerán por motivos que van desde el agradecimiento a la familia que les dio trabajo hasta el miedo a que el procedimiento termine en la propia expulsión. Así que el modelo de atención en muchas situaciones de dependencia se basa en unos cuantos años de trabajo no declarado de alguien que pagará así su peaje de entrada a la regularidad.
Este año hay cambios legales que deberían haber supuesto una enorme sacudida en el empleo del sector. Son la subida del salario mínimo a 12.600 euros anuales y la obligación de cotizar por salarios reales cuando se trabaja algo más de las 48 horas semanales. Cambios positivos, pero no ha habido un solo movimiento del Gobierno para promover que se hagan efectivos.
Una parte de las reformas ha sido para peor. De acuerdo a las estadísticas de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, ATH-ELE, en 2018 un 42% de quienes trabajaban hasta cinco horas semanales no estaba de alta en la Seguridad Social, lo que venía favorecido por la desproporción entre el salario recibido y la cuota a pagar; en 2019, la situación empeora porque la cuota mínima se ha incrementado en un 25%.
Entre las que trabajan más horas, hay algunas que manteniendo o incluso aumentado su salario para este año, verán bajar sus bases de cotización con los nuevos tramos. Por ejemplo, quien el año pasado ganase 640 euros, estaba en el tramo 6 y tenía una base de cotización de 716,65. Pues bien, este año ganando los mismos 640 euros caerá al tramo 4 y tendrá una base de cotización de 608 euros. Explico la consecuencia: cuando se accidente, su prestación será de 81,48 euros menos al mes respecto a la que hubiese tenido el año pasado con, repito, el mismo sueldo de 640 euros. No me imagino esto ocurriendo en ningún otro sector.
Prácticamente todas las internas y bastantes externas que cuidan criaturas trabajan sobre las 48 horas semanales y tienen que pasar a cotizar por los salarios reales. Esta es una noticia importantísima. Pero el notición es que no hay ningún plan para que esto se cumpla; a día de hoy el Gobierno no ha hecho un solo movimiento para que los empleadores ajusten las cotizaciones. De haber existido voluntad política de aplicar el cambio, la Tesorería de la Seguridad Social se hubiese dirigido ya a todas las familias con una persona contratada para que declarasen salario y horas de trabajo mensual. La información que tiene actualmente es muy deficiente: es el sueldo que se consignó en el impreso de alta de la trabajadora, cuyas variaciones normalmente no se han comunicado a la Seguridad Social y cuya comunicación precisa no tenía utilidad en los salarios altos, al estar el tope de cotización en 897 euros mensuales. Pero ahora en 2019, el dato es imprescindible.
Conseguida la información, el siguiente paso era haber diseñado un plan para facilitar la cotización por salarios reales, sin costes de gestoría. Que fuese la propia Administración quien garantizase los trámites de cotización, exigiría revertir el proceso de externalización y privatización de la gestión implantado desde hace tiempo, que atribuye a las personas interesadas cargas muy especializadas de colaboración con el sistema.
Detrás de esta exposición incompleta y que solo apunta los problemas está la realidad de trabajadoras que no pueden permitirse caer enfermas o pretender reposo tras un accidente porque su prestación durante la baja será miserable y también la realidad de quienes temen reclamar la simple aplicación de la ley, porque de sufrir un despido no tendrían la prestación de desempleo.
Trabajadoras que habiendo cotizado durante 40 años por lo máximo que se les permitió en cada momento, jubilándose en enero de 2019 tendrían una pensión en poco superior a la mínima del sistema. Esto, en el supuesto de no haber generado vacíos de cotización que hoy día bajan la pensión y que, si las promesas se cumplen, no tendrán cobertura hasta el año 2021.
Estamos en una buena coyuntura para desmentir con pruebas que la falta de control de las condiciones del empleo de hogar se explique por la imposibilidad de la Inspección de Trabajo de intervenir en la intimidad del domicilio. ¿Tampoco pueden pedir que se les presente la documentación actualizada de contratos, salarios y cotizaciones? La explicación está en otro lado y se llama plan deliberado para dejar el empleo del hogar fuera de control, porque hace falta para cubrir las grietas de un sistema organizado de tal manera que no contaba, y aún no cuenta, con las necesidades de cuidado de las personas.
Es probable que este año veamos la foto triunfal de un Parlamento español ratificando el Convenio 189 de la OIT. Tremendo sería que hubiese que aplaudir como un avance esa ratificación que supone solamente el compromiso de algunos cambios legales futuros, cuando vendrá de la mano de un gobierno que ni siquiera está poniendo los medios para que se cumplan los derechos ya reconocidos por las normas vigentes.
Isabel Otxoa es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/laboral/trabajadoras-de-hogar-e-inaccion-del-gobierno