Es ya una evidencia que el Gobierno de España no considera necesaria ninguna medida dirigida a paliar los efectos del coronavirus en la salud y la economía de las trabajadoras de hogar. Voy a empezar a desconectar la televisión durante las arengas de Sánchez, porque cuanto más ensalza la labor de todos los sectores arrimando el hombro, cuanto más estupendo se pone para llegar al corazón de “todas y todos” más vergonzosa es la omisión. Fue muy triste también escuchar a Pablo Iglesias: el empleo de hogar existe. Repasemos de qué se está hablando.
En diciembre de 2019, el INE daba 580.500 personas en la rama de actividad de hogares como empleadores, de las que 319.000 estaban de alta en el Sistema Especial de Seguridad Social de empleadas de hogar. Esto deja fuera una parte enorme de la economía sumergida; no hay que quedarse con el diferencial que muestran las cifras anteriores. La parte empleadora que tiene en casa una persona sin autorización de trabajo, o la trabajadora que no está de alta en la Seguridad Social, no van a manifestarse tan fácilmente cuando le encuestan.
La Encuesta de presupuestos familiares del INE, daba para 2018 la cifra de 6.045.301,97 —en miles de euros— como gasto total de las familias en el apartado 0.5.5.21.T, que es “servicio doméstico”. La encuesta no desagrega más y no aclara qué parte de ese gasto se dedica a resolver en casa necesidades de cuidado de personas en situación de dependencia, mayor o menor.
Es una lástima, porque si estuviese hablando de otro tema, pongamos por caso el gasto familiar en bebidas, la estadística lo borda. Distingue el gasto en café no en cápsulas, del gasto de café en cápsulas; las bebidas energéticas de las isotónicas; los vinos de uva de los otros vinos y estos dos, respecto a otras bebidas a base de vino. Como bien dice María Ángeles Durán, las estadísticas reflejan lo que interesa conocer.
Otro dato: según el Módulo de Hogares y Servicio Doméstico extraído de la Encuesta de Presupuestos Familiares del año 2009, un 20,16% de las personas jubiladas tenía contratado empleo de hogar. No merece la pena continuar buscando cifras, porque ninguna fotografía del sector hará justicia a otra realidad: una parte importante de las trabajadoras van de aquí para allá, con varios contratos al año, resolviendo las urgencias que derivan de la falta de soluciones sociales para el cuidado en la dependencia.
Me refiero a la situación de espera hasta que el sistema hace la valoración, proporciona un centro de día, una residencia; a la situación de la persona hospitalizada a la que acompañan durante el día, la noche o ambas; a la necesidad imperiosa de apoyo a la persona anciana que tiene a su cargo y en su domicilio un pariente con enfermedad mental, hasta que se encuentra otra solución… o no. Por tanto, el cómputo de trabajadoras siempre será inferior al cómputo de las muchas situaciones a las que atienden a lo largo del año.
Respecto a las contratadas de forma estable, son los propios servicios sociales de base los que a veces encauzan la demanda hacia el empleo de hogar, que se paga en parte con la prestación de cuidados en el entorno familiar. Este año, la estadística de ATH-ELE en el trabajo interno nos daba un 16% largo que no podía dormir de seguido, debido a la exigencia de atenciones nocturnas, un 25% sin permiso para salir entre semana, y un 49% que no tenía ni 24 horas de descanso semanal.
Cuidar personas ancianas suele traer consigo la pérdida del trabajo de la noche a la mañana, porque mueren. Sobran palabras para pronosticar los empleos que perderán directamente por los fallecimientos del coronavirus. Y, si nadie lo remedia, se quedarán en la calle con una indemnización de un mes, y sin prestación de desempleo.
Pero se trata ahora de resaltar otra cosa: las condiciones de su actividad suponen cada año un ahorro para el sistema de servicios sociales, que se puede calcular en términos del costo de los puestos de trabajo que deberían sustituirlas en el SAD, centros de día y residencias.
Lo que las trabajadoras de hogar hacen no es solo cuidar en la dependencia. Según nuestras estadísticas, un 50% de las externas realizan trabajo doméstico sin responsabilidad sobre personas. Engrasan la maquinaria de la división social del trabajo, hacen más cómoda la vida de quien no quiere o tiene dificultad para realizar sus tareas domésticas y también se hacen cargo de resolver urgencias familiares, como la atención a criaturas cuando enferman o no van a centros escolares.
El Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, establece medidas que pretenden suavizar el impacto de la crisis del coronavirus en la economía de la gente asalariada. Ninguna se dirige al sector de hogar.
La situación creada por la pandemia, ha supuesto una oleada de suspensiones de contrato en el trabajo externo. Familias que ahora pasan todo el día en casa, han comunicado a la trabajadora que no hace falta que vaya, y los motivos son diversos. Porque el objeto del contrato ha desaparecido temporalmente al no salir los empleadores a sus propios trabajos, porque temen sufrir contagio por parte de quien tiene pluriempleo y pasa por varios domicilios…, temor que se acrecienta si en la casa hay alguien con una salud delicada, para quien la infección sería fatal.
En otros casos, se ha pedido a las trabajadoras reducir los días de trabajo para reducir los riesgos. Las soluciones están siendo diversas: se les mantiene el salario sin más, o con compromiso de recuperación de horas, o con adjudicación de este tiempo pagado al periodo de vacaciones. Otras veces, no se les sigue pagando.
Cuando suspender o reducir sea un interés de la trabajadora, que, o quiere protegerse a si misma ante la falta de elementos de seguridad, o necesita quedarse en casa cuidando de su gente, la parte empleadora se está negando a autorizar la ausencia en bastantes casos. A veces, por puro autoritarismo. Otras, porque el sistema de cuidado con el contrato de trabajo doméstico, en el que una persona individual cuida a otra, sin opción de reemplazo rápido, sin previsión de que la trabajadora tenga eso que se llama intereses y vida propia, conduce a la negativa. Es que ese sistema no sirve, no puede garantizar derechos.
En todos, absolutamente todos los casos en los que la parte empleadora decide suspender el contrato o reducir las horas por causas justificadas relacionadas con el coronavirus, la trabajadora no tendrá protección de ninguna clase. Una empresa solicitaría el visto bueno de la autoridad laboral y su plantilla cobraría la prestación de desempleo, con o sin cotización previa. No en hogar.
El RDL 8/2020 ha encontrado una solución que blindará a la gente asalariada frente a los despidos, al crear una nueva figura de reducción de jornada de hasta el 100% por cuidado de familiares, mientras dure la emergencia y con un preaviso de 24 horas. ¿Llamar reducción a una disminución de jornada del 100%? Pues sí, es que cuando se quiere proteger, todo vale. Los despidos realizados en esa coyuntura serán nulos, formalmente, también en hogar. Pero como aquí no hay readmisión, el blindaje no es tal y, perdonen que insista, en caso de despido no tendrán prestación de desempleo.
La prestación de desempleo en Sistema Especial de hogar está pendiente de reconocerse desde que en la Disposición Adicional segunda del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, se acordase constituir una comisión tripartita para estudiar la viabilidad de un sistema de protección por desempleo en hogar. El informe debía haberse presentado para el 31 de diciembre de 2012 y a la vista está que jamás hubo intención real de reconocer el derecho. Fue un gesto para la galería, efecto de la aprobación del C189 de la OIT en junio de 2011. El artículo 14 del Convenio exige aplicar progresivamente la equiparación en derechos de seguridad social, sin plazo. Así que, ahí tenemos el asunto, pendiente de estudio.
¿Qué habría que hacer en este mismo momento? Empezar por dejar de ignorarlas, en algunos casos es insultante. El Real Decreto Ley 8/2020 establece medidas de refuerzo de los servicios de atención a la dependencia como si fuese verdad que es de ellos de los que depende el grueso del cuidado en casa. Por otra parte, las instrucciones del “Documento técnico de recomendaciones de actuación desde los servicios sociales de atención domiciliaria ante la crisis por covid-19”, de 16 de marzo, de la Secretaría de Estado de derechos sociales, evita escrupulosamente citar su existencia, aunque sí se refiere al apoyo familiar y vecinal. No conozco la situación en otros lugares, pero en la Comunidad Autónoma Vasca las trabajadoras de hogar son el segundo recurso de cuidado tras la familia, muy por delante de los servicios públicos y concertados.
Es momento de dar instrucciones a las dos partes, y proporcionar a las trabajadoras medios de trabajo seguro, tanto a las que cuidan como a las que hacen trabajo doméstico en casa ajena. Viendo venir lo que se veía, no se les dijo a los empleadores que tenían que comprar equipos de protección. No es una petición excesiva, no todo el trabajo de hogar es igual, se pueden graduar necesidades: se propone contabilizarlas y ponerse a su disposición, no igual sino más que con el resto de los sectores, dado que son las únicas que no cuentan con el apoyo de servicios de prevención de riesgos laborales.
Es momento de afrontar el hecho de que una cantidad que no conocemos (porque no queremos) de trabajadoras que están atendiendo personas con gravísimas limitaciones para su autocuidado, no tiene papeles. Las que se queden ahora sin empleo no tendrán a mano las vías habituales de conseguir otro. Tienen que alcanzarles igual las medidas económicas que se articulen para personas con dificultades económicas en esta crisis, que deben ser muy rápidas.
Debería garantizarse que se suspende la aplicación de la Ley de Extranjería en relación con el empleo irregular, porque de lo contrario las trabajadoras seguirán sufriendo las consecuencias de que no se les quieran hacer los certificados que les permitan circular para ir al trabajo, y se verán más expuestas que nunca a la apertura de expedientes de expulsión que, aunque no prosperen, añaden angustia a la actual situación.
Como cualquiera se puede imaginar, la falta absoluta de reconocimiento y protección es un factor añadido de sufrimiento. Las trabajadoras no saben qué va a ser de ellas si no acuden a trabajar, si les suspenden el contrato, si les despiden y no pueden reclamar porque todo está parado. Deberían recibir la prestación de desempleo con las mismas condiciones y requisitos que el resto; si se ha llegado a este punto sin equiparación en derechos, por pura discriminación, es un momento para rectificar. Al resto de la gente trabajadora se le dará la prestación sin exigirles cotización previa. Quienes no estaban de alta en la Seguridad Social, deberían recibir prestaciones alternativas que no exijan alta ni situación regular.
En una crisis como esta, hay que atender primero a quienes menos reservas tienen para subsistir.
Quede claro que el contrato privado de trabajo doméstico no es una buena solución para el cuidado en casa, pero ahora se trata de destacar la deuda monetaria que existe con las trabajadoras, acumulada durante mucho tiempo. No necesito alegar derechos humanos ni laborales, me limito al asunto contable y este ángulo debería servir para decidir que es el momento de parar el expolio de la fuerza de trabajo en el empleo de hogar. Se lo tienen ganado, es eso.
Isabel Otxoa es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/trabajadoras-hogar-cuidados