El derecho al trabajo en España, como en el resto de la Unión Europea, no es igual para todos. El empleo precario afecta en especial a los inmigrantes, que los lleva a vivir en la pobreza, resta derechos como el acceso a la seguridad social y aumenta el riesgo de expulsión del país. Cifras hechas […]
El derecho al trabajo en España, como en el resto de la Unión Europea, no es igual para todos. El empleo precario afecta en especial a los inmigrantes, que los lleva a vivir en la pobreza, resta derechos como el acceso a la seguridad social y aumenta el riesgo de expulsión del país.
Cifras hechas públicas este viernes en España por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que 94.500 personas se sumaron en el primer trimestre de este año al universo de desempleados, que ahora se compone con 1,9 millones de personas, 8,62 por ciento de la población económicamente activa.
En comparación a igual período del año anterior, la desocupación masculina creció en este primer trimestre en 25.200 personas para completar 846.400, que equivalen a 6,81 por ciento de los activos, mientras que las mujeres sin trabajo aumentaron en 69.300 y así superar un millón, 12,2 por ciento de las activas.
Al respecto, el INE destaca que en el lapso estudiado se perdieron puestos de trabajo en la agricultura, la industria y la hostelería, mientras que se crearon en los de servicios y en la construcción.
En consecuencia, la cantidad de asalariados formales en enero, febrero y marzo en este país de 44,1 millones de habitantes llegó a 15,9 millones, de los cuales 10,6 millones tenían contrato por tiempo indefinido y el resto a término.
En ese contexto, la tasa de actividad de los extranjeros es de 76,28 por ciento, frente a 57,98 por ciento de la de los españoles, mientras que la tasa de desempleo de los primeros es de 12,33 por ciento, 3,26 puntos porcentuales mayor que la de los nacionales.
Organizaciones no gubernamentales indican que aún hay unos 700.000 trabajadores indocumentados en el país.
Estos datos dan la razón a sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de inmigrantes en sus reclamos de que buena parte de los extranjeros residentes en España trabajan con contratos a término o de modo informal, sin gozar de los derechos de la seguridad social y expuestos a ser expulsados cuando no cuentan con la documentación requerida.
Los contratos temporales hacen que a su término el trabajador quede fuera de la seguridad social, se interrumpan sus aportes jubilatorios y el cálculo para futuras pensiones, aunque mantiene el derecho a la atención en la salud pública. En España, los inmigrantes tienen acceso gratuito a este servicio.
Un nuevo acuerdo, que el gobierno, los sindicatos y empresarios esperan firmar la próxima semana, establece que los trabajadores que hayan encadenado dos o más contratos temporales durante más de 24 meses pasarán a ser considerados fijos y con derechos laborales totales.
La precariedad laboral de buena parte de los extranjeros en España llevó a que 10 organizaciones de inmigrantes, reunidos desde esta semana en la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine), pidan al gobierno la derogación de la Ley de Extranjería.
En su primer manifiesto público, la Ferine reclamó este viernes que se apruebe una nueva norma, en la que se reconozcan, entre otros, los derechos laborales para un millón de inmigrantes indocumentados, que según sus propios datos hay en el país.
También convocó para el próximo lunes, en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, a la manifestación prevista en el centro de Madrid, bajo el lema: «Queremos unirnos. Nativa o extranjera, somos la misma clase obrera».
Mostrando sensibilidad ante el problema, en una entrevista concedida días atrás al madrileño diario El Mundo, el jefe del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, anticipó que en la prevista reforma constitucional también se incluiría un punto referido a los inmigrantes, aunque no aclaró aún los alcances de los cambios previstos en este punto.
Respecto de esa promesa, el coordinador de la red Derecho a la Ciudadanía de la Plataforma Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, Miguel González, dijo a IPS que no se trata de reconocer un derecho más o uno menos.
Los inmigrantes «deben tener derecho a la ciudadanía, como los demás residentes en España, hayan nacido aquí o no, y gozar de los mismos beneficios ciudadanos», puntualizó.
Entre esos derechos, indicó, debe estar el de votar en todas las elecciones, no solamente en las municipales como pueden hacerlo en la actualidad, y todos ellos, «sólo aquellos inmigrantes que tienen sus papeles regularizados».
Por su parte, el presidente de Ferine, Víctor Sáez, recordó que en la actualidad hay en España un millón de personas sin regularizar, lo que significa que «tienen todos sus derechos conculcados, ya que no tienen acceso a un salario justo, a su reconocimiento social como persona porque no puede reagrupar a su familia, o a la jubilación por carecer de contratos de trabajo, aunque lo hagan de sol a sombra».
No obstante, mientras esta y otras organizaciones sociales reclaman derechos igualitarios para los inmigrantes, estén trabajando o desocupados, la situación de éstos sigue siendo regulada por la Ley de Extranjería, que estipula el envío de regreso a su lugar de origen de todo extranjero que no haya regularizado su situación o que ingrese al país sin contrato de trabajo y la visa consular correspondiente.
Al mismo tiempo, se mantiene una actitud social de rechazo que ha llevado a que los españoles consideren la inmigración como el segundo mayor problema, después del terrorismo, cuando «hace año y medio estaba en el séptimo lugar», afirmó Rodrigo Gavilán, portavoz de la no gubernamental Confederación Estatal de Policía.
Gavilán subrayó que, «si entrevistamos a cualquier persona en la calle y le preguntamos sobre la inmigración, lo único que sabe decir es que genera delincuencia, nos quita los puestos de trabajo y que están todos los días en los hospitales (atendidos por la seguridad social, aunque muchos de ellos no coticen por trabajar sin contratos)».
Sin embargo, un estudio sobre la situación de la Comunidad Autónoma de Madrid, elaborado por nueve profesores de su Universidad Autónoma (UNAM), contradice esa imagen.
El trabajo de la UNAM estableció que los inmigrantes radicados en esa comunidad al cierre de 2005 sumaban 950.000 personas, constituyendo 16 por ciento de la población, y 32 por ciento de ellos estaba en situación irregular. También concluyó que los extranjeros aportan 12 euros por cada uno que el erario de esa jurisdicción vuelca en ellos.
Los inmigrantes documentados producen cerca de 10 por ciento del producto interno bruto de Madrid, equivalente a 14.300 millones de euros (17.800 millones de dólares) en 2005, y contribuyen al fisco con 1.100 millones de euros (1.370 millones de dólares), aunque cobran 30 por ciento de salario menos que un español. Pero si la situación del extranjero es irregular, la diferencia con el nacido en el país llega hasta 50 por ciento.
En el caso de los inmigrantes indocumentados, sobre todo los que trabajan en el campo, las diferencias salariales son aún mayores, señaló un portavoz de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), una de las dos centrales sindicales mayoritarias y próxima al Partido Comunista.
Respecto del conjunto de las 17 Comunidades de España, el informe destaca que uno de cada seis puestos de trabajo es ocupado por inmigrantes, en su gran mayoría latinoamericanos, pero que sólo uno de cada tres dispone de un contrato en regla.
Ante esta precaria situación, la CCOO y la otra central mayoritaria, la socialista Unión General de Trabajadores (UGT), han condicionado una solución al respecto para luego finiquitar el acuerdo laboral que se debate desde hace una año con la patronal y el gobierno, que se espera firmar la próxima semana,
El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, señaló este viernes que antes de suscribir cualquier acuerdo se debe alcanzar la legalización de todos los trabajadores en España y limitar el encadenamiento de contratos laborales, que consideran abusivo.
De igual manera, en un comunicado emitido en ocasión del 1 de Mayo, CC.OO destacó que «la precariedad del mercado laboral sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país, que permanece a la cabeza de la Unión Europea con el índice de temporalidad más alto, un fenómeno que afecta de manera especial a mujeres y jóvenes, agravado con la incorporación masiva de la inmigración al mercado de trabajo».
Las dos centrales sindicales ratificaron que también trabajarán conjuntamente para «eliminar el drama social de muertes y sufrimientos que acompañan a las personas que emigran en condiciones de máximo riesgo desde los países africanos, así como la explotación ejercida por mafias en los procesos migratorios».
Con ese objetivo, CCOO y UGT convocaron a las manifestaciones previstas para este lunes en 46 ciudades tras la consigna «Por la paz, empleo estable en igualdad».
Los dirigentes sindicales subrayan en el llamado «una severa advertencia» a las instituciones internacionales y a los gobiernos democráticos, para que se corrija el proceso global de la economía que, sostienen, «propicia la ausencia de respeto de los derechos humanos básicos» en algunos lugares del mundo.
Reclaman, especialmente, el cese de la temporalidad laboral.