Acaba de aparecer el libro Sanfermines de 1978, los victimarios. Sin Permiso entrevistó a su autor, Sabino Cuadra Lasarte, abogado y diputado por Amaiur en el Congreso español entre 2011-2015, activista en el ámbito memorialista en Sanfermines 1978: gogoan! y en CeAqua (Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina). Entre otras cosas. “La historia oficial […]
Acaba de aparecer el libro Sanfermines de 1978, los victimarios. Sin Permiso entrevistó a su autor, Sabino Cuadra Lasarte, abogado y diputado por Amaiur en el Congreso español entre 2011-2015, activista en el ámbito memorialista en Sanfermines 1978: gogoan! y en CeAqua (Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina). Entre otras cosas.
“La historia oficial de la transición que nos han vendido no es sino una patraña. Nos siguen diciendo que fue un proceso pacífico y ejemplar, tejido con el esfuerzo, inteligencia y buen hacer de unos pocos y hábiles protagonistas”.
«Triunfó finalmente el proyecto de la reforma, canalizado inicialmente a través de los Pactos político-sociales de la Moncloa y la Ley de Amnistía, ambos de octubre de 1977. Con los primeros se encarriló el potente movimiento obrero por las vías de la concertación y la aceptación compartida de la crisis económica que entonces se vivía. Con la segunda, auténtica Ley de Punto Final, se cerraron las puertas a poder exigir responsabilidad alguna por los crímenes franquistas: asesinatos, desapariciones, torturas, cárcel, trabajo esclavo, violaciones…»
Sin Permiso (SP): Para empezar, y habida cuenta de que no ha habido ni hay mucha información sobre los sucesos de Sanfermines de 1978, sino más bien silencio, ocultación y desinformación, ¿podrías contarnos qué es lo que sucedió en Iruñea-aquel 8 de julio?
Sabino Cuadra (SC): Sí, como no. Aquel 8 de julio, sábado, tras terminar la corrida de toros, unos jóvenes bajaron al ruedo con una pancarta en demanda de amnistía y unos sanfermines sin presos. Desde uno de los tendidos, varias personas arrojaron algunas botellas contra ellos, originándose una pequeña pelea entre aquellas y los jóvenes. Esto fue la excusa que se dio para justificar la entrada en tromba en la plaza de varias decenas de policías, golpeando con sus porras y disparando pelotas de goma contra los cientos de personas que habían bajado a la arena para la tradicional salida conjunta de las peñas por el callejón. En la plaza había alrededor de 20.000 personas.
Desde los tendidos se respondió arrojando a la policía almohadillas, restos de merienda y botellas. La policía disparó entonces botes de humo y gas e hizo uso de sus pistolas. En la enfermería de la plaza fueron atendidas tres personas con heridas de bala y varias decenas más con fracturas diversas, contusiones por pelotazos, síntomas de asfixia, …. La gente huyó de la plaza como pudo, en tromba, espantada y aterrorizada, pero en la calle le espera más de lo mismo. Una veintena de furgonas policiales se habían situado junto a la plaza desde antes de la corrida, triplicando el número habitual de agentes. Entre ellos se encuentra una compañía especial de antidisturbios llegada desde Logroño.
El Casco Viejo y el Ensanche de Iruñea se convirtieron en un campo de batalla en el que las fuerzas eran muy desiguales. Cientos-miles de personas hicieron frente a la policía con lo único que tenían, sus manos, cruzando coches, haciendo barricadas y lanzando piedras y botellas. Pero la jauría policial atropella a la gente con sus furgonas, dispara pelotas de goma, botes de gas y humo, y hace uso de sus pistolas y subfusiles. Según el propio Informe policial oficial, esa noche se dispararon 4.153 pelotas de goma, 657 botes de humo, 1.138 botes lacrimógenos y 134 balas de munición real. En realidad, se disparó mucho más. Sirva como ejemplo decir que en el lugar donde la policía asesinó a Germán Rodríguez se hallaron alrededor de 30 impactos de bala en coches, árboles, comercios, casas…La policía, sin embargo, negó que allí hubiera disparado en toda la noche. ¿Quién si no? Además, los impactos estaban a una altura de entre 0,90 y 2,30 metros. Es decir, se disparó a matar. El día siguiente un aficionado grabó de la emisora policial esta orden: “Disparar con todas vuestras energías y lo más fuerte que podáis. ¡No os importe matar!”.
Un joven asesinado en Iruñea, Germán Rodríguez; otro más en Donostia, Joseba Barandiarán, en una manifestación de solidaridad; 11 personas heridas de bala y más de 300 atendidas en centros hospitalarios. La ciudad quedó arrasada, las fiestas reventadas. Se trató de una agresión indiscriminada y criminal. Algo que, además, no fue casual, sino premeditado. Así lo afirmó aquellos días la Comisión Investigadora de la Ciudad de Pamplona, formada por el propio ayuntamiento de la ciudad, 17 partidos políticos demócratas, nacionalistas y de izquierdas, todas las centrales sindicales y distintas entidades ciudadanas, barriales, feministas y juveniles. La Comisión afirmó igualmente que no se trató de un hecho aislado, sino que tenía que ver con crímenes similares ocurridos en Gasteiz (3 de marzo de 1976), Montejurra (mayo de 1977), y en otros lugares del Estado: Málaga, Tenerife, Alicante, Barcelona, Bilbao, Rentería…. En definitiva, detrás de todo aquello había una política de Estado amparada por el Gobierno de Adolfo Suárez.
La versión oficial de lo sucedido la dio de Martín Villa, entonces ministro del Interior, en una entrevista realizada aquellos días ante TVE: “Lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes”, sentenció. Y la judicatura franquista, recién convertida a la democracia, dijo amén y desestimó y archivó todas las querellas que entonces se interpusieron por los familiares de Germán Rodríguez y distintos partidos políticos. “Roma locuta, causa finita”. Y así hasta hoy, 47 años de impunidad total.
SP: Este es un libro que, a partir de los sucesos de los Sanfermines de 1978, en el que la policía asesinó a Germán Rodríguez, se explica parte de la Transición española que para algunos sigue siendo un modelo de cambio de una dictadura sangrienta a una democracia estándar. ¿Cómo lo explicarías resumidamente?
SC: La historia oficial de la transición que nos han vendido no es sino una patraña. Nos siguen diciendo que fue un proceso pacífico y ejemplar, tejido con el esfuerzo, inteligencia y buen hacer de unos pocos y hábiles protagonistas, todos ellos varones (Juan Carlos, Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo..) Se oculta así el protagonismo decisivo de los movimientos obrero, estudiantil, vecinal, nacionalista, feminista…, que fueron quienes, a pesar de la brutal represión que sufrieron, lograron con sus movilizaciones y huelgas conquistar espacios cada vez mayores de libertad y arrancar los derechos democráticos y sociales negados por el franquismo.
En aquellos años, dos grandes proyectos políticos globales estaban en pie. El primero era el de la reforma del franquismo, abierto sobre todo tras la muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos como rey, ambos en noviembre de 1975. Este proyecto se aceleró con la llegada al gobierno de Adolfo Suárez, en julio de 1976. Su objetivo era, en grandes líneas, el mantenimiento de los principales poderes que sustentaron el franquismo (Ejército, Policía, Judicatura, Iglesia, gran capital…), y como contrapartida a su aceptación, el régimen estaba dispuesto a acordar unos cambios que permitieran el ejercicio de unas libertades democráticas homologables en el ámbito europeo.
Por otro lado estaba el de la ruptura democrática, defendido por la práctica totalidad de los partidos de izquierda, nacionalistas y democráticos, fuerzas sindicales y sociales. Estas planteaban cortar amarras con los pilares del franquismo, reivindicando la República, el derecho de autodeterminación, la depuración del Ejército y la Policía, la separación de la Iglesia y el Estado, la amnistía y derogación de las leyes y tribunales de excepción y, finalmente, la adopción de medidas contra los poderes económicos que habían sido soporte y, a su vez, grandes beneficiarios del régimen franquista.
Sin embargo, a partir de 1974, las distintas plataformas y coordinadoras formadas por el grueso de la oposición antifranquista (Junta Democrática, Convergencia Democrática, “Platajunta”, Plataforma de Organismos Democráticos…) fueron diluyendo sus contenidos hasta convertirse en instrumentos, no de ruptura, sino de consenso con el régimen y, en sus últimos momentos, ya en 1977, de meros acompañantes críticos a las iniciativas marcadas por el gobierno de Adolfo Suárez.
Triunfó finalmente el proyecto de la reforma, canalizado inicialmente a través de los Pactos político-sociales de la Moncloa y la Ley de Amnistía, ambos de octubre de 1977. Con los primeros se encarriló el potente movimiento obrero por las vías de la concertación y la aceptación compartida de la crisis económica que entonces se vivía. Con la segunda, auténtica Ley de Punto Final, se cerraron las puertas a poder exigir responsabilidad alguna por los crímenes franquistas: asesinatos, desapariciones, torturas, cárcel, trabajo esclavo, violaciones…
La aprobación de la Constitución, en diciembre de 1978, sería la consagración de este proceso. Con ella, de la República reivindicada se pasó a aceptar la Monarquía heredera de Franco; de la exigencia del derecho de autodeterminación, a la afirmación de la unidad indivisible e indisoluble de España y su soberanía única; de la disolución de los cuerpos represivos (Policía, Guardia Civil) y la depuración del Ejército, a la aceptación plena de su continuidad; del laicismo proclamado, al mantenimiento de los privilegios de la Iglesia Católica… Junto a ello, hubo algunas reivindicaciones, como las feministas, que nunca hubo que aparcar, porque nunca entraron en el orden del día de las distintas plataformas, negociaciones y pasilleos que tanto pulularon durante la Transición.
Y es ahí, en el juego del palo y la zanahoria, donde hay que situar hechos como los de los sanfermines de 1978 y toda la represión utilizada durante la transición; fusilamientos de noviembre de 1975; el 3 de marzo de 1976, en Gasteiz; los asesinatos de Montejurra, en 1976; los de la II Semana pro-amnistía en Euskal Herria, en 1977; la semana negra madrileña, ese mismo año; así como toda una larga lista de crímenes policiales: Málaga, Tenerife, Ondarribia, Alicante, Barcelona, Rentería, Vigo… Todo lo anterior, al igual que lo que sucedió en los sanfermines, no fueron hechos casuales ni aislados, sino que formaban parte de una política de Estado que buscaba obligar a las fuerzas de la oposición antifranquista a abandonar sus exigencias rupturistas y aceptar la reforma franquista ofertada por el gobierno de UCD. No eran meros “coletazos” del antiguo régimen, sino parte de una estrategia del Estado y su Gobierno tendente a modificar el marco de confrontación política y social y acomodarlo mejor a sus proyectos.
SP. Una de las grandes diferencias que mencionas en el libro es la depuración de los cuerpos policiales, militares y judiciales en la revolución portuguesa de los Claveles. Y la más absoluta ausencia de nada parecido en la Transición española.
SC: Efectivamente. El 25 de abril de 1974 se dio en Portugal la llamada revolución de los claveles, encabezada principalmente por jóvenes capitanes del ejército hartos ya de décadas (48 años) de dictadura fascista, militarista y colonialista. Una de las primeras medidas adoptadas por la Junta de Salvación Nacional que accedió entonces al poder, fue disolver la PIDE (Policía Internacional y de Defensa del Estado), el equivalente a la franquista BPS (Brigada Político-Social). Sus máximos responsables y confidentes fueron arrestados y se depuraron sus filas. De sus 4.418 agentes, 2.323 fueron juzgados por su participación en la represión de la dictadura, siendo condenados 344 de ellos. En el Ejército, igualmente, se realizó una amplia depuración de sus elementos fascistas, empezando por el propio generalato que fue cesado y retirado de sus cargos. Algo similar se dio en el conjunto de la Administración, donde en los años siguientes una Comisión especial nombrada al efecto procedió a depurar a unas 12.000 personas.
Pero la ruptura no se dio únicamente en el ámbito político, sino también en el social. La banca fue nacionalizada, así como gran parte de la gran industria, iniciándose también un proceso de reforma agraria. Buena parte de su industria fue igualmente depurada y sus direcciones fueron destituidas, implantándose en ellas el control obrero de su producción. En el campo y las ciudades se produjeron a la par un incontable número de ocupaciones de fincas y propiedades, que pasaron a ser gestionadas por la población.
Mientras tanto, la dictadura franquista se vaciaba y aislaba políticamente cada vez más, entrando en una fuerte crisis. El fuerte movimiento obrero y estudiantil golpeaba cada vez más a un régimen cuya principal arma residía ya únicamente en el respaldo del Ejército y la represión policial. Pero incluso ahí se comenzaban a ver fisuras. A imitación del MFA portugués (Movimiento de las Fuerzas Armadas) impulsor del golpe, se creó en el seno del Ejército español la UMD (Unión Militar Democrática), integrada por militares antifranquistas. La muerte de Carrero Blanco, en diciembre de 1973, y la larga enfermedad y muerte de Franco en noviembre de 1975, aceleró todo lo anterior. Lo que en años anteriores había sido una sucesión in crescendo de grietas en el régimen, se convirtió ahora en un resquebrajamiento general del mismo.
Salvando las diferencias, el ejemplo portugués mostraba qué es lo que podía ocurrir caso de mantener el régimen franquista bajo los mismos parámetros políticos sobre los que se había asentado en los últimos años. Sectores del propio régimen comenzaron a ver así la necesidad de introducir cambios en el mismo que aliviasen las tensiones y conflictos existentes y los encauzasen de una manera más “moderna” y “civilizada”. Alimentando lo anterior se encontraba asimismo la Secretaría de Estado de EEUU, dirigida por Henry Kissinger, que temía que la desestabilización generada por la revolución portuguesa pudiera extenderse al estado español, pieza esta de un importante valor geo-estratégico. En definitiva, se trataba de impulsar un proceso de cambio sustentado en el guion de la novela “El Gatopardo”, a fin de que todo cambiase (libertades democrático-formales) para que todo continuara igual (monarquía, ejército, policía, unidad patria, banca…). Dicho de otra manera: reforma amplia de chapa y pintura, pero manteniendo íntegro del motor franquista.
Éste era el modelo de transición ofertado, en el que el mantenimiento de una dura represión contra todo lo que excediera de sus límites ocupaba un lugar esencial.
SP: La Ley de Amnistía, de octubre de 1977, es analizada en distintos momentos de tu libro. Sigue siendo una barrera para poder juzgar a representantes del régimen franquista que siguieron siendo políticos decisivos en el régimen del 78. Destaca como responsable de las muertes de varios militantes antifranquistas Martín Villa. ¿Puedes explicar la importancia de esta barrera?
SC: En los años anteriores a la aprobación de esta ley, la amnistía defendida por la oposición antifranquista se refería exclusivamente a la puesta en libertad, sin excepción alguna, de toda la militancia antifranquista aún encarcelada, así como a la anulación de las leyes y tribunales que habían posibilitado su detención, condena y encarcelamiento. Sin embargo, el texto legal de la amnistía acordada amparaba además a decenas de miles de responsables de los crímenes franquistas: asesinatos, torturas, desapariciones, cárcel, trabajo esclavo, violaciones, vejaciones sexuales, exilio, expolio patrimonial… Fue así una ley de punto final ante cualquier posible exigencia de responsabilidades y justicia por los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo y sus ejecutores.
A pesar de ello, la gran mayor parte de la oposición (PCE, PSOE, PSP, PNV, …) terminaron bendiciendo el proyecto del gobierno de UCD. Se trataba así, dijeron como justificación, de “reconciliarse” y “mirar hacia adelante, no hacia atrás”. Muy significativas -el resto no se quedó atrás- fueron las intervenciones de Marcelino Camacho (PCE) y Xabier Arzalluz (PNV). El primero, tras resaltar que aquella Ley era el resultado de la política de reconciliación impulsada por su partido desde los años 50, añadió: “Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?”. Por su parte Arzalluz afirmó con contundencia que para su grupo la ley “es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos… pues no vale en ese momento aducir hechos de sangre, porque hechos de sangre ha habido por ambas partes. Olvidemos, pues, todo”. Se ponía así en pie de igualdad a quienes dieron el golpe de estado militar-fascista del 18 de julio y a quienes defendieron la legalidad republicana atacada; a quienes mantuvieron una dictadura criminal durante 40 años y a quienes se enfrentaron a ella.
Y como se trataba, no solo de reconciliarse, sino del imponer también el olvido, dos meses después, en diciembre de 1977, el Gobierno aprobó la Orden sobre “inutilización administrativa, archivación y expurgo de los archivos de las Direcciones Generales de Seguridad y de la Guardia Civil de antecedentes relativos a actividades políticas y sindicales legalmente reconocidas”. Es decir, no bastaba con amnistiar a los criminales, sino que también había que borrar sus huellas, sin dejar rastro de sus crímenes.
Martín Villa fue quien impulsó desde su Ministerio del Interior el proyecto de Ley de Amnistía. Tan satisfecho quedó de ella que en una visita a Iruñea realizada en 2024, llegó a decir, sin cortarse un pelo, que “la amnistía fue lo mejor que tuvo la Transición española. Si me apuran, mejor que la Constitución”. Según afirmó Oscar Alzaga, compañero suyo en la dirección de UCD, él fue también el responsable de la desaparición de millones de documentos policiales llevados en camiones “hasta la sede central de la Guardia Civil, donde se instaló una gran caldera para su quema”.
La obra de Martín Villa durante la transición no se quedó en lo anterior. Él fue responsable principal de la misión de trasladar el aparato represivo franquista en su integridad al nuevo régimen “democrático”, sin que éste sufriera prácticamente cambio alguno. A su cargo estuvo así, no solo la Ley de Amnistía y la Orden antes comentadas, sino también la conversión del anterior Tribunal de Orden Público en la nueva Audiencia Nacional, a la que fueron a ir a parar la gran mayor parte de sus jueces, fiscales y personal. Una Ley Antiterrorista amplió hasta 10 días el plazo de incomunicación en el que podían estar las personas detenidas, así como la entrada en los domicilios particulares sin autorización judicial alguna. Por último, durante su mandato se aprobó también la Ley de Policía en la que el cambio más significativo realizado fue el del color del uniforme policial que pasó del gris (los “grises”), al marrón (los “maderos”), sin que se practicara en el cuerpo depuración alguna ni fueran modificadas sus funciones anteriores. Martín Villa fue así uno de los personajes claves de la transición. Tanto es así que fue la única persona que ocupó cargo como ministro en todos los gobiernos de la transición, tanto en el de Arias Navarro, como en los tres de Adolfo Suárez y en el último de Calvo Sotelo. Por algo sería.
SP: Ningún gobierno, ni del PP, ni del PSOE, ni el actual, ha querido desclasificar la documentación que permitiría conocer con más detenimiento muchas actuaciones represivas contra la resistencia antifranquista. Una cuestión de derechos humanos. Javier Bolaños, en representación del gobierno de Sánchez adujo “razones de seguridad nacional”, sin la menor indicación de qué podría atentar contra esa “seguridad nacional”. Puedes exponer de dónde procede esta ley que ha impedido esta desclasificación tantas veces pedida por víctimas y familiares de personas asesinadas y torturadas?
SC: Tal como te he señalado, no solo no ha querido desclasificar la documentación referida al régimen franquista, sino que ha destruido buena parte de la misma. De todos modos, para redondear esta labor de borrado y silenciamiento de su historia, el actual régimen ha mantenido en vigor la vieja ley franquista de secretos oficiales de 1968. Desde entonces, a pesar de que el PSOE ha dirigido el gobierno durante 28 años, incluido algunos con mayoría absoluta, este partido no ha querido abrir la caja de los horrores que, aún hoy, podría derivarse de la apertura de los archivos del ministerio del Interior, Defensa, Presidencia… La negativa ha sido total a que el pasado del franquismo, la transición, y también el nuevo régimen, pueda ser analizado por partidos políticos, grupos sociales, historiadores, periodistas y cualquier persona interesada. Y si de esto no ha estado interesado el PSOE, ¿qué decir del PP y de lo que pueda venir?
Digamos a estos efectos que siempre que nuestra asociación Sanfermines 78: gogoan! ha solicitado de la Administración la aportación de la documentación existente en sus archivos relativa a los sucesos de sanfermines de 1978, la respuesta recibida no ha sido la de decirnos que esa documentación se encuentra clasificada y que no pueden entregarla por esa razón, sino que, simplemente, esa documentación no existe. Y no solo nos ha dado a nosotros esa respuesta, sino también a distintos grupos parlamentarios que la han solicitado. Pues bien, caso de ser verdad lo anterior, que lo dudamos, ¿quiénes son los responsables de que esta documentación haya desaparecido?, porque existe constancia de que la misma ha existido en algún momento.
En fechas recientes, los familiares de Mikel Zabalza, joven asesinado en el cuartel de la guardia civil de Intxaurrondo en 1985, se han dirigido al gobierno solicitando la desclasificación de la documentación relativa a la detención, interrogatorio y muerte de Mikel, sin que el gobierno haya accedido a ello. Argumenta para ello que tan solo lo hará si se lo piden los tribunales. Lo que ocurre es que los tribunales archivaron en su día la querella presentada por esos mismos familiares por entender que no existían pruebas suficientes para dar continuidad al proceso. O sea, la pescadilla que se muerde la cola: tal para cual.
De todos modos, la ley de secretos oficiales no impide en modo alguno que el gobierno, si así lo considera, pueda desclasificar cualquier tipo de documentación. Así lo dispone su artículo 7 al afirmar que la cancelación de cualquiera de las clasificaciones realizadas podrá acordarse por el mismo órgano que las hizo. Es decir, si el gobierno no desclasifica una documentación, no es porque la ley se lo impide, sino porque no le da la gana. Y punto. Y esa falta de ganas tiene que ver con su voluntad de seguir amparando la impunidad para con los crímenes del franquismo, la transición y también la de esta llamada “democracia”. Señalemos por último que la aprobación de la actual Ley de Memoria Democrática, de 2022, fue una excelente ocasión para acometer la reforma o derogación de la Ley de Secretos Oficiales, pero, a pesar de las enmiendas presentadas en ese sentido por distintos grupos, el gobierno no aceptó ninguna de estas peticiones.
SP: El libro acaba con esperanza. ¿Está justificada?
SC: Por supuesto. Hemos chocado cien veces con el muro de la impunidad levantado por el gobierno y la judicatura, pero también es cierto que se van obteniendo resultados positivos. El primero y principal es el de comprobar cómo la memoria referida a los crímenes de sanfermines de Iruñea, o los del 3 de marzo de Gasteiz y otros muchos, sigue viva y presente en nuestro pueblo. El trabajo incansable realizado ha dado sus frutos. Junto a ello, en el ámbito institucional, tanto el Ayuntamiento de Iruñea como el propio Parlamento de Nafarroa han apoyado nuestras distintas iniciativas, querellas incluidas, denunciando aquel crimen y exigiendo justicia. Hace tan solo unos días, el Ayuntamiento de Iruñea ha reclamado del gobierno del PSOE el reconocimiento de la responsabilidad principal y directa del Estado en el crimen de los sanfermines de 1978 y exigido una declaración al respecto, al más alto nivel, por parte de su presidente Pedro Sánchez. Se acerca por último el 50 aniversario de aquellos hechos, en 2028, y ya tenemos preparada una larga serie de iniciativas de sensibilización y movilización en todos los ámbitos, tanto institucionales como sociales. Ese año queremos dar un salto importante de cara a lograr verdad, justicia y reparación.
Mientras tanto, en la querella argentina, Martín Villa sigue estando imputado por doce presuntos asesinatos, entre ellos el de Germán Rodríguez, y seguimos confiados en que próximamente puedan darse novedades positivas de cara a su procesamiento y juicio. Junto a ello, por primera vez en las últimas décadas, un Juzgado, el de Elda, Alicante, ha admitido a trámite la querella presentada por el asesinato policial del joven de 20 años, Teófilo del Valle, durante la huelga del sector del calzado en aquella localidad, en 1976. No solo eso, sino que ha llamado a declarar Martín Villa, al que se señala como responsable político en aquella actuación criminal. Nunca ningún Juzgado había hecho nada parecido.
En Chile, en 2023, año en el que se cumplía el 50 aniversario del golpe de estado de Pinochet, la Justicia dictó sentencia por el secuestro y asesinato policial del cantante Víctor Jara, condenando a seis exmilitares y un exfiscal a distintas penas de cárcel. Se ponía fin así a la pelea legal de varias décadas llevada a cabo por su compañera, Joan Turner. Su tenacidad y la de todas las personas que la acompañaron hicieron posible lo que en un principio fue valorado como utópico o imposible.
Hay pues motivos para la esperanza, por supuesto.
Fuente: https://www.sinpermiso.info/textos/transicion-sanfermines-de-1978-y-martin-villa