Las cosas no han sido como «debían ser». O, al menos, como los «expertos» pronosticaron que «iban a ser». La mayoría de los narradores de «la transición en Cuba» concibieron el inicio de tal proceso a partir de la muerte de Fidel Castro. Casi siempre el deceso del Comandante guerrillero venía asociado a un proceso […]
Las cosas no han sido como «debían ser». O, al menos, como los «expertos» pronosticaron que «iban a ser». La mayoría de los narradores de «la transición en Cuba» concibieron el inicio de tal proceso a partir de la muerte de Fidel Castro. Casi siempre el deceso del Comandante guerrillero venía asociado a un proceso de fractura dentro de la élite de poder cubana. La transición debía partir de «X» y arribar a «Y»; para ser legítima debía incluir a un grupo muy claro de actores sociales y políticos; debía hacer avanzar al país hacia una economía de mercado y un sistema multipartidista; el arribo al escenario anterior daría por consumada «la reconciliación nacional» y, entonces, Estados Unidos podría levantar el dispositivo de sanciones contra la Isla. La más pintoresca de todas estas «novelas de la transición» fue aquella que, a inicios de los años 2000, tras una hipotética muerte de Fidel, ponía al general Ramón Espinosa Martín (en aquel entonces al frente del Ejército Oriental) dialogando en secreto y pactando con Estados Unidos un ajuste político en la Isla y poniendo a los tanques orientales camino a la capital de la República.
No han faltado tampoco, dentro y fuera de la Isla, quienes imaginaron «el cambio» como un calco de lo ocurrido en Chile o en España. De hecho, han sido esos los dos procesos transicionales más estudiados y vinculados a un análisis comparado con el caso cubano. A tal punto llegaron las comparaciones que el propio ex-presidente Fidel Castro, en una cena ofrecida en el Palacio de la Revolución en honor de Abel Matutes (en aquel entonces ministro de Relaciones Exteriores de José María Aznar, presente en La Habana junto a una delegación de alto nivel de empresarios y políticos españoles) llegó a decir a todos los presentes, casi al final del convite, que «seguramente en esa misma sala estaba cenando junto a ellos el Adolfo Suárez cubano». Me cuenta uno de los presentes que el chiste de Fidel causó risas atronadoras por parte de los españoles, y un silencio sepulcral por parte de los cubanos.
Uno de los esfuerzos más importantes «pro-transición» (hacia el capitalismo) de finales de los años 90 e inicio de los 2000 trató de vincular dicho proceso con una agenda de «reconciliación nacional». Precisamente en esa década ven la luz importantes reflexiones intelectuales (dentro y fuera de la Isla) que intentan «narrar», desde perspectivas polarizadas, el conflicto armado acaecido en la Isla entre los años 1960 y 1965. Desde el bando de los «vencidos» (sectores políticos del exilio cubanoamericano y de la Iglesia Católica), provino la construcción de un relato de «reconciliación nacional» que implicó realizar lecturas del pasado y del presente cubano, para desde allí poder mirar al futuro. Un acercamiento al fenómeno, desde toda su complejidad, requiere reconocer, al menos, dos elementos centrales: a) por un lado, la disposición sincera y legítima de personas concretas de asumir la vía del diálogo, el encuentro y el consenso como un camino para reconstruir sus relaciones personales y políticas con su Patria (con el Gobierno cubano incluido) y, por otro, 2) asumir que la narrativa de la «reconciliación nacional» fue también, en la práctica, parte orgánica de un proyecto mayor: la aspiración de sectores del exilio cubanoamericano y de algunos poderes atlánticos de una re-construcción post-comunista y post-castrista de la República de Cuba, desde las coordenadas del neoliberalismo en boga de los 90.
Sin embargo, la llegada de Raúl Castro al poder, con su agenda reformista en materia económica y a favor de normalizar las relaciones con Estados Unidos, modificó la hoja de ruta «reconciliadora». En la práctica, la lucha por la consolidación del restablecimiento de relaciones entre la Isla y Estados Unidos, se convirtió (más allá de la voluntad explícita del Gobierno cubano) en una meta concreta «reconciliadora y aglutinante» para actores sociales y políticos ideológicamente diversos y dispuestos al diálogo, el encuentro y el consenso; en Cuba y en el exilio. Aunque «la reconciliación entre cubanos» nunca estuvo en la agenda del gobierno de la Isla mientras duraron las negociaciones entre ambos países, la vida impulso dinámicas relacionales entre personas de ambas orillas, que facilitó sinergias de entendimiento y cooperación desde las diferencias.
«Transición en el socialismo», lo han llamado recientemente los intelectuales criollos desde las páginas de la revista Temas (las propuestas más sólidas de transición en el socialismo las hicieron los intelectuales aglutinados en el Centro de Estudios de América CEA); «transición a la democracia» afirman los adversarios políticos de La Habana; «actualización del modelo social cubano», dice el Gobierno insular. A la altura del mes de marzo del año 2017, tras el fallecimiento del ex-presidente y Comandante Fidel Castro, y del casi seguro retiro (dentro de un año) de su hermano Raúl Castro, el país está abocado a acometer sustanciales transformaciones, a institucionalizar un verdadero «cambio de época». La vida lo impone.
¿Qué sabemos de las intenciones del Gobierno cubano de cara al 2018? Pues sabemos que en el futuro tendrá lugar en el país una reforma constitucional (pero no tenemos idea de cómo será dicho proceso, ni cómo podrá participar (o no) la sociedad civil). Sabemos que el Gobierno avanza hacia algo parecido a una «reforma política», donde la dinámica parlamentaria será transformada en varios sentidos: a) tendremos menos diputados (actualmente son 612 y el hemiciclo de la Cámara de Representantes, donde sesionará la nueva Asamblea, en el Capitolio nacional, tiene menos de 200 escaños), b) se aspira a un parlamento más plural (aquí no sabría decir qué podría entender el Gobierno cubano por «más plural») y c) se aspira a una profesionalización del quehacer de los diputados. Se ha dicho públicamente que tendremos una nueva Ley Electoral, de la cual solo conocemos que los mandatos, en todos los niveles del Estado, han sido limitados a dos períodos de cinco años cada uno. También tenemos noticias de que se quiere avanzar, en todo el territorio nacional, hacia una descentralización efectiva de la dinámica sociopolítica y económica de los municipios cubanos (esto último constituye un viejo sueño de la Segunda República, consagrado incluso en la Constitución del 40; y, además, existe un «experimento» al respecto en las provincias de Artemisa y Mayabeque). Sabemos que el presidente Raúl Castro quiere retirarse el 24 de febrero de 2018 (algunos opinan que se quedará como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba), y que Miguel Díaz-Canel Bermúdez es la persona designada para sustituirlo al frente de los Consejos de Estado y de Ministros. Estas cosas que sabemos, funcionan al modo de pequeñas luces que parpadean envueltas de una densa niebla; que solo nos permite un conocimiento fragmentario de la orientación y la profundidad de las intenciones del Gobierno cubano.
Sabemos que el contexto donde deben ocurrir dichos cambios trascendentales es el peor de los últimos 15 años: a) la crisis venezolana, asociada a los bajos precios del petróleo, ha puesto en jaque el crecimiento del PIB cubano, b) Cuba ha perdido a sus principales aliados políticos en América Latina, producto de la ofensiva de «las derechas» en el hemisferio, c) en medio de la crisis económica, y producto de la renegociación de la deuda externa con el Club de París, México, Japón, etc., hemos tenido que comenzar a pagar cuantiosas sumas de divisas a nuestros acreedores internacionales, d) el triunfo electoral de Donald Trump ha estremecido al mundo e impactará, inexorablemente, sobre el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, e) el dispositivo del embargo/bloqueo volverá a ser utilizado como cabeza de lanza por sectores políticos cubanoamericanos en su afán de «aplastar» al «régimen cubano», f) los sectores anti-embargo (en Miami y Washington) parecen aturdidos y dispersos ante la nueva coyuntura y g) el cansancio parece ser el signo distintivo en sectores importantes de la ciudadanía en la Isla (sobre todo entre los más jóvenes).
¿Qué elementos (de sentido común) deben estar siendo valorados internamente por el Gobierno cubano (y que no aparecen explicitados en su discurso público)? Sea quien sea el que asuma el liderazgo político de Cuba después de Raúl Castro, y desee afianzarse efectivamente en «el sillón de la hegemonía» (como diría mi buen amigo Víctor Fowler), deberá afrontar cuestiones ineludibles de cara al futuro. En manos de «esa persona» (incluso dando por hecho que podríamos tener un liderazgo más «colegiado»), quedará el desafío de destrabar el nudo gordiano de la reforma económica cubana: la dualidad monetaria, con sus implicaciones en materia de estabilidad económica y social. Tendrá que decidir cómo redimensionar la gran empresa estatal socialista, y deberá esbozar los marcos de una nueva estrategia de inserción internacional para Cuba (tanto para el sector público como para el privado). Deberá lograr cifras de inversión extranjera directa (IED) por encima de 2,000 o 2,500 millones de dólares anuales para garantizar un crecimiento del PIB del 5 al 7 por ciento cada año. Y deberá hacer lo anterior a la vez que guarde el equilibrio político necesario para no ceder en demasía cuotas de soberanía nacional, ni ceder un milímetro ante los potenciales reclamos de desmantelar los servicios de cobertura universal conquistados por la nación cubana. Deberá edificar un complejísimo liderazgo sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Órganos de la Seguridad del Estado, el PCC y sobre una sociedad cada vez más transnacionalizada y plural. A la vez que reconstruya el consenso político en el país, tendrá que lidiar con la incapacidad del PCC para, sobre la base de un nacionalismo de matriz abierta, convertirse en una fuerza centrípeta que aglutine bajo su armadura institucional un sistema de tendencias políticas comprometidas con la soberanía nacional, el desarrollo económico, la justicia social y una democratización política «a la cubana». Deberá lidiar con los poderes norteamericanos (con los poderes «blandos» y con los poderes «duros»). Deberá abrir vías de diálogo y cooperación con las diásporas cubanas, sobre todo las afincadas en Estados Unidos; y lidiar con el «ADN político» diferenciado de las élites empresariales de la diáspora floridana. No menos trascendente será el «acomodamiento» que deberá tener lugar con relación a los actores sociales y políticos cubanos, su acceso a la esfera pública, y su interacción con el sistema político (la tríada Ley de Asociaciones-Ley de Prensa-Ley Electoral, esenciales para destrabar (o no) el rompecabezas social cubano).
Todo lo anterior habla, a fin de cuentas, de la necesidad de articular unos marcos de libertad adecuados para que los cubanos construyan el país que deseen habitar en el siglo XXI. Los escenarios que estamos por vivir serán el resultado de los dinamismos presentes en la sociedad cubana, de la correlación de fuerzas en la arena internacional y su incidencia sobre la Isla, y de la visión estratégica por parte de nuestro gobierno. ¿Tiene el liderazgo cubano «un plan» que integre estas tres dimensiones (la social, la internacional y la gobernativa) de cara a las dinámicas transicionales que viviremos irremediablemente? Seguramente sí. Lo que resulta muy probable es que el presidente Raúl Castro, como viejo «jesuita» conspirador, haya compartimentado y fragmentado su plan al modo de un rompecabezas. Puede que el resultado del mismo sea para unos «un cambio real», y para otros, no lo sea. Ojalá que la vida nos sorprenda.
Fuente: http://cubaposible.com/transicion-sin-manual-procedimientos/