Mientras comunidades ingresaban en agosto del 2017 a organismos ONU de Derechos humanos el caso de la muerte de Macarena Valdés y que se relaciona con el conflicto hidroeléctrico de una empresa austriaca en colusión con la transnacional canadiense SAESA en territorio de Tranguil (Panguipulli), paralelamente esta última, intentaba ejecutar un proyecto que es parte […]
Mientras comunidades ingresaban en agosto del 2017 a organismos ONU de Derechos humanos el caso de la muerte de Macarena Valdés y que se relaciona con el conflicto hidroeléctrico de una empresa austriaca en colusión con la transnacional canadiense SAESA en territorio de Tranguil (Panguipulli), paralelamente esta última, intentaba ejecutar un proyecto que es parte de mega instalaciones eléctricas en tierras ancestrales de una comunidad en la comuna de Castro (Chiloé), por encima de un espacio sagrado y en zonas de un humedal y ecosistemas de gran importancia y fragilidad, lo que ha sido resistido por los habitantes Mapuche Williche y que es parte de un conflicto actual el que además se ha judicializado luego de un Recurso de Reclamación interpuesto por comunidad y familias afectadas directamente.
Ante el conflicto generado por la transnacional SAESA en territorio ancestral Williche en Chiloé, comunidades y organizaciones Mapuche de la Región de los Ríos han recordado los conflictos y atropellos generados por esta empresa en sus territorios, que incluye actos por la fuerza de instalaciones de líneas de transmisión eléctrica en la comunidad Tranguil de Panguipulli, realizado horas después de la muerte de la comunera opositora a dicho proyecto, Macarena Valdés (agosto 2016); y por otro lado, sobre la tala de bosque nativo sin plan de manejo en territorio de las comunidades lafkenche de la costa valdiviana, denunciado a mediados de julio de este 2019.
Estado chileno, SAESA y atropellos a derechos de comunidad Alto Gamboa
El día 24 de abril de 2017, la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, por unanimidad, aprobó el Proyecto hidroeléctrico, Línea Transmisión 220 kV Chiloé – Gamboa, que se emplaza violentamente sobre terrenos ancestrales de la comunidad mapuche Williche, Alto Gamboa, comuna de Castro, bajo el incumplimiento del estado en su obligación de informar previamente y consultar sobre su envergadura, omitiéndose una serie de impactos sociales, ambientales y espirituales, contradiciendo el marco normativo y el estándar internacional de derechos indígenas y ambientales.
El proyecto en cuestión, ha generado una grave alteración a la vida de los habitantes del territorio, a quienes se les pretende imponer en sus inmediaciones una serie de torres de tendido eléctrico de alto impacto, sobre espacios que tienen un alto uso tradicional en salud y espiritualidad, lo que ha sido señalado en reiteradas ocasiones por la comunidad, generando en el presente a sus integrantes, una serie de prejuicios materiales y morales, incluida la religiosidad y cosmovisión ancestral.
Según el propio proyecto de la empresa, ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, parte de las intervenciones que tendría el proyecto en caso de concretarse involucraría: – Instalación de faenas; Movimientos de tierra con excavaciones profundas de 23.500 m³; Obras civiles; Postes de hormigón armado; Construcción de plataformas; – Construcción de fundaciones para equipos y estructuras metálicas; Montaje Estructuras metálicas y equipos en Subestaciones; Montaje de torres, aislaciones y conductores en Líneas; Montaje de zapata, pedestal y stub; Hormigonado; Montaje de superestructura y crucetas de la torre; Montaje de conjuntos de aislación y poleas; Instalación de conductores; Canalizaciones; Obras de Montaje de estructuras metálicas, equipos primarios, conexionado de alta tensión; Obras de control; Tendido del conductor; Templado y engrampe de cable conductor; Cierre de puentes en estructuras de anclaje; Sala de control, entre diversas otras instalaciones e intervenciones.
El proyecto Línea Transmisión 220 kV Chiloé – Gamboa, a pesar de su alta envergadura no fue ingresado vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sino por simple Declaración (DIA), incumpliendo asimismo con la consulta indígena que es obligatoria al Estado ante cualquier proyecto que involucre afectaciones a la vida de comunidades de Pueblos Originarios.
El Grupo de Trabajo sobre Energía y Derechos Humanos en Chiloé, señala que el estado chileno en este proyecto no ha atendido las diversas recomendaciones de organismos internacionales de derechos Humanos, incluida las recomendaciones desde la Relatoría de Pueblos Indígenas de la ONU y que consta desde hace años en el Consejo de Derechos Humanos de dicha organización de estados, donde se señala que: «Se enfatiza la necesidad de realizar consultas en relación con cualquier proyecto que pueda afectar las tierras, territorios y otros recursos de alguna comunidad indígena«.
Para el Grupo de Trabajo, El Estado chileno y la empresa Saesa están vulnerando una serie de derechos, siendo urgente la observancia de organismos de Derechos Humanos ante graves amenazas a la vida de la comunidad, a sus espacios e instituciones ancestrales, adelantando que pronto dará a conocer diligencias en ese sentido, tendiente a una mayor garantía, protección y restauración de derechos.
El proyecto se emplaza en una zona de alto interés religioso/espiritual y de salud para la comunidad así como de alto valor ecosistémica, incluyendo un humedal y pomponales de alta importancia para la biodiversidad en flora, fauna y las aguas (laguna, vertiente, río, napas, otros). Desde la perspectiva de las Ciencias Ambientales, el concepto de ecosistema de humedal debe considerar el núcleo del humedal y la periferia o zona adyacente de resguardo, donde los aportes e influencias acuáticas y terrestres determinan la estructura, funcionamiento natural, sobrevivencia y sustentabilidad del humedal. Si se interrumpe el curso o flujo de agua y/o se contamina la zona de resguardo del humedal, el núcleo del humedal será drásticamente alterado o destruido. Esta zona periférica se podría extender según la topografía y geología en 1 o más millas.
El Diario Constitucional, de especialización jurídica, destacó el caso a mediados de junio de este 2019, señalando: «El Tercer Tribunal Ambiental admitió a trámite la reclamación deducida por integrantes de una comunidad indígena en contra de la Resolución Exenta Nº 048 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, dictada con fecha 23 de abril de 2019, que rechazó su solicitud de invalidación de la resolución que calificó ambientalmente de manera favorable la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto «Línea de Transmisión 220 kV Chiloé-Gamboa«.
En otro punto se señala: «Los reclamantes expusieron que el proyecto «Línea Transmisión 220 KV Chiloé-Gamboa», por el titular Sistema de Transmisión del Sur S.A., consiste en la construcción y operación de infraestructura eléctrica, entre la que se encuentra la futura Subestación eléctrica de 90 MVA denominada «Subestación Gamboa» con conexión a la actual línea de transmisión de 110 KV, la cual se emplazaría al poniente de la ciudad de Castro, en el sector denominado «Gamboa Alto». Esta se ubicará en un predio de 4,9 hectáreas, colindante al sector donde viven las reclamantes y demás familias integrantes de la Comunidad Mapuche Huilliche «Alto del Fundo Gamboa», el espacio que es lugar de múltiples prácticas propias de los sistemas de vida y costumbres de los integrantes de la comunidad indígena, como de otros habitantes del sector Gamboa Alto«.
Termina la publicación de este medio con el siguiente texto: «Por tanto, debido a lo anterior, sostienen que el proyecto debió haber sido ingresado como estudio de impacto ambiental, ya que se generan efectos adversos significativos sobre la calidad de vida de los habitantes del sector. Asimismo, indican que se infringió el deber de realizar consulta indígena. También señalan que el procedimiento no cumplió con los estándares mínimos para la reunión con los grupos humanos«.
Cabe consignar que el caso tiene el Rol: R-5-2019 en el Tribunal Ambiental y tendrá un alegato de las partes el día 14 de agosto del presente año, a las 10:00 de la mañana en la Ciudad de Valdivia.
SAESA y denuncias por atropellos en la Región de Los Ríos
A fines de enero del 2018, en las oficinas de la empresa transnacional SAESA en Panguipulli se realizó una protesta y funa de comunidades, por su responsabilidad directa en atropellos a familias de comunidad mapuche en Tranguil de esta comuna en la instalación de tendidos eléctricos para fines hidroeléctricos.
SAESA es una empresa con amplia presencia en el sur dedicada a los negocios de distribución y transmisión eléctrica, la que es controlada por el fondo canadiense Ontario Teachers Pensión Plan Board («OT-PPB») y Alberta Investment Management Corp («AIMCo»), quien impuso por la fuerza la instalación de tendidos eléctricos para fines hidroeléctricos de la transnacional austriaca RP Global, momentos después del asesinato de Macarena Valdés (muerta el 22 de agosto del 2016) en el sector Tranguil, comuna de Panguipulli.
Al día siguiente de la muerte de Macarena, es decir el día martes 23 de agosto del 2016, en horas de la mañana, mientras la pareja de Macarena realizaba diligencias ante la Fiscalía, llegó maquinaria de SAESA a instalar el cableado de alta tensión con varios camiones acompañados de efectivos represivos de Carabineros.
Posteriormente, durante la mañana del 13 de octubre de 2016, nuevamente con efectivos policiales militarizados, la empresa SAESA llegó al territorio para cambiar cableados, contingente acompañado de zorrillos y vehículos bélicos a pesar de la oposición de familias mapuche del sector, existiendo agresiones y maltrato.
Macarena fue encontrada muerta, colgada, el 22 de agosto del 2016, en presencia de su hijo de un año y medio, encontrada por otro de sus hijos de 11 años (Macarena tuvo 4 hijos junto al werken Rubén Collio). Previo a esto, habían ocurrido una serie de amenazas en contra de esta familia, así, como a otras del sector que se oponen a los proyectos hidroeléctricos.
El Movimiento por el Agua y los Territorios; Organizaciones defensoras de los territorios ancestrales, Región del Bio Bio; La Red por la Defensa de los Territorios, Región de la Araucanía; El Parlamento Mapuche de Koz Koz, Panguipulli y comunidades participantes de la Región de los Ríos; La Red de Organizaciones Socio Ambientales, Panguipulli; El Consejo de Comunidades Williche de Chiloé, a través de una declaración publica en octubre del 2016, denunciaban: «En Tranguil, institucionalidad pública y fuerzas represivas del estado se han trasladado para imponer cableados para la conectividad de hidroeléctricas de la transnacional RP Global, de origen Austriaco, a quienes no les importó la muerte de Macarena Valdés (30 años) el 22 de agosto del 2016, cuya muerte está vinculado al conflicto hidroeléctrico generado allí (…) Se impuso en el territorio un cableado a través de la empresa SAESA y la transnacional hidroeléctrica intervino el río con una central, sin el consentimiento de familias, comunidades e instituciones ancestrales del territorio, sin que se haya cumplido con la obligación del estado de establecer un procedimiento previo, libre e informado; sin consulta y sin considerar siquiera las prioridades en el territorio en materia de desarrollo o el respeto a lugares de significación cultural, tal cual lo establece el Convenio 169 de la OIT, tratado vinculante al estado chileno».
Por otro lado, a mediados de julio de este 2019, Comunidades Mapuche Lafquenche entregaron carta formal al Grupo Saesa en la cual expresan el profundo malestar frente a una tala de «roce» realizada sin plan de manejo a bosque nativo, en territorio de las comunidades lafkenche de la costa valdiviana.
La Comunidad y Centro Kultural Folil ko, la Asociación Wadalafquen y Moncol, Ainileufu – Territorio Lafquenche – Sector Las Minas, en su misiva en las oficinas de SAESA le indican a sus ejecutivos: «Talar no es lo mismo que podar, «acá no es necesario su roce», exigimos respeto al equilibrio de la Montaña Bosque que protegemos como base de nuestra Espiritualidad como Pueblo Mapuche Lafkenche y del Equilibrio del Territorio (…) En la selva Valdivia, hay Lawen, Hierba medicinal, la cual es utilizada por nuestras machi ka wentuchefe (…) Nosotros para cortar un árbol pedimos permiso al Ngen Mawida y no es posible que una empresa venga con maquinaria mecanizada y arrase con el bosque (…) Usted está matando nuestra flora; Canelo, Avellano, Arrayan, Luma, Ulmo, Murta, entre otros. Hemos solicitado plan de manejo Conaf en terreno y no lo tienen», señalan, agregando como consecuencias la trituración de animales nativos, «Tales como: Lagartija, Rana chilena, Rana de Darwin, Sapo de manchas rojas, Sapito de tres rayas, Sapito selvático entre otros tantos».
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