Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez son las últimas víctimas de la mina, un escenario que siempre es de muerte anunciada. Esta vez en el pozo Emilio del Valle, en el municipio de Pola de Gordón. Los trabajadores pertenecían a una subcontrata de la Hullera Vasco-Leonesa. Habían […]
Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez son las últimas víctimas de la mina, un escenario que siempre es de muerte anunciada. Esta vez en el pozo Emilio del Valle, en el municipio de Pola de Gordón. Los trabajadores pertenecían a una subcontrata de la Hullera Vasco-Leonesa. Habían vuelto al trabajo en este pozo hace pocos meses, tras un largo parón (marzo-junio), consecuencia de un ERE temporal para 357 trabajadores que la empresa ‘justificó’ en la ausencia de mercado por no haber podido firmar contratos de suministro con las compañías eléctricas y al impago de las ayudas por parte del Gobierno.
Y como ya es acostumbrado en el derrumbe de este ciclo de la minería del carbón, retornaron a la actividad por más jornada y menos dinero.
Son las últimas muertes que el sistema no puede ocultar en esta situación de ‘liquidación’ del sobrante de trabajadores que el capitalismo está dejando caer para poder reflotarse. Y no las pueden ocultar porque se producen en un sector que consciente de lo duro de sus condiciones de trabajo al extremo de estar arriesgando la vida más que en otros sectores de actividad, ha hecho valer la venta de su fuerza de trabajo para mantener la defensa de sus intereses, con luchas que ya han quedado en el imaginario colectivo de los trabajadores de este país y que han hecho de los mineros un referente de clase a la ofensiva ganando derechos y conquistas sociales.
Y las autoridades políticas y económicas muestran su sensibilidad -de ocasión- para con las familias víctimas de la tragedia: La Cámara Oficial de comercio e Industria, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), el Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y el ministro de Industria Jose Manuel Soria (¡se atrevió! a cercarse, pero sólo hasta la capital… ) trasmitieron su pesar y condolencias a los familiares y compañeros de las víctimas. Una mujer minera en un gesto de dignidad, de independencia de clase, como un látigo de coherencia respondió «Pueden meterse sus condolencias por donde se empiezan a hacer los cestos».
Los trabajadores habían comenzado su jornada a las 7:45 de la mañana y la finalizaban a las 15:45 h. Casi 8 horas seguidas en las durísimas condiciones de oscuridad, de agua en los tajos…, del trabajo en un pozo de mina. La bolsa de grisú tuvo un escape sobre las dos de la tarde y los trabajadores no tuvieron tiempo de usar sus máscaras de protección. Seis de ellos murieron asfixiados y otros cinco quedaron malheridos.
Hace pocos días la Fundación para el Análisis y los Estudios sociales (FAES), que dirige el ex-presidente Aznar planteaba en su informe ‘Propuestas para una estrategia energética nacional’ que «la obligación para utilizar el carbón para la generación eléctrica distorsiona el mercado y la libertad de empresa», y como ya hiciera en 2011, recomienda que se fije una fecha de caducidad para las ayudas al carbón y que tenga un carácter improrrogable y «concentrar las actuaciones sobre la minería del carbón en los planes de reconversión profesional de los mineros». Parece de guasa. Avanzando como estamos hacia el 30% de paro en el país, con una masa enorme de jóvenes cualificados y sin empleo, recomendar la reconversión profesional de los mineros…¿Para trabajar en qué sector productivo? Y, ¿en qué condiciones laborales de salario y derechos, después de lo desregulado y a disposición de la patronal, que han dejado el mercado laboral las sucesivas reformas de los últimos 30 años, acometidas por los dos partidos que se han turnado en el gobierno y con la colaboración de los sindicatos CCOO y UGT, indispensable para, primero confundir y luego contener el descontento de los trabajadores ante el empeoramiento de sus condiciones de vida?
Antes de la mina hubo vida en los valles mineros, una vida con estrecheces, pegada a cubrir unas necesidades reales de subsistencia de las gentes, con la tierra como fuente de vida -agricultura y ganadería-, y en una sociedad con relativa autonomía. Llegó lo moderno, la mina, el riesgo y el salario que cambió la mentalidad de la población y barrió la conciencia de la realidad con reminiscencias de relaciones y valores precapitalistas y que permitía cierta autosuficiencia en las comunidades de los valles.
Se perdió el valor de la tierra y se obedeció al salario. Era lo que le convenía a los empresarios mineros. Hasta finales de los ’70 se defendió el salario. En los años siguientes se gestionó a la baja -desde los sindicatos mayoritarios en la minería- todos los anteriores logros.
Ante el desmantelamiento programado de la actividad minera en todos los valles, sin la anterior base de subsistencia y pendientes de la reforma de la Ley de administración local que amenaza con privatizar todos los bienes comunales (quizás último refugio de sobrevivencia), ¿qué prevé el Gobierno o su fundación FAES dentro de sus planes para «la reconversión profesional de los mineros» y estas tierras?
Por el contrario, la lucidez que están demostrando las mujeres mineras llevando el testimonio del conflicto que viven en sus casas y pueblos ante un futuro truncado por los planes del capital, acercándose a la coordinación de las luchas de todos los sectores sociales desde su independencia de clase; y el coraje y la combatividad que están demostrando, las hace imprescindibles compañeras para las movilizaciones y luchas pendientes e inaplazables.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.