La Plataforma Sí a la Tierra Viva ha sido recibida por los tres grupos políticos representados en las Cortes regionales con el objetivo de contar con una legislación avanzada en nuestra región para este nuevo tipo de minería, cuyos efectos negativos para las personas y el territorio ya fueron reconocidos en resolución aprobada por los […]
La Plataforma Sí a la Tierra Viva ha sido recibida por los tres grupos políticos representados en las Cortes regionales con el objetivo de contar con una legislación avanzada en nuestra región para este nuevo tipo de minería, cuyos efectos negativos para las personas y el territorio ya fueron reconocidos en resolución aprobada por los diputados que instaba al Gobierno regional a elaborar una Ley específica sobre minería de tierras raras en Castilla-La Mancha
Una delegación de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, encabezada por su abogada Mª Carmen Morallón, fue recibida el pasado viernes en Toledo por los diputados David Llorente (Podemos) Dolores Merino (PP) y Blanca Fernández (PSOE) con el objetivo de que la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley sobre minería de tierras raras, cuyo primer borrador ha sido elaborado por el equipo jurídico de la Plataforma, cuente con el mayor respaldo político posible. El texto también será sometido a la consideración de otros colectivos de la sociedad civil castellano-manchega para que realicen sus aportaciones.
Incide en diseñar la actividad minera de tierras raras con mentalidad 3R (reducir, reciclar y reutilizar) lo cual contribuirá a menores costes, mayor eficiencia en el consumo de materiales y energía y menor generación de residuos.
También se debe asegurar la participación activa en la toma de decisiones, garantizando la transparencia mediante el acceso de todos los actores a información pertinente y precisa, adoptando el principio de subsidiariedad, que reconoce que las decisiones deben descentralizarse y tomarse en el ámbito de las comunidades directamente afectadas.
Asimismo, la persona titular de cualquier derecho minero deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil, al objeto de hacer frente a los daños que puedan causar a las personas, los animales, los bienes o el medio ambiente.
Los proyectos extractivos únicamente serán tramitados para territorios o áreas aptas para la actividad minera. No obstante, será posible, con las debidas limitaciones en zonas con restricciones medioambientales compatible con dichas actividades y practicas mineras.
En cuanto a las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la ley, el texto del borrador recoge que se han de continuar tramitando de conformidad con la normativa anterior. No obstante, deberán ser objeto de revisión en cuanto a la acreditación de la solvencia económica de la empresa promotora a fin de prever la posible responsabilidad medioambiental.