El primer accionista de Tubacex es José María Aristrain. La fiscalía le solicitó 64 años de prisión por un presunto fraude de 210 millones a Hacienda entre 2005 y 2009. El sexto accionista es Itzarri, el ente vasco participado públicamente que gestiona los complementos de las pensiones del funcionariado.
Gema Navarro e Isabel López representan a José María Aristrain en el consejo de administración de Tubacex, formado por diez personas. Son su esposa y su abogada, gente de confianza. José María Aristrain (Olabarrieta, Gipuzkoa, 1963) ha sido un hombre muy rico. En 2006 la revista Forbes le calculó un patrimonio de mil millones de dólares, un billonario. Aristrain está pendiente de juicio por el mayor fraude fiscal investigado en España: la última calificación de la fiscalía —en 2019— le solicita 64 años de cárcel por defraudar presuntamente 210 millones a Hacienda entre 2005 y 2009. En 2015, la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid determinó una fianza histórica de 750 millones.
El juicio está pendiente de señalar. El juzgado de instrucción nº4 de Pozuelo de Alarcón inició en 2011 la investigación, el caso pasó a la Audiencia de Madrid y derivó en la Audiencia Nacional, dada la elevada cuantía en juego. El Tribunal Supremo dictaminó el pasado febrero que el órgano competente para celebrar el juicio es la sala segunda de la Audiencia de Madrid. “Aún no hay señalamiento, tenemos un retraso importante a raíz de la pandemia”, aseguran desde el gabinete de prensa del TSJM.
Según la información facilitada en la web de Tubacex, Aristrain posee el 11% de la empresa, con 14.672.666 acciones indirectas. Es el primer accionista de Tubacex. Según el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Gemma Navarro e Isabel López recibieron respectivamente en 2020 una remuneración fija de 37.000 euros, 27.000 en concepto de dietas —Navarro, 25.000— y 9.000 por pertenencia a comisiones del consejo.
Fuentes de los trabajadores de la plantilla de Tubacex explican que cuando el consejo de administración se reunía en la planta de Llodio, lo hacía una vez al mes, excepto los meses de agosto y noviembre.
Gobierno vasco y Tubacex
El sexto accionista de Tubacex es Itzarri, con el 3,21% del accionariado y 4,2 millones de acciones. Itzarri es la Entidad de Previsión Social Voluntaria que gestiona el plan de pensiones de los trabajadores de las administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca. Un consejero del Gobierno vasco preside la entidad. Actualmente, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi (PNV), preside las asambleas de este ente participado públicamente que gestiona los complementos de las pensiones públicas de jubilación del funcionariado vasco.
El Gobierno vasco se ha posicionado contra la huelga de los trabajadores de Tubacex desde el inicio del conflicto y, también, tras la resolución judicial. El 6 de julio, dos tribunales emitieron sendas sentencias para las plantas de Amurrio y Llodio en la que seis jueces, con un voto particular, dictaminaron nulo el despido colectivo practicado por la empresa. Tras las sentencias, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, consideró “una mala noticia que una empresa tan importante como Tubacex se encuentre en una situación tan delicada como consecuencia de una situación económica mundial”, avalando con sus palabras la tesis que defiende la empresa para justificar el ERE.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, alabó las resoluciones judiciales, apremió a la empresa a readmitir a los trabajadores despedidos y a poner fin a una huelga indefinida que secunda toda la plantilla y que mañana cumple 200 días.
Sin embargo, la empresa decidió recurrir las sentencias al Tribunal Supremo y, aunque paga el sueldo de los 129 trabajadores despedidos desde el 7 de julio, no les ha dejado volver a sus puestos de trabajo. Es por ello que el comité de huelga decidió proseguir con el paro indefinido. O vuelven todos, o no vuelve nadie.
Se da la capciosa circunstancia de que los trabajadores despedidos tras la readmisión sí cobran su salario, mientras que los compañeros que han secundado la huelga para apoyarles no lo cobran. Los readmitidos reparten el sueldo con sus compañeroa. El 9 de agosto, solo dos días después de que Tubacex reactivara sus nóminas, la Diputación Foral de Araba envió una notificación a la asociación que figura como titular en el número de cuenta de la Kutxa Solidaria —la caja de resistencia que han organizado los huelguistas— en la que advierte de que “no ha presentado declaración alguna a día de la fecha por ningún concepto impositivo”, por lo que Hacienda alerta de una “correspondiente acción inspectora”.
Nuria López de Guereñu también forma parte del consejo de administración. Cobra 37.000 euros de remuneración fija, 27.000 en dietas y 9.000 por comisiones. Un total de 73.000 euros anuales en 2020, con su correspondiente reducción voluntaria del 30% en el segundo trimestre por covid, tal y como pactó el consejo de administración —en 2019 cobró 77.000 euros—. López de Guereñu (Eibar, 1969) fue la consejera más joven del Gobierno vasco en la legislatura 2005-2009. Se ocupaba de la cartera de Transportes por el PNV y se mostró una firme defensora del tren de alta velocidad. Tras su paso por la política, se incorporó en la patronal vasca Confebask como secretaria general. En 2015 dio el salto empresarial a Tubacex, con la actual gerencia, que entró en 2013.
Actual gerencia
Jesús Esmorís es quien percibe el mayor sueldo de Tubacex: entre remuneración, dieta, comisión, otros conceptos y sueldo, cobró 472.000 euros en 2020 —664.000 en 2019—. Hay que añadir un millón en acciones. Es la cara visible de Tubacex, quien aviva el conflicto con sus declaraciones en la prensa. Viene del sector de la automoción, no de la siderurgia, algo que los trabajadores consultados le echan en cara, por lo que piden la dimisión de la actual gerencia. Ponen en duda hasta la capacidad de la gerencia para ofrecer seguridad laboral. “No cuidan de las máquinas, ni respetan los periodos de aprendizaje de los operarios”, aseguran a El Salto trabajadores que prefieren no dar su nombre.
“Son muy hábiles buscando fondos, fueron de los primeros en contratar a la consultora PWC para optar a los fondos de recuperación europea, pero fallan a nivel industrial. Cuando pactaron un pedido con Irán, se comprometieron a enseñar cómo hacemos estos tubos, un aprendizaje que en la fábrica nos ha llevado años”, indican. Dependiendo del año de referencia, Tubacex es la primera o la segunda empresa del mundo de fabricación de tubos sin soldadura, necesarios en procesos de extracción de petróleo y gas.
Los trabajadores consultados describen la estrategia de la empresa en esta huelga como “ir al desgaste”. Insisten en que la empresa tiene liquidez suficiente para aguantar el pulso —el holding Tubacex dispone de 190 millones de euros de cash, según las cuentas consolidas presentadas en junio de 2021 a la CNMV—, aseguran que la empresa está rechazando pedidos y recuerdan que ha solicitado un nuevo ERTE a partir del 11 de septiembre, del que empiezan el periodo de negociación el 31 de agosto. “Están forzando que no haya pedidos para justificar el próximo ERTE”, agregan.
“La solución es fácil: acordar salidas voluntarias, quitar el recurso ante el Tribunal Supremo y aportar un plan mínimo industrial”, resumen los trabajadores. Critican la ausencia de Inspección de Trabajo en este conflicto, “con una empresa tan grande, se lavan las manos”.
El peritaje sindical fue clave en las sentencias. Desmoronó la tesis de Tubacex, un holding compuesto por más de 20 empresas. Por el alquiler de la marca, la planta madre, TTI, pagó el pasado año 6,1 millones a Tubacex en concepto de royalties y dos millones y medio por el alquiler de las instalaciones.
El peritaje del sindicato ELA permitió a los jueces determinar que “los datos contables que aporta la empresa no reflejan con veracidad su estado económico”. De una parte, no se acogieron a las medidas de gracia dispuestas por el Estado para asumir el coste de la Seguridad Social en los ERTE, inflaron las pérdidas de 2020 incluyendo las indemnizaciones por el despido colectivo —cuando iba a ser un gasto computable en 2021— y se aportó que los ERTE no se aplicaron completamente, sino alrededor de un 20-25% menos.
En lenguaje coloquial, la empresa aprovechó el covid para despedir al 20% de la plantilla, personas acogidas a reducciones de jornada, sindicalistas y personas con problemas de salud. En lenguaje judicial, “el hecho de que no exista necesidad de acogerse a medidas de gracia [la exención del pago de la Seguridad Social en los ERTE] resulta difícilmente compatible con la decisión extintiva que Tubacex defiende en este procedimiento, lo que refuerza nuestra convicción acerca del carácter injustificado del despido colectivo”.
El resto de consejeros de Tubacex son Antonio González Adalid García Zozaya, Antonio María Pradera Jauregui, Manuel Moreu Munaiz (a propuesta de la Coorporación Aristrain; y consejero de Iberdrola entre 2015 y 2019), Ivan Marten Uliarte, Jorge Sendagorta, Rosa María García y Francisco Javier García. Tras 40 años en la compañía, 22 de ellos como presidente ejecutivo, Álvaro Videgian Muro fue sustituido el 24 de junio por Francisco García Sanz, un alto directivo del Grupo Volkswagen.
Según la prensa económica, José María Aristrain es una persona discreta, amante de la caza y de los automóviles de coleccionista. No se ha prodigado en actos públicos y se le conoce como el hombre de acero. También posee el 2% de ArcelorMittal. Heredó la fortuna de su padre, quien fundó la Corporación Aristrain, creó sociedades en paraísos fiscales desde los años 70 y fue ayudado por un ministro franquista, como publicó la periodista Ter García en el diario Diagonal en 2016 en una investigación conjunta con eldiario.es y La Marea.