Contratan en una industria panadera de la localidad valenciana de Real de Gandía a un inmigrante sin papeles y sin horario por 700 euros al mes. La maquinaría le amputa un brazo, su jefe tira el brazo a la basura y deja al trabajador en la puerta del hospital, le pide que mienta sobre el […]
Contratan en una industria panadera de la localidad valenciana de Real de Gandía a un inmigrante sin papeles y sin horario por 700 euros al mes. La maquinaría le amputa un brazo, su jefe tira el brazo a la basura y deja al trabajador en la puerta del hospital, le pide que mienta sobre el accidente para exculparle y se va corriendo antes de que salgan los sanitarios. Ahora acusa al trabajador del accidente por «borracho». La Inspección de Trabajo ha cerrado la industria puesto que toda la maquinaria tenía los mecanismos de seguridad desactivados para evitar que en ningún momento se interrumpiese la producción. Nadie parecía conocer esta situación en el pequeño pueblo de poco más de dos mil habitantes.
La Fiscalía Anticorrupción, ha entregado al juez instructor del «caso Gürtel», Antonio Pedreira, un informe en el que aprecia «implicaciones suficientes» contra el senador del PP Luis Bárcenas y del diputado Jesús Merino, y pide que el caso se eleve al Tribunal Supremo. Si al final el Tribunal Supremo lo asume, reclamará también las causas por esta trama de corrupción a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. Algo que no quieren Camps, Costa y sus compañeros madrileños pues se sienten más seguros y protegidos con los jueces de su autonomías. Por ello, Rajoy ha pedido al senador y diputado que renuncien a sus actas y, en consecuencia, a su fuero legal, con lo que el juicio se vería en los Tribunales de Madrid y Valencia. Al parecer Bárcenas y Merino se han plantado y no piensan renunciar a sus actas de senador y diputado, causando el consiguiente problema interno al PP.
En el pueblo natal de la vicepresidenta del Gobierno, Beneixida, todos los votos del PSOE se los adjudicaron al POSI, también se han demostrado errores en el computo de votos de Izquierda Unida. Esto confirma algunas quejas de la candidatura Izquierda Internacionalista, lo que ocurre que todos estos votos mal computados no alteran para nada el reparto de escaños.
El Pocero destroza el término municipal de Seseña y deja sin terminar las obras de urbanización a las que estaba obligado. El Ayuntamiento valora en 18 millones de euros el dinero que tendrá que poner para arreglar el desaguisado. El empresario de la construcción echa la culpa a Izquierda Unida, organización a la que pertenece el Alcalde que se preocupó por el cumplimiento de la legalidad y se opuso en todo momento a los planes especuladores del Pocero.
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