El viernes 12 de mayo un grupo de tres personas arrojó una bengala en el interior de el local cambalache (Oviedo) en el que se estaba celebrando una charla bajo el título de «Represión y Movimientos Sociales» organizada por el colectivo Calecer (Colectivu Asturianu poles Llibertaes y Escontra la Represión). La bengala llenó de humo […]
El viernes 12 de mayo un grupo de tres personas arrojó una bengala en el interior de el local cambalache (Oviedo) en el que se estaba celebrando una charla bajo el título de «Represión y Movimientos Sociales» organizada por el colectivo Calecer (Colectivu Asturianu poles Llibertaes y Escontra la Represión). La bengala llenó de humo el local, quemó la parte del suelo en la que cayó y obligó a suspender el acto durante media hora. Se reanudó en el convencimiento de que era necesario evitar que el boicot a la charla cumpliese su objetivo. Las personas que arrojaron la bengala huyeron gracias a un automóvil que les estaba esperando. El grado de organización de la acción y el contenido de la charla que se trató de boicotear apuntan claramente a la responsabilidad de la extrema derecha.
No por casualidad, la persona que impartía la charla era Mikel Korta, uno de los imputados en el proceso 18/98 que lleva cinco meses celebrándose en Madrid en la Audiencia Nacional. El 18/98 es uno de los mayores juicios políticos que se celebra en el Estado desde la transición política contra la izquierda social, política y sindical vasca. Ese proceso, en el que están siendo vulnerados muchos de los derechos procesales de las personas imputadas, constituye un poderoso instrumento contra la represión de los movimientos sociales de Euskadi.
El 18/98, en todo caso, forma parte de una lógica de represión y control jurídico, policial y social contra todos aquellos movimientos que se oponen al pensamiento único y a las políticas hegemónicas. La aplicación cada vez más sistemática de la ley antiterrorista, las cargas policiales, la criminalización de toda forma de disidencia, ilustran los escasos márgenes para la libertad de expresión que permite nuestra monarquía parlamentaria.
Desde hace algún tiempo, estamos asistiendo a un proceso de reestructuración del discurso y de las prácticas de la ultraderecha, articuladas crecientemente en torno a la cuestión de la inmigración. El caldo de cultivo de este nuevo fascismo, al igual que ha sucedido en otras épocas, radica en una sociedad cada vez más violenta y militarizada, en una juventud asolada por el paro y la precariedad. La asociación de inmigración e inseguridad, presente en todos los discursos oficiales, da alas a las consignas de partidos ultraderechistas como Democracia Nacional.
El capitalismo global es, sin embargo, causante de inseguridad al por mayor, en una escala sin precedentes históricos: la inseguridad alimentaria que sufren más de mil millones de personas en el planeta, la inseguridad jurídica de las personas que se ven obligadas a emigrar de la tierra en la que deberían poder vivir dignamente, la inseguridad en el empleo que convierte en papel mojado los derechos laborales de la mayoría de la población, etc.
La represión de los movimientos sociales y las acciones fascistas de la ultraderecha no son sólo hechos que deban denunciarse y combatirse. Son parte de una sociedad violenta y patriarcal, caracterizada por la guerra, la inseguridad jurídica, la precaridad laboral… Articular fuerzas contra este modelo de sociedad es, por tanto, una tarea urgente y necesaria.