Es evidente que desde un punto de vista económico las medidas que está tomando el gobierno por «recomendación» de la Unión Europea no tienen ningún sentido. Por ejemplo, aumentar los impuestos indirectos en lugar de los directos a los que más tienen es económicamente una decisión errónea, porque los que más tienen en este momento […]
Es evidente que desde un punto de vista económico las medidas que está tomando el gobierno por «recomendación» de la Unión Europea no tienen ningún sentido. Por ejemplo, aumentar los impuestos indirectos en lugar de los directos a los que más tienen es económicamente una decisión errónea, porque los que más tienen en este momento no van a invertir, ya que no hay ninguna expectativa de beneficio. En consecuencia, el gobierno debería captar esos recursos e invertirlos para poner en marcha la actividad económica. Por tanto, la razón de estas medidas debe ser otra y la mejor candidata es la eliminación del control democrático sobre el poder, una auténtica ofensiva del chomskyano miedo a la democracia.
Como parte de los recortes del gasto público, el presidente del gobierno acaba de anunciar una disminución del 30% en el número de concejales (alrededor de 20.000 concejales menos), dentro de un plan de racionalización que espera ahorrar 3.500 millones de euros. Esta medida, según el País, la aprueban un 90% de los ciudadanos. Sin embargo, lo cierto es que esta medida no supone ningún ahorro. Sólo en los ayuntamiento más grandes todos los concejales tienen un sueldo, en la inmensa mayoría, hay muy pocos concejales liberados. Por ejemplo, en Coria, provincia de Cáceres, (10.050 habitantes) sólo dos de sus diecisiete concejales (aparte del alcalde) están liberados, y lo están a tiempo parcial. En Portugalete, con 47.742 habitantes, sólo 5 de sus ventiún concejales están liberados. Esto es, en los 7969 ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes (más del 98%), los concejales liberados suponen bastante menos del 70% del total y, por tanto, el ahorro va a ser nulo. Desconozco el número de liberados que hay en los 145 ayuntamientos restantes (menos del 2%), pero podemos estimar que, como muchísimo, entre los 20.000 concejales que desaparecerán, sólo 400 están liberados. Calculando cada sueldo en 75.000 euros, esto supone un ahorro de 30 millones de euros. Así pues ¿de dónde salen los 3.470 millones de euros restantes que espera ahorrar el gobierno? Desde luego, no de los sueldos de los concejales.
Si habláramos de educación o de sanidad, sería posible que el gobierno simplemente ignorara la realidad, ya que parecen vivir en una nube, pero esto les afecta a ellos directamente, así que podemos estar seguros de que saben perfectamente que esta medida no tiene ningún impacto en el gasto público. Entonces ¿por qué lo hacen? Hay dos razones evidentes. En primer lugar, se trata de una medida puramente propagandística, de cara a los ciudadanos parece que la casta política se está recortando algo. Ahora saldrán y nos dirán que ha habido una reducción de cargos públicos, aunque se callarán que son precisamente los que no suponían ningún gasto. A la vista de la encuesta de El País, el objetivo está cumplido.
La otra razón, y probablemente la más importante, es que que dificultan el acceso de las minorías a las instituciones, se encarece extraordinariamente la posibilidad de conseguir representación y, de ese modo, el PPSOE se garantiza en mucha mayor medida la posibilidad de obtener mayorías absolutas. Si juntamos esta medida con la reducción de competencias municipales y la anunciada supresión de mancomunidades, el resultado es que la toma de decisiones cada vez está más lejos de los ciudadanos. Esto sí que facilita el ahorro de 3500 millones: con la centralización en la prestación de servicios a través de las diputaciones (una institución completamente opaca y no elegida por los ciudadanos [*]) resulta mucho más fácil suprimir servicios a los ciudadanos de los zonas rurales. Me pregunto si ese 90% que apoya esta medida es consciente de que el ahorro no se obtiene ni de una racionalización administrativa ni de los sueldos de políticos, sino de los servicios a los ciudadanos.
Nota:
[*] Sobre este asunto véase: Su ayuntamiento se muda a la capital http://www.
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