Un abogado tinerfeño del turno de oficio presentó el 24 de agosto ante la Audiencia Nacional una querella contra Salvamento Marítimo y los capitanes y tripulaciones de los remolcadores Luz de Mar y Conde de Gondomar, a los que acusa de un delito de homicidio imprudente por el hundimiento de un cayuco durante un intento […]
Un abogado tinerfeño del turno de oficio presentó el 24 de agosto ante la Audiencia Nacional una querella contra Salvamento Marítimo y los capitanes y tripulaciones de los remolcadores Luz de Mar y Conde de Gondomar, a los que acusa de un delito de homicidio imprudente por el hundimiento de un cayuco durante un intento de rescate que provocó 88 muertos el pasado julio. La querella aún no ha sido admitida a trámite y está en reparto, pendiente de ser asignada a alguno de los seis juzgados centrales de instrucción.
En declaraciones a Europa Press, el letrado Plácido Alonso Peña explicó que su querella se fundamenta en la negligencia o imprudencia en que en su opinión incurrieron los barcos a la hora de rescatar a los 136 inmigrantes, avistados a más de 100 millas de las costas de Tenerife, y además en la carencia en los dos navíos de elementos salvavidas que hubieran reducido el número de muertes.
El abogado, que representa a 15 de los supervivientes que perdieron a varios familiares, asegura que la embarcación llevaba 10 días de navegación y que fue la falta de combustible lo que provocó la parada de sus dos motores.
Según el relato de los inmigrantes, el barco de rescate se acercó «muy rápido» y dio un giro que provocó oleaje y desestabilizó a la patera. «Poco después, en la aproximación, golpeó a la embarcación y la partió en dos», indicó Peña.
Sólo 48 personas pudieron ser rescatadas con vida y otras 88 desaparecieron en el mar. Peña agregó que la intervención del Conde de Gondomar resulta, cuando menos, «sorprendente» y se refirió a la existencia de informes anónimos procedentes de personal de Salvamento Marítimo que apuntan a que en este tipo de rescates lo aconsejable no es intentar una aproximación con el remolcador, sino acercarse al cayuco con un pequeño bote y proporcionar gasolina para que continúe la ruta con escolta, o iniciar el transbordo de sus ocupantes en grupos de cinco.
El abogado destacó que en ningún momento los remolcadores tuvieron «ninguna intencionalidad» pero sí hubo «una imprudencia o negligencia que hay que investigar». Peña presentó en un primer momento su escrito en Tenerife, pero el juez se declaró incompetente al entender que su competencia no alcanza más allá de las 12 millas. Este abogado pidió ayer la puesta en libertad de los cuatro inmigrantes del cayuco hundido que aún no han sido repatriados.