Un año después de la aprobación de la Ley 52/2007 del 26 de diciembre, llamada de Memoria, los acontecimientos desarrollados a partir del Auto del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, del recurso de la Fiscalía y las subsiguientes autos de inhibición, etc… han dejado en evidencia las insuficiencias y errores de […]
Un año después de la aprobación de la Ley 52/2007 del 26 de diciembre, llamada de Memoria, los acontecimientos desarrollados a partir del Auto del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, del recurso de la Fiscalía y las subsiguientes autos de inhibición, etc… han dejado en evidencia las insuficiencias y errores de base que diversas asociaciones memorialistas, víctimas del franquismo y de derechos humanos, habíamos evidenciado durante el debate y elaboración de dicha Ley.
Estas deficiencias, que sustentaron entonces (y lo siguen haciendo hoy) nuestro rechazo de plano a dicho texto, tienen su origen en la falta de respeto a lo establecido por el Derecho Penal Internacional, impidiendo y negando a lasvíctimas del franquismo y al conjunto de la sociedad española el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación.
Es más, el verdadero carácter de la Ley de Memoria ha quedado de manifiesto cuando, durante el procedimiento abierto por el Juez Garzón, miembros destacados del Gobierno y del partido que lo sustenta, han declarado públicamente que los límites de la recuperación de la memoria están en la Ley de Amnistía de 1977 y en la Ley de Memoria de 2007. Por no hablar de «Elogio del olvido» expresado por el mismísimo Presidente del Gobierno.
Cuando las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, y la propia onU solicitan la Derogación de la Ley de Amnistía de 1977 por su carácter de Ley de Punto Final, y por tanto contraria a lo establecido por las normas elementales de Derechos Humanos de los cuales el estado español es signatario, la respuesta ha sido la Ley llamada de Memoria, que si bien reúne mínimos avances y aspectos positivos a modo de «zanahoria», el conjunto de la misma demuestra un año después, su inequívoca vocación de «palo».
Creemos que ante el evidente fracaso de la actual Ley se debe proceder a la modificación de la misma en línea con la Proposición de Leypresentada el pasado 20 de noviembre por el diputado Joan Tardá, de ERC, y rechazada por el pleno del Congreso de Diputados.
Asimismo, la Federación Estatal de Foros por la Memoria reitera su compromiso a no colaborar de ningún modo en la tramitación de los humillantes «certificados de buena conducta», que no son otra cosa que un burdo intento de barnizar la plena vigencia de las sentencias represivas franquistas que certifica la Ley llamada de Memoria.