Empecemos por el principio y sin rodeos. Según la Comisión Europea, con ase en su propio índice (elaborado por el Comité Inter-Agencias Permanente del Grupo de Referencia sobre Riesgos, Advertencias Tempranas y Preparación, INFORM), Colombia es el país de Latinoamérica con mayor riesgo de crisis humanitaria, por encima de Guatemala, México, Honduras y, por supuesto, […]
Empecemos por el principio y sin rodeos. Según la Comisión Europea, con ase en su propio índice (elaborado por el Comité Inter-Agencias Permanente del Grupo de Referencia sobre Riesgos, Advertencias Tempranas y Preparación, INFORM), Colombia es el país de Latinoamérica con mayor riesgo de crisis humanitaria, por encima de Guatemala, México, Honduras y, por supuesto, de Venezuela.
Un niño pobre en Colombia tendría que esperar 330 años en promedio para dejar de serlo, según informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se requiere el paso de 11 generaciones.
Uno de cada diez niños en Colombia sufre desnutrición crónica, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), indica que entre 2012 y 2016 han muerto 1.562 niños por desnutrición en todo el territorio nacional. Según la misma Unicef, 1 de cada 3 niños viven en condiciones de pobreza multidimensional y la mitad de los niños menores a dos años están en hacinamiento crítico.
Colombia ocupa el tercer puesto, entre 175 países, con la tasa más alta de homicidio infantil en el mundo, según el último informe de la organización internacional no gubernamental Save the Children para los años 2015-2017.
En los últimos 11 meses, fueron asesinados 162 defensores de derechos humanos y líderes sociales en 99 municipios de todo el país, según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Según el último informe de Transparencia Internacional, Colombia ha empeorado su índice de Percepción de Corrupción, que ya está en la posición número 99 de los 180 países analizados. La corrupción en Colombia cuesta anualmente 18.400 millones de dólares, según la propia Contraloría general del Estado; eso supone algo más del 5% del PIB, o el 15% del presupuesto nacional.
En Colombia los ataques contra periodistas se incrementaron en un 89% entre 2015 y 2018, según la Fundación para la Libertad de Prensa. De hecho, Colombia se encuentra (junto a México y Brasil) entre los 14 principales países del mundo donde los asesinos de periodistas no son castigados en los tribunales, según el índice global de impunidad elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas.
Colombia sigue siendo el país con mayor número de desplazados internos en el mundo, con 7,7 millones de personas en 2017, según la investigación publicada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En lo económico, el peso de la actividad industrial en Colombia retrocedió del 25 al 12% del PIB entre 1970 y 2016, según cifras del Banco Central de Colombia. Y, por el contrario, la banca ganó peso en los últimos años y sus activos alcanzaron a representar el 48% del PIB (cuando la cifra era de 23% en 1990). El 55% de los trabajadores gana menos del salario mínimo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alerta de una situación muy problemática en Colombia. En su último reporte señala lo siguiente: «los sistemas y herramientas de supervisión antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo no están completamente en línea con el enfoque basado en riesgo y existen importantes brechas en la supervisión de las actividades». Dicho informe determina que Colombia ha desconocido la realidad del monto total del dinero que se lava en el país. En un estudio del Banco Mundial, se estimó que el volumen de activos lavados en la economía colombiana asciende al 7,5% del PIB.
Por su parte, en el terreno democrático, Colombia es el país de la región con el nivel más bajo de participación electoral de toda Latinoamérica. Entre años 1994 y 2018, el promedio de abstención electoral para citas presidenciales fue del 54,21%. Dos datos adicionales constatan esta debilidad del sistema democrático colombiano: a) en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, la abstención fue del 62,57%, y b) la consulta popular anticorrupción realizada en 2018 tuvo una abstención del 67,96%.
Por todo ello, y por mucho más, Excelentísimo Presidente de la República de Colombia, Señor Iván Duque Márquez, le propongo que convoque al Grupo De Lima para tratar de obtener ayuda para su país que, por lo visto, lo necesita según los datos de múltiples organismos internacionales. Le sugiero que acuda a Naciones Unidas o, si le gusta más, a la Organización de Estados Americanos (OEA), para encontrar los apoyos pertinentes para su país. Y si nada de esto le apetece, siempre le quedará lo del concierto.
Alfredo Serrano Mancilla, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).