Mientras los partidos políticos y sus empresas de comunicación de masas se afanan por difundir entre la población el bulo de la paralización de los desahucios, el pasado 14 de noviembre, durante la jornada de huelga, se intentaron ejecutar dos desalojos en el barrio. En el intento de paralización de uno de ellos hubo una […]
Mientras los partidos políticos y sus empresas de comunicación de masas se afanan por difundir entre la población el bulo de la paralización de los desahucios, el pasado 14 de noviembre, durante la jornada de huelga, se intentaron ejecutar dos desalojos en el barrio. En el intento de paralización de uno de ellos hubo una brutal carga policial que se saldó con varios vecinos heridos y un compañero de la Asamblea de Lavapiés apaleado y detenido. Por solidarizarse con sus vecinos desahuciados, ahora se enfrenta a un juicio en el que le acusan de atentado a la autoridad y daños.
El pasado miércoles 14 de noviembre fue una intensa jornada de lucha contra los desahucios en el barrio de Lavapiés. El paro general de 24 horas convocado para ese día por las principales centrales sindicales del Estado no hizo mella en los funcionarios del Juzgado nº 32 de Madrid, que se personaron hasta en dos ocasiones en el barrio con la intención de desalojar a vecinos.
El primer intento de desahucio estaba previsto para las 10:30 en una vivienda del número 15 de la Calle Cabestreros. Desde las 10:15 de la mañana, una pareja de funcionarias del juzgado, acompañadas por una representante de Bankia, acudieron a la puerta del inmueble con la intención de desahuciar a seis vecinos. Estos eran arrendatarios de un piso propiedad de un desaprensivo, Abdul Khalek, quien había seguido cobrándoles en mano el alquiler de 500 euros mensuales a pesar de que la vivienda había sido subastada a favor de Bankia hacía más de un año. De nada habían servido los diferentes documentos que, una vez notificado el lanzamiento, los inquilinos habían presentado en el juzgado en prueba de su condición de arrendatarios y solicitando la asunción de su contrato de alquiler por la entidad financiera. Tampoco habían sido atendidos los escritos presentados por los trabajadores sociales del Centro San Lorenzo de Lavapiés, demostrando la vinculación de los inquilinos con la comunidad, su situación de vulnerabilidad (cinco de ellos están en trámites de regularización de sus permisos de residencia) y su absoluta carencia de una alternativa habitacional.
Varios miembros del Grupo de Trabajo de Vivienda de la Asamblea Popular de Lavapiés intentaron establecer un diálogo con las desahuciadoras, apelando de nuevo a la precariedad en que dejarían a los habitantes de la vivienda en caso de practicar el desalojo e incluso hablándoles de la importancia de secundar la huelga. Ante el nulo interés demostrado por las ejecutoras del desahucio, el piquete móvil de las asambleas del sur que recorría en esos momentos las calles del barrio fue alertado de la situación. En pocos minutos, hasta doscientas personas acudieron a la puerta del inmueble y expulsaron de forma pacífica a la comisión judicial y a la usurera de Bankia, que emprendieron la huida por la calle de Embajadores arriba, con gritos de «¡asesinas, asesinas!» como música de fondo. No debían estar acostumbradas estas personas a una respuesta de este tipo por parte de vecinas hartas de los desahucios, de modo que, para evitar el escarnio público, decidieron esconderse en la iglesia de San Cayetano. Allí, el cura párroco, en consonancia con la política de la institución a la que representa, una de las principales inmobiliarias de la ciudad, decidió cerrar las verjas de entrada a su iglesia, para proteger, según palabras textuales suyas, a aquellas «pobres trabajadoras». Unos pocos minutos después, y en medio de infructuosos diálogos entre los vecinos solidarios con los desahuciados y el párroco protector de los desahuciadores, la representante de Bankia compareció de nuevo a las puertas de la iglesia. Desde detrás de las rejas informó a los vecinos de que había hecho las pertinentes gestiones y el desahucio había quedado paralizado con carácter indefinido.
La noticia fue recibida con alegría por los vecinos del barrio, especialmente por los inquilinos de la vivienda, que pudieron llevar de nuevo al interior de su casa las maletas que tenían arrumbadas en el pasillo de entrada al inmueble en previsión del inminente desahucio.
Poco duró, sin embargo, la alegría para los vecinos del barrio. De forma espontánea, una familia del barrio acababa de comunicarles su desahucio del piso en el que vivían en la Calle Mesón de Paredes. Cuando el piquete llegó corriendo al lugar, dos policías municipales, la comisión judicial y un representante de la entidad bancaria habían entrado ya en la vivienda y habían practicado el desahucio. Otra docena de agentes de Policía Municipal custodiaban la puerta del inmueble, impidiendo a los vecinos acercarse. Después de una media hora larga en que los vecinos estuvieron en la puerta visibilizando el drama de los desahucios y coreando consignas contra políticos, banqueros y fuerzas de seguridad del Estado, el piquete decidió marcharse para continuar sus tareas de información sobre la jornada de huelga por los comercios del barrio. En el momento en que se desplazaban por la plaza de Agustín Lara hacia la calle de Embajadores, hacia la una de la tarde, un comando de las UIP de la Policía Nacional arremetió contra ellos por la espalda. Hasta seis vecinos fueron heridos, uno de ellos de gravedad por un porrazo en la mandíbula. Todos ellos presentaron sus correspondientes partes de lesiones en el centro de salud de la plaza de Agustín Lara e interpondrán denuncias en los juzgados de Plaza de Castilla por las agresiones recibidas.
Jorge, compañero de la Asamblea de Lavapiés, se llevó la peor parte. Después de ser apaleado en el suelo por varios agentes, fue esposado y detenido. Pasó 24 horas de vejaciones en los inmundos calabozos de la comisaría de Leganitos, hasta que finalmente pasó a disposición judicial a mediodía del jueves. Finalmente fue liberado a las 13:30 p.m., con cargos de atentado, resistencia a la autoridad y daños.
Todo por haber acudido a paralizar un desahucio de esos que los políticos y sus medios de comunicación dicen haber suspendido.
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