Estos días hay dos procesos políticos en marcha, disociados en la teoría, pero que tienen mucho en común. El llamado «proceso de paz» de Euskadi y la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica. Todo hombre de bien desea la paz. Sin duda eso forma parte de la «pequeña» ética que, según Noam Chomsky, […]
Estos días hay dos procesos políticos en marcha, disociados en la teoría, pero que tienen mucho en común. El llamado «proceso de paz» de Euskadi y la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica.
Todo hombre de bien desea la paz. Sin duda eso forma parte de la «pequeña» ética que, según Noam Chomsky, poseemos al nacer, de modo que quien desee una confrontación armada nunca lo expresará claramente, sino que acudirá a la mentira dialéctica, tan socorrida hoy en día, de «hacer la guerra para buscar la paz». No le importará asesinar a miles de humanos, por ejemplo, para obtener sus riquezas naturales, como sucede con el petróleo, pero lo hará utilizando eslóganes paradójicos tales como «intervención militar humanitaria», «destrucción de armas de destrucción masiva» o «guerra total contra el terrorismo».
Pues bien, la derecha española representada por el Partido Popular y su corifea, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, incapaz de defender sus posiciones con sinceridad, utiliza diversas estrategias propagandísticas: que se trata de «una rendición del Estado», que «los terroristas ganan»… Pero sobre todo se moviliza constantemente afirmando que «el proceso de paz es un desprecio a las víctimas».
Es perfectamente humano y comprensible que las víctimas de los atentados de ETA atesoren odio y venganza contra quien asesinó a un familiar suyo o contra quienes les causaron lesiones u otros tipo de sufrimiento, pero no entiendo qué tiene que ver eso con el proceso de paz, proceso que es, o debería ser, un proceso eminentemente político. En cambio, la derecha se enroca: no podemos tener paz ya que de otra forma se atentaría contra la memoria de las víctimas. Es entonces cuando recuerdo la tan cacareada como ejemplar «transición española» y el proyecto de Ley de Memoria histórica.
El franquismo fue un régimen fascista y criminal que se alzó por las armas contra un estado democrático y de derecho. Franco y los franquistas no sólo cometieron actos terroristas, sino que fueron más allá, causaron un auténtico genocidio en gran parte de su propia población, mediante bombardeos de núcleos de población civil, ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones ordenadas por unos simulacros de tribunales, prisiones insalubres que causaron la muerte de gran parte de los prisiones, exilio, torturas…
Estos crímenes que afectaron, de una u otra manera, a una parte muy importante de la población española, se tuvieron que «perdonar» y «olvidar» para que el paso de la dictadura a la monarquía parlamentaria fuese un éxito. La tan ansiada Ley de Amnistía de 1977 equiparó a víctimas y verdugos, ya que perdonó a estos últimos, estableciendo la amnistía «a las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley, y los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas» (Art. 2).
La mismas directrices sigue el proyecto de Ley de «derechos de la víctimas de la Guerra Civil y del franquismo»; la propia Amnistía internacional ha presentado un nuevo informe titulado «Víctimas de la guerra civil y el franquismo: No hay derecho«, donde asegura que «70 años después del comienzo de la guerra civil, el Estado daría un paso atrás y perdería una oportunidad histórica para ofrecer verdad, justicia y reparación a miles de víctimas, si no cambia este Proyecto de Ley.
El Estado español no asume ninguna responsabilidad por los crímenes atroces que se cometieron durante la guerra civil y el franquismo. Este Proyecto de Ley no menciona las normas internacionales de derechos humanos, ni ninguna otra norma de Derecho Internacional que España debe cumplir y hacer cumplir».
Esta ley, entre otros desprecios a la memoria histórica y a las víctimas, impide que los perjudicados o sucesores puedan pedir la nulidad de las sentencias dictadas por los «tribunales» franquistas; ni conocer siquiera se les permite conocer el nombre de los verdugos. Además de esta insuficiencia de reconocimiento de derechos morales, tampoco resarce de los perjuicios económicos a quienes fueron despojados de sus bienes por un régimen terrorista, algo que si fue reconocido ampliamente para partidos políticos (sobre tode en beneficio del PSOE) y sindicatos (sobre todo en beneficio de UGT).
Hoy, como siempre, sigue habiendo clases y, por lo tanto, graves injusticias; mientras que a las víctimas de ETA se las ha indemnizado económicamente de modo amplio, la gran mayoría de luchadores por la democracia y contra el franquismo no han recibido ningún tipo de ayuda. Mientras que se jalea a la AVT para que dificulte el proceso de paz, a las víctimas del anterior estado terrorista y sus descendientes se les exige perdón y olvido.
Sólo cabe despertar, movilizarse y exigir paz y justicia.