La ofensiva sobre las pensiones se basa en dos argumentos interesados, el económico y el de una supuesta justicia. Ambos amenazan la solidaridad del sistema actual. Los autores son profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco.
La próxima reforma de la pensión de jubilación forma parte de una estrategia gradual cuyo objetivo último es dejar las pensiones públicas en niveles próximos al de subsistencia, con el fin de ensanchar el papel de las pensiones privadas de capitalización. Lo imperioso de las reformas exigidas por el poder financiero y asumidas por el gobierno de Zapatero tiene que ver con razones de oportunidad: paradójicamente, los culpables de la crisis están ahora en mejor posición que antes para imponer lo mismo que llevaban reclamando durante al menos los últimos quince años.
La ofensiva se mueve en dos grandes terrenos. El primero es el de los argumentos económicos, referidos al desequilibrio futuro entre pensionistas/personas en edad de trabajar. Respecto al valor de sus predicciones económicas, no está de sobra recordar que según estudios financiados en el pasado por la banca y grandes empresas el sistema iba a tener pérdidas en el año 2010 (Caixa), 2011 (BBVA), ó 2015 (Fedea); dado que la Seguridad Social hoy día tiene superávit y un Fondo de Reserva de 62.000 millones de euros, la actual exigencia de reformas se basa en pronósticos a mayor largo plazo, como el realizado por la Comisión Europea a 50 años, según el cual en 2060 el gasto en pensiones alcanzaría un 15% del PIB. Establecido el principio cotizaciones-pensiones, el siguiente paso ha sido declarar insostenible el sistema por razones demográficas, resultando que la Seguridad Social sería un sistema cuyos ingresos estarían sujetos a una rígida relación entre personas que cotizan y personas que reciben pensiones.
La falta de rigor de los argumentos económicos ha sido ya puesta en evidencia por economistas como V. Navarro y J. Torres, según los que el aumento previsible de la productividad permite pagar holgadamente las futuras pensiones. Según el propio gobierno español, el sistema, incluidos los recursos del Fondo de Reserva, se financia por sí mismo hasta el año 2029, y es entonces cuando pudiera necesitar ingresos suplementarios. Y no hay ningún principio económico que impida el aumento de los ingresos necesarios para hacer frente a los gastos; es una cuestión de opciones políticas. La actual crisis financiera ha traído grandes pérdidas para los fondos de pensiones entre 2008 y 2010 y su rentabilidad promedio en los últimos años es inferior a la inflación, volviéndose negativa cuando se le unen los gastos de administración que cobran las instituciones financieras.
La forma de atraer a las pensiones privadas de capitalización es darles ventajas fiscales, lo que rebaja la recaudación pública necesaria para sostener la protección social. También se reducen los fondos de la Seguridad Social al eximir de cotización las aportaciones empresariales a los planes de pensiones. Que el debate es público contra privado y no la sostenibilidad del actual sistema lo demuestra que no se ha propuesto, por ejemplo, la realización de aportaciones a la bolsa común de la Seguridad Social por empresas y trabajadores/as mediante la negociación colectiva o de forma individual y voluntaria por parte de quienes quisiesen complementar desde lo público sus futuras pensiones. La privatización, además de responder a los intereses de la banca, tiende a introducir una fisura en la identidad colectiva de la población trabajadora, al hacer depender los derechos de pensión de la rentabilidad de los mercados financieros en que se invierten las aportaciones, a la vez que fomenta la salida individual que dificulta la oposición a posteriores recortes en pensiones y otros derechos sociales.
«La privatización, además de responder a los intereses de la banca, tiende a introducir una fisura en la identidad colectiva de la población trabajadora»
La actual edad de jubilación es ya demasiado elevada. El discurso sobre el aumento de la esperanza media de vida no tiene en cuenta que la misma es una media y que hay diferencias de hasta 10 años entre las diferentes clases y grupos profesionales. Además, la jubilación no debe ser sólo para vivir sino para gozar cuando todavía se tiene buena salud. Según el Ministerio de Sanidad, en el Estado Español la esperanza de vida saludable era en el 2003 de 66,8 años para los hombres y de 70,2 para las mujeres, por lo que el atraso a los 67 años implicaría que los hombres no llegasen en buenas condiciones a disfrutar del derecho al descanso y las mujeres solo lo harían durante 3,2 años. Por ello es necesario no sólo no aumentar sino reducir la edad de jubilación, especialmente para quienes han empezado a trabajar muy jóvenes y en malas condiciones de trabajo. El aumento del desempleo y la política empresarial de despido de las personas de más edad para sustituirles por jóvenes más precarios y más baratos, da lugar a una tasa de empleo muy baja en el tramo de 55-64 años de edad. La protección de las prejubilaciones a través del subsidio de desempleo para mayores de 52 años es mínima si no va acompañada de complementos decentes a cargo de las empresas, de los que se beneficia una pequeña parte de la población trabajadora. Cuando se accede a la jubilación anticipada, los coeficientes de penalización traen consigo reducciones que pueden llegar hasta el 40% y ello aunque la duración de las cotizaciones sea de 40 o más años. El aumento de la edad de jubilación para quienes puedan mantener el empleo y deseen jubilarse les ocasionará un importante sufrimiento. Quienes se encuentren sin empleo, cuyo número aumentará, cobrarán pensiones más reducidas por la mayor aplicación de las penalizaciones. Además, esa demora será un tapón para el acceso al empleo de los y las jóvenes, que se ven así directamente afectados por esta medida.
Falta de justicia
El segundo pilar argumental de la reforma es la falta de justicia del actual sistema, que no respetaría la proporcionalidad entre contribuciones realizadas y pensiones a recibir, lo que se presenta como ideal. Este argumento impugna de lleno el concepto de solidaridad, según el que las prestaciones tienen un carácter redistributivo, no limitado ni al cálculo estricto de la contribución individual realizada ni a prestaciones de mínimos vitales. El atraso de la edad de jubilación, la ampliación de los años para el cálculo de la base reguladora e incluso la exigencia de más de 35 años para cobrar el 100%, busca una rebaja generalizada de las pensiones, pero hay más medidas en marcha. Entre las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo está el fin de la cobertura de vacíos, que penaliza la falta de continuidad en la cotización y que combinada con la prolongación del periodo para el cálculo de las bases supondría una rebaja importante de la pensión de las personas con contratos precarios que alternan la baja y el alta en el sistema, jóvenes, mujeres que dejan el empleo para cuidar durante algunos periodos, personas de edad avanzada no cubiertas por la prestación de desempleo. Otra recomendación es el cambio de las reglas para calcular la pensión según los años de cotización que, según lo propuesto, para una cotización de quince años reduciría el porcentaje de la pensión del 50% actual al 42,87%, después de haber sufrido ya en 1997 un descenso del 60 al 50%.
Se recomienda también la reducción de los complementos a mínimos, de tal forma que en ningún caso sean superiores a la pensión no contributiva vigente en cada momento (347,60 € en 14 pagas), lo que significaría en muchos casos la rebaja de las futuras pensiones mínimas. Téngase en cuenta que el 28% de las pensiones contributivas tiene complemento a mínimos, solamente se abonan cuando hay escasez de otros ingresos y el 62% de sus perceptoras son mujeres.
En los sistemas privados de capitalización, aportaciones iguales de mujeres y hombres dan lugar a las mismas prestaciones en suma total, sin considerar que la longevidad de las mujeres es cinco años superior. El sistema público, al no aplicar el sistema de capitalización redistribuye y preserva la igualdad de género, el privado no lo hace. Las propuestas del gobierno y de quienes le apoyan no son enmendables y requieren una oposición radical.
Nota
Este artículo pertenece a la edición impresa de Diagonal, número 142, y algunos aspectos pueden ser aún modificados en el texto que se apruebe el 28 de enero.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Un-durisimo-recorte-privatizador.html