La falta de personal y las condiciones deficitarias de las residencias públicas para mayores Madrid son compartidas por las familias y el Defensor del Pueblo
Mirta Berdasco tiene a sus dos padres, de 96 y 97 años, en una de las 73 residencias públicas para mayores que existen en Madrid. Su madre es completamente dependiente y su padre quiso ingresar para acompañarla. «Es la única opción que nos queda a quienes trabajamos», indica. Sin embargo, anda constantemente preocupada por la atención que reciben sus familiares. «Hoy me he enfadado porque a mi padre no le han dado la mediación que le corresponde. Suerte que él se da cuenta. Imagina como es para aquellas personas que no son conscientes», cuenta.
Los padres de Mirta se encuentran en la Residencia de Mirasierra de Madrid, una residencia pública pero gestionada de manera indirecta por la empresa Domus Vi. Hay una veintena de centros públicos para el ingreso de mayores en la Comunidad de Madrid que están gestionados por empresas privadas. Según han denunciado en un comunicado los familiares de los residentes, por la noche no hay médico y un solo enfermero/a «atiende a 220 personas, grandes dependientes en su mayoría». Durante los fines de semana o los periodos vacacionales, un solo gerocultor puede llegar a levantar, asear y vestir a 13 residentes antes de la hora del desayuno.
Además, denuncian que los mayores son atendidos con auxiliares de experiencia escasa, en parte porque el trabajo es «durísimo y mal pagado». A veces pasan días sin salir al aire libre y esperan largas colas para ser acostados, alimentados o usar los servicios comunes. «Los problemas más graves son la falta de personal; el suministro de la medicación, que debería estar controlada como en un hospital; y la mala alimentación», resume Mirta. «Nuestros mayores no merecen esto», lamenta.
Las familias están atrapadas en una situación que no pueden cambiar: el precio medio de las residencias privadas es prohibitivo para muchas de ellas, ya que ronda los 2.000 euros al mes por persona. La preocupación por los centros públicos para mayores también es compartida por el Defensor del Pueblo, quien el año pasado advirtió de «la falta de personal» y la larga lista de espera -de 6.839 personas en ese momento- para acceder a las plazas públicas. También apreció que las quejas de usuarios y trabajadores por la pérdida de calidad en la atención eran mayores en la Comunidad de Madrid que en otras regiones.
Actualmente no existe legislación alguna que regule las condiciones mínimas de las residencias públicas para personas de la tercera edad. Solo hay un acuerdo interministerial de 2008 que establece algunos mínimos a nivel nacional, como el ratio de 0,47% trabajadores por residente, es decir, de prácticamente un trabajador por cada dos residentes. Aunque a rasgos globales las residencias suelen cumplir con estos mínimos, los familiares denuncian que la forma en la que está establecida el ratio lleva a engaño.
«Estos ratios no tienen en cuenta que los trabajadores no tienen una jornada de 24 horas. En realidad el personal está dividido en tres turnos, así que si hay 90 trabajadores todos cuentan aunque en realidad al mismo tiempo solo trabajan 30», explica Miguel Vazquez, presidente de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE). Además, según explica, en este ratio no solo entra el personal de geriatría, sino también otros trabajadores como cocineros o jardineros, que realmente no están prestando atención a los mayores.
Una nueva ley, la esperanza de las familias
Los familiares afectados por las condiciones deficitarias de las residencias piden que se apruebe «de manera urgente» la propuesta de ley de residencias que fue presentada por Podemos y admitida a trámite en la Asamblea de Madrid en mayo del año pasado, con el apoyo del PSOE, la abstención de Ciudadanos y la oposición del PP.
Es una ley que podría servir de precedente para otras comunidades autónomas. «Se trata de defender a nuestros mayores en las Residencias (públicas o privadas), de velar porque los últimos años de su vida se desarrollen en unas condiciones dignas, de no dejar indefensas a personas que ya aportaron todo a la sociedad», ha escrito PLADIGMARE en una carta dirigida a los grupos parlamentarios de la Asamblea.
El tiempo apremia con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, el próximo mes de mayo. Actualmente los grupos se encuentran negociando las enmiendas y se espera que la propuesta llegue a la Comisión de Políticas Sociales a principios de marzo y al último pleno el próximo 21 de marzo, según explica a Cuartopoder.es el diputado de la formación morada en la región Raúl Camargo.
Los aspectos clave de la ley son, en primer lugar, la mejora de las infraestructuras y las condiciones de las residencias. También que los familiares puedan participar en el Consejo de Residentes -actualmente no se les permite- y que éste se convierta en un órgano de participación. Por último, se han incorporado mejoras en el ratio de trabajadores, que pasaría a regularse por grado el grado de dependencia de los residentes -a mayor dependencia más personal-, y también por categorías laborales y por turnos.
El escollo más importante para el acuerdo de los grupos en la Asamblea, no obstante, es una de las demandas fundamentales de los familiares de residentes: el ratio de personal. Ciudadanos y PP están en desacuerdo con este aspecto de la ley y han presentado enmiendas. En las próximas semanas familiares afectados por la situación de sus mayores se volcarán de nuevo en intentar convencer tanto a los legisladores como a la ciudadanía de que el cuidado y la atención de nuestros mayores es prioritario. «Es un problema que, si no solucionamos, nos va a afectar a todos», recuerda Mirta.