La solución a la catalana no tiene recorrido en el conflicto vasco
El reciente acuerdo alcanzado en La Moncloa, entre el presidente español J.L. Rodríguez Zapatero y el líder de Convergencia i Unió Artur Mas para desbloquear las arduas negociaciones del nuevo Estatut catalán, ha causado sorpresa y preocupación entre algunos dirigentes políticos vascos, al entender que esa vía podría ser utilizada en un futuro para intentar solucionar el llamado «conflicto vasco». La tentación que puede tener el PSOE de esgrimir como techo a negociar el texto que salga definitivamente del de las Cortes españolas sigue ahí permanentemente y es evidente que el partido del Gobierno no va a renunciar a ella, aunque sea a modo de muralla defensiva en el arranque del proceso negociador en Euskal Herria.
Sin embargo, y más allá de las consecuencias que el pacto PSOE-CiU pueda traer en Catalunya, que serán unas cuantas, lo que interesa en este momento es fijar las similitudes y diferencias que guardan ambos procesos. Y para ello debemos remontarnos 25 años atrás, a la época de la transición. Mientras en Euskal Herria (para ser exactos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) se retomó el modelo estatutario utilizado en la II República, renunciándose de todos modos a la legalidad del Gobierno vasco en el exilio y conformando un Consejo General Vasco presidido por Ramón Rubial, dirigente histórico socialista, en Catalunya regresó al palacio de la Generalitat su presidente en el exilio, Josep Tarradellas, heredero del fusilado Lluis Companys y bastante descafeinado en sus ansias nacionalistas por el paso de los años, lo que fue bien aprovechado por el Gobierno de UCD. Al final «Euskadi» se adelantó mediante un avión a Catalunya para entregar con antelación en las Cortes de Madrid el llamado Estatuto de Gernika y de ese modo se convirtió en la primera comunidad autonómica en contar con estatuto de autonomía. Catalunya sería la segunda.
Pero lo esencial es que los dos estatutos se diferencian en un asunto clave para las burguesías de ambos territorios, como es la financiación de la autonomía. Mientras en la CAV y Nafarroa se recuperó el Concierto Económico derivado de los fueros, en Catalunya no se llegó a tanto y la autonomía mantendrá durante todo este tiempo un problema de déficit que ha sido tradicionalmente endosado a los aspectos más sociales de la gestión de la Generalitat. El pacto Zapatero-Mas resuelve para unos cuantos años este problema de financiación y aumenta sensiblemente las competencias catalanas, incluyendo la posibilidad de una Agencia Tributaria única. Además en el el texto se reconoce el «deber» de saber el catalán, colocando al mismo nivel que el castellano y se incluye el término nación en el preámbulo del texto. Todo ello, a cambio de no tensar la cuerda durante un par de décadas al menos. La encrucijada catalana entre dar un paso hacia la soberanía o mantenerse dentro del esquema autonómico ha vuelto a quedar postergada.
Ahora bien, el contencioso político que protagoniza Euskal Herria no reside en ningún asunto de financiación, ni de competencias, ni de agencias tributarias, puertos o aeropuertos. Se trata de un asunto de mayor envergadura, que afecta al cimiento mismo de la organización política que se dio el Estado español en 1978. Se trata de dilucidar de una vez por todas si el pueblo vasco tiene derecho a decidir su futuro, lo que incluye el ejercicio del derecho a la autodeterminación y una eventual independencia, y para ejercer efectivamente ese derecho el reconocimiento de la territorialidad histórica de Euskal Herria, las siete provincias que abarca la comunidad nacional vasca. Por lo tanto, se puede afirmar con rotundidad que el acuerdo del Estatut no sirve en ningún caso para hacer frente a la cuestión vasca si se quiere abordar ésta en su pleno sentido. Otra cosa es que el método inicial, un acuerdo amplio entre la mayoría de las fuerzas políticas -el 90% del Parlament- sea un modelo a estudiar para nuestro país en la búsqueda de un acuerdo lo más amplio posible que sin duda contará con la oposición frontal del Partido Popular.
Y en ese esquema de amplio acuerdo, en el que tomarían parte PNV, PSOE y fuerzas presentes en el Foro Nacional de Debate (Batasuna, EA, Aralar, AB), cabe la posibilidad de enredos similares a los sucedidos en el caso catalán. Es decir, la posibilidad de que, una vez llevadas a la mesa de negociación las fuerzas soberanistas, una maniobra envolvente entre el Gobierno del PSOE y el PNV, tirando a la baja el texto del acuerdo, torpedee las esperanzas de una solución de fondo para años. Estimo que la izquierda abertzale no va a ser tan ingenua como lo ha sido Esquerra Republicana, pero a veces la necesidad hace virtud y la constatación de que la gran mayoría de la población vasca clama por un acuerdo que de uno u otro modo garantice el silenciamiento de las armas, puede afectar a la consistencia negociadora de las fuerzas soberanistas.
El PSOE de siempre
En estos últimos meses se han escuchado en Euskal Herria opiniones favorables a una entente entre el PSOE y la izquierda abertzale, similar al de Catalunya, con el ánimo de desbancar al PNV del poder autonómico en la CAV, donde se encuentra desde hace más de 25 años. Incluso algunos portavoces abertzales han insinuado esa posibilidad una vez que se alcance un acuerdo de fondo para superar el conflicto. Sin embargo, y tras lo ocurrido en la negociación del Estatut, habrá que poner en cuarentena esa tesis. Si alguien estaba soñando con un giro copernicano en el PSOE, que le haría pasar de ser el defensor una España unitaria a convertirse en el aliado perfecto para los nacionalismos de izquierda (ERC, BNG, IA) puede empezar a despertar de su sueño. Es cierto que Rodríguez Zapatero muestra un mayor grado de flexibilidad respecto a tándem González-Guerra, pero su acuerdo a la baja con la burguesía catalana y la posibilidad de alcanzar acuerdos estables con ella, tanto en Madrid como en Barcelona, nos devuelve al PSOE de siempre. Un partido que no ha superado aún la prueba del federalismo, concepto que sigue utilizando de boquilla, eso sí, y que mantiene intacta su ideología, más cercana en lo nacional al jacobinismo francés que al federalismo alemán.
Encauzado en sus grandes líneas el asunto catalán, viene ahora el turno del vasco, muchísimo más complicado que el primero, que ya es decir. Se habla de buenas noticias en los próximos meses, de que 2006 será mejor que 2005 para el proceso de paz, se escuchan muchas cosas desde el inicio de año. Las elecciones municipales de 2007 presionan para que agenda política y calendario se sincronicen en los próximos meses. Podemos asistir en breve a la concreción de muchas esperanzas o al advenimiento de otra gran frustración colectiva. Que el resultado sea uno u otro depende en gran parte de la actitud que tomen los Estados español y francés, especialmente el primero, a la hora de abordar el problema en su fase resolutiva. Pero también contará la capacidad con la que las fuerzas soberanistas sepan jugar sus bazas, apretando en la movilización y no dejándolo todo en manos de sus representantes en la mesa de negociación. Si hay un pueblo detrás, arropándoles, seguro que el resultado es positivo.