En la relación de personas que prestan su apoyo y expresan su solidaridad con Juan Carlos I figura un antiguo Fiscal General, cuya presencia causa rubor, pero no produce sorpresa ni vergüenza. Se trata de Eligio Hernández, nombrado para ese cargo por el Gobierno de Felipe González. Ver a Eligio en esa lista es constatar que, pasados muchos años, sigue considerando con benevolencia la delincuencia de los poderosos, cualquiera que sea la calificación de las «acciones penales» que se atribuyan al rey «abdicado». Indicios de dichas acciones que en este caso sobran.
Y, ciertamente, no puede ni debe olvidarse la decisión de Eligio de impedir –¿es lo que se pretende ahora?– la persecución penal del Gobierno de Jordi Pujol. A quienes entonces ejercíamos como fiscales, nos resultó indignante, por injusto, que el ahora solidario del rey abdicado y sospechoso de diversos delitos cerrara la posibilidad de una persecución penal de un Gobierno de Pujol. Fue conocido como el caso CARIC que implicaba a casi todos sus miembros por numerosos delitos de corrupción, que podrían resumirse en el de malversación de caudales públicos.
Ante la querella, más que fundada, que había preparado la Fiscalía, prohibió su presentación ante los tribunales. Eso sí, ante la justeza y la fundamentación de dicha querella, el tal Fiscal General no pudo ocultar la injusticia de su decisión reconociendo que de los hechos descritos se desprendía «un aroma de corrupción«.
Confiamos en que el proceso que ya debía haberse incoado contra Juan Carlos I no se quede en ese «aroma”, sino que pronto se ponga en marcha y se practiquen las diligencias necesarias para acreditar su participación y, si procede, el alcance punitivo de su conducta.
Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal Anticorrupción