La estrategia normalizadora de una gestión regresiva y autoritaria de la crisis no se ha podido consolidar estos dos últimos lustros, particularmente, por la oposición de una amplia contestación sociopolítica progresista.
Finalmente, tras la moción de censura al gobierno de Rajoy y los altibajos consiguientes, salió derrotada por la mayoría ciudadana con los resultados electorales del 10-N-2019, la resiliencia de Unidas Podemos y sus aliados y la firmeza de sus bases sociales. Pero vuelve a emerger con fuerza. Ahora entra más en conflicto con los intereses y demandas de la mayoría ciudadana.
Los datos empíricos sobre la amplitud del consenso social en torno a una salida de progreso son evidentes. Según el último Barómetro del CIS, el 86% de la población desea un fortalecimiento de la sanidad pública y la educación y dos tercios (67%) apoyan la subida de impuestos a los ricos y las grandes empresas. Así mismo, el 83% de la sociedad apoya medidas como el Ingreso Mínimo Vital que, respecto del modelo vigente de rentas mínimas de las últimas tres décadas, ha triplicado el volumen presupuestario y el nivel de cobertura -hasta dos millones y medio de personas- de esta prestación social contra la pobreza y la desigualdad, necesitada de otras medidas ambiciosas contra una aplicación restrictiva y respecto del mercado laboral y la situación habitacional o formativa. Es un gran paso positivo valorado por la población.
Pero esta actitud cívica no es nueva y es más valiosa por su persistencia confrontada con todas las políticas de recortes sociales y las ofensivas mediáticas. Así, por ejemplo, lo expresa el estudio 2930 del CIS, proyectado en el último momento del Gobierno de Zapatero a finales del año 2011 y publicado en enero de 2012, recién constituido el Gobierno de Rajoy, y enterrado porque contradecía su nueva estrategia antisocial. Hace una década, al comienzo de la anterior crisis y las políticas de ajuste regresivo, la opinión de la población española era la siguiente. A la pregunta ¿Cuánto le gustaría que se gastara, aunque hubiera que subir los impuestos?, la respuesta es contundente: a la sanidad, el 71,8% contesta Mucho más y más (Lo mismo, el 22,2% y Menos y mucho menos, el 3%); a la educación, el 73,9% (y el 20,1% y 2,1% respectivamente); a las pensiones, el 63,8% (y 30% y el 2,9%), y a las prestaciones por desempleo, el 49,4% (y el 36,6% y el 7%).
Se puede observar que sólo una minoría insignificante acompañaba la estrategia de austeridad y recortes sociales, laborales y de las pensiones ya iniciada por el Gobierno socialista de Zapatero y acentuada por el conservador de Rajoy; además, la defensa ampliamente mayoritaria de mayor inversión social se confirmaba con la exigencia de mayor justicia social, contra el mantra neoliberal de las derechas de bajar impuestos.
La otra cara de la moneda es que ese amplio consenso social en torno a una salida de progreso no fue tenido en cuenta por los poderes fácticos e institucionales y, como todo el mundo sabe, generó una gran desafección popular a esas medidas regresivas e impuestas y a sus gestores institucionales. Y en esa estamos todavía; sólo que tiene más valor la persistencia de esa actitud cívica progresista, con su reafirmación en la justicia social y fiscal y tras las campañas mediáticas del poder establecido para reducirlas y modularlas y, así, recuperar credibilidad social.
En definitiva, aunque no haya una fuerte articulación sociopolítica, hayan disminuido los procesos de movilización social, salvo el potente y masivo movimiento feminista, y, en gran parte, las expectativas de cambio de progreso se hayan trasladado al campo electoral y la gestión de la coalición gubernamental, existe una mayoritaria corriente de opinión favorable a una opción progresista y una predisposición cívica para evitar retrocesos sociales y democráticos. Constituyen el freno de fondo a la restauración institucional de las derechas y una gestión regresiva y autoritaria y, al mismo tiempo, un apoyo y una vigilancia hacia las políticas gubernamentales de progreso.
El reto progresista
De la lectura de la actual crisis se debería deducir la necesidad de la consolidación de la unidad gubernamental y sus apoyos en la investidura, con una profundización en esos tres ejes pactados: justicia social y fiscal y diálogo sobre la plurinacionalidad. Igualmente, con la ampliación a otras tareas como la transición verde y la modernización económica, así como a la democratización institucional, la igualdad de género y la cohesión territorial.
El riesgo del freno a esa dinámica y esa alianza progresista, aparte de la estrategia confrontativa del PP (y VOX), no es solo la pretensión de la nueva orientación de Ciudadanos, más moderada en el tono pero sin abdicar de su proyecto neoliberal y antinacionalista, sino la rotundidad de la oposición de los grandes poderes económicos y financieros al avance en la justicia social, los derechos sociolaborales y la mejora sustantiva de una fiscalidad progresiva.
Desde el punto de vista representativo no hay posibilidades de un cambio de alianzas hacia una nueva operación de centro del PSOE con C’s, ni a un pacto con el PP que rompa el proyecto y la alianza gubernamental actual. Ni tampoco es probable, de momento, otra insubordinación de sectores socialistas (susanistas) frente al presidente Sánchez, imponiéndole un nuevo gobierno u otro candidato socialista. Pero las operaciones no cejan, sabiendo que habría que modificar los equilibrios internos del Partido Socialista. Es la apuesta de algunos sectores, capitaneados por el propio Felipe González y la nueva dirección el grupo Prisa y el diario El País, que maniobran para liquidar la coalición progresista y sus apoyos del nacionalismo periférico e imponer un giro neoliberal y centralizador.
Hay un discurso de fondo que intenta prevalecer: primero, recomponer la economía, para lo que sería prioritario garantizar las ganancias empresariales, lo que conllevaría mantener la precariedad laboral y de empleo y la regulación regresiva de las relaciones laborales, utilizando los recursos europeos y del Estado para ese objetivo central; segundo, paralelamente, habría que aplazar lo sustantivo de las mejoras sociales y laborales, así como la nueva fiscalidad progresiva… hasta una nueva y supuesta etapa de bonanza que permitiría repartir algo.
Es el argumentario neoliberal de siempre, de la subordinación de las políticas sociales y laborales progresistas, de mantener el sacrificio principal en las clases populares, cuando la mayoría permanece agotada de la anterior crisis y las políticas regresivas de ajuste estructural. La política dominante de austeridad, con la que se encaró la crisis de 2008/2010, ha quedado desacreditada socialmente. No se puede repetir. Debe cambiar algo… pero las estructuras fundamentales de poder continúan para que no cambie nada de fondo.
La actual política dominante en la Unión Europea, más expansiva y positiva, todavía tiene ambivalencias. El alcance de las medidas no es el óptimo, y el horizonte de salida no está claro si no hay una apuesta firme por renovar el contrato social y solidario europeo, cosa no asegurada. Y solo parece que hay unos pasos significativos pero mínimos para garantizar la cohesión social e institucional, contener a las ultraderechas y la disgregación de la Unión y frenar la reafirmación progresista y del Sur (con Francia), aunque siempre con la hegemonía de los grandes poderes económico-financieros en una nueva recomposición de los grupos de poder hegemonizados por Alemania, en el nuevo marco geopolítico y estratégico mundial.
Por tanto, la cuestión es que todavía la mayoría social no ha salido completamente de la crisis anterior ni se han revertido los recortes sociales y salariales y, específicamente, las relaciones ventajosas de poder en las empresas, la crisis ambiental y la desigualdad de género. La prolongación del actual marco socioeconómico y laboral consolida la gravedad de la situación social de la mayoría de la población. Incluso, en caso de rebajar sustancialmente la aplicación del programa gubernamental pactado, sus efectos políticos, de desconcierto social o distanciamiento de algunos sectores, particularmente jóvenes, podrían ser contraproducentes para la actual mayoría progresista.
Esa estrategia de continuismo centrista, compatible con la estrategia confrontativa, busca generar cierta desconfianza o desilusión popular en la actual gestión gubernamental, con especial perjuicio para las bases sociales y electorales de Unidas Podemos y sus convergencias. En ese sentido, las actuales medidas significativas para crear el escudo social, sin ampliar y consolidar, tendrían efectos limitados para paliar suficientemente las consecuencias negativas de desigualad e incertidumbre en sectores relevantes provocados por el continuismo de las políticas económicas e institucionales. Y, adicionalmente, supondría el pudrimiento de la cuestión nacional y de las alianzas con el nacionalismo periférico. No es un escenario probable; posiblemente esa estrategia será derrotada al contar con poca legitimidad social. Pero constituye una presión poderosa y un riesgo real que hay que desactivar.
Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid