La decisión de no publicar el nombramiento de los Consejeros que ha firmado el President Torra, además de una torpeza política, es un ataque frontal a las normas esenciales de nuestro ordenamiento
El 21 de octubre del año pasado el Senado aprobó una serie de medidas a aplicar sobre la Comunidad Autónoma de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución. Se trata de una situación excepcional, que viene a alterar todo nuestro sistema constitucional y sólo puede aplicarse de manera muy provisional, mientras sea estrictamente necesario. Por eso, en lo que hace a la duración el Senado dice, literalmente, que «las medidas contenidas en este Acuerdo se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña». O sea, en el mismo momento en el que los consejeros autonómicos tomen posesión, cesará la aplicación del artículo y Cataluña recuperará el autogobierno que le asegura el artículo 2 de la Constitución.
El nombramiento de esos Consejeros, para que -como dice el acuerdo- sea realmente el resultado de las elecciones, corresponde al President de la Generalitat. Es lo que establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Si alguno de tales nombramientos resultara ser ilegal, el que responde es, evidentemente, el President de la Generalitat, que es el que libremente decide quién va a integrar su Gobierno. Pero, para que todo esto funcione, hace falta que los nombramientos aparezcan publicados en el boletín oficial correspondiente. Lo que no se publica, jurídicamente, no existe. Si no está publicado ni se puede impugnar ni responde nadie de ello, porque no es un acto jurídico.
La decisión de no publicar el nombramiento de los Consejeros que ha firmado el President Torra, además de una torpeza política, es un ataque tan frontal a las normas esenciales de nuestro ordenamiento, que bien podría definirse como ‘golpe de estado’ jurídico.
Es cierto que entre las medidas previstas en el acuerdo del Senado se incluyó la posibilidad de que el Gobierno de España someta a un régimen de autorización previa las actuaciones de la administración autonómica y que desde la Generalitat no se pueda enviar ninguna decisión para su publicación oficial sin permiso del Gobierno. Sin embargo, aplicar esta facultad al nombramiento de los Consejeros supone un fraude mayúsculo. La decisión sobre los consejeros es política y corresponde exclusivamente al nuevo President, que los designa y los cesa libremente porque son «su» Govern. La única intención de este fraude es que el Gobierno central pueda mantener la duración de la situación excepcional del art. 155 CE de manera indefinida, vulnerando el acuerdo del Senado y guiándose simplemente por razones de oportunidad.
Eso es lo que está diciendo nuestro Gobierno con la sencilla carta publicada este domingo: aunque el Senado haya dicho exactamente cuándo debe acabar la situación de excepcionalidad, el Gobierno mantiene -por la vía de los hechos- sus competencias sobre la Generalitat mientras le conviene políticamente. Somete a su control de oportunidad el nombramiento de los Consejeros del Govern por parte del President designado por el Parlamento. Con esto, Mariano Rajoy acaba de decir que a los Consejeros los nombra él, en contra de lo que dice la Constitución. Y que mantiene la aplicación del art. 155 mientras le convenga, en contra de lo que dicen la Constitución y el Senado.
Con esa carta, el Gobierno de Mariano Rajoy se declara desobediente a la Constitución y al Senado. Mantiene ilegítimamente competencias sobre la Generalitat que no le corresponden y nos aboca a todos a un abismo jurídico de proporciones incalculables. Y lo peor es que lo hace con el apoyo de dos partidos que se dicen constitucionalistas pero que están legitimando la ruptura de la propia Constitución. Es un día triste para la Constitución.
Por si fuera poco, todo esto rezuma torpeza jurídica y política. Y es innecesario. La medida es inútil. El President Torra bien puede nombrar a otros Consejeros ahora y el día siguiente a que se levante el estado de excepción autonómica cesarlos y nombrar un ejecutivo compuesto exclusivamente por presos.
Y si al Gobierno los nombramientos le parecen ilegales, basta con que espere a su publicación para impugnarlos ante los tribunales competentes. Su problema es que -como no es ilegal nombrar consejero a una persona presa o en el extranjero- si actúan conforme a la ley Rajoy no podría salirse con la suya para seguir okupando el Gobierno de Cataluña. Así que ha optado por dar este silencioso golpe de estado. Terrible.
Joaquín Urías es Profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal constitucional
Fuente: http://www.eldiario.es/tribunaabierta/golpe-juridico_6_773482650.html