Joaquín Urías

Artículos

El caso de los policías de Estepona [España] muestra que una mayor sensibilidad de la judicatura en cuestiones relativas a la libertad sexual de la mujer habría evitado el terrible mensaje de impunidad que se traslada a la sociedad

La impunidad policial es el fin del Estado de derecho, pero a nuestros magistrados eso no parece preocuparles.

Posiblemente, Juan Carlos de Borbón no será nunca juzgado por los delitos que podría haber cometido al acumular una inmensa fortuna en el extranjero a base de comisiones recibidas y ocultarla a Hacienda. Pese a los abundantes indicios, parece que la Fiscalía española alegará que los delitos no son perseguibles ya sea porque el antiguo monarca regularizó “espontáneamente” su situación con Hacienda, ya porque los cometió cuando aún era Jefe del Estado. En este último supuesto, tanto la Fiscalía como muchos juristas cercanos al poder defienden que el privilegio de la inviolabilidad impide juzgar y condenar a quien hubiera utilizado su cargo para enriquecerse (mucho) ilícitamente.

El Ejecutivo aprovecha el foco mediático sobre ciertos conflictos para hacer gestos humanitarios pero mantiene políticas inhumanas

El desmoronamiento ha sido progresivo. Cada vez se eligen magistrados con menos conocimientos jurídicos y más sumisos a sus partidos. Mientras más mediocre es un jurista, más atemorizado vive de perder sus privilegios.

El sesgo político de gran parte de la judicatura, y su sensación de impunidad al dictar sentencias ideológicas, solo la lleva a silenciar a quienes ponen en cuestión el orden establecido y tradicional.

La decisión de no publicar el nombramiento de los Consejeros que ha firmado el President Torra, además de una torpeza política, es un ataque frontal a las normas esenciales de nuestro ordenamiento

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