Cada vez que Felipe VI interviene en política, invierte las reglas de la democracia, y lo hace para beneficiar a los mismos: a esas fuerzas vivas que controlan España desde la puerta de atrás

Los gobiernos que esquilman los servicios públicos se sustentan en la desmovilización y la ignorancia. Hoy, más que nunca, ser andaluz es plantarle cara a la miseria. Y a los miserables.

La derecha judicial sabe bien que la justicia es independiente, pero no neutral. Lo sabe tan bien que está dispuesta a reventar lo que haga falta para no perder esa posición de control ideológico de toda la sociedad.

Si una noche cualquiera un policía se cruza en tu camino, apártate. Disimula. Mira al suelo e intenta pasar desapercibida. Es triste, terriblemente triste, hablar así en un Estado de derecho, pero en España hoy día este es el mejor consejo que se puede dar.

El caso de los policías de Estepona [España] muestra que una mayor sensibilidad de la judicatura en cuestiones relativas a la libertad sexual de la mujer habría evitado el terrible mensaje de impunidad que se traslada a la sociedad

La impunidad policial es el fin del Estado de derecho, pero a nuestros magistrados eso no parece preocuparles.

Posiblemente, Juan Carlos de Borbón no será nunca juzgado por los delitos que podría haber cometido al acumular una inmensa fortuna en el extranjero a base de comisiones recibidas y ocultarla a Hacienda. Pese a los abundantes indicios, parece que la Fiscalía española alegará que los delitos no son perseguibles ya sea porque el antiguo monarca regularizó “espontáneamente” su situación con Hacienda, ya porque los cometió cuando aún era Jefe del Estado. En este último supuesto, tanto la Fiscalía como muchos juristas cercanos al poder defienden que el privilegio de la inviolabilidad impide juzgar y condenar a quien hubiera utilizado su cargo para enriquecerse (mucho) ilícitamente.

El Ejecutivo aprovecha el foco mediático sobre ciertos conflictos para hacer gestos humanitarios pero mantiene políticas inhumanas