En la mañana del pasado jueves 23 de Septiembre, un grupo de personas vinculadas a organizaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales realizaron una acción directa no violenta para denunciar que el coste de la crisis está recayendo exclusivamente en l@s trabajador@s, con las medidas que el gobierno, la banca y la patronal nos están imponiendo. […]
En la mañana del pasado jueves 23 de Septiembre, un grupo de personas vinculadas a organizaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales realizaron una acción directa no violenta para denunciar que el coste de la crisis está recayendo exclusivamente en l@s trabajador@s, con las medidas que el gobierno, la banca y la patronal nos están imponiendo.
Una crisis creada por el propio sistema financiero, que hoy en día es quien toma las decisiones por encima de gobiernos marionetas en una farsa que nada tiene que ver con la verdadera democracia y participación de l@s ciudadan@s en las cuestiones que nos afectan.
Cinco personas portando encima pancartas alusivas y repartiendo octavillas, entraron sucesivamente en diversas sedes bancarias, situadas en la Plaça de Baix, frente la fachada del Ayuntamiento: BANCO DE SANTANDER, BBVA, CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO (CAM) y RURAL CAJA, ante el estupor de empleados y clientes. Tan solo en la ultima entidad citada hubo momentos de tensión, ya que el «director» amenazó con llamar a la policía, cosa que efectuó ante la negativa de los activistas a deponer su actitud. Los uniformados llegaron tarde y poco pudieron hacer.
El grupo estuvo apoyado en todo momento por una treintena de activistas que en dicha plaza desplegaron una pancarta con el texto: ¡POLITICOS CORRUPTOS, BANQUEROS LADRONES, DIGAMOS BASTA! y repartiendo octavillas entre los numerosos viandantes, denunciando los efectos de la crisis y sus culpables y apoyando y animando la convocatoria de la huelga general del día 29.
Sus proclamas se centraron en denunciar la nueva «reforma» laboral, un nuevo ataque a los derechos de l@s trabajador@s, los planes del gobierno para aumentar la edad de jubilación, reducción de partidas en ayudas sociales, cheque-bebe, Ley de dependencia, etc., gasto militar y policial, subida generalizada de impuestos y servicios básicos, como la factura de la electricidad, privatización de servicios públicos, la situación de los 4 millones de parados y las exigencias de reducción salarial que pretende imponer la patronal, el negocio inmobiliario, la corrupción política y el desalojo de familias enteras de sus viviendas por no poder pagar sus abusivas hipotecas.
Según los activistas todo este panorama que afecta cada día más a l@s trabajador@s, precarizando su vida diaria, son motivos más que suficientes para apoyar esta huelga general y más allá del día 29 seguir luchando firmemente en defensa de nuestros derechos.