Mohamed Rezine Zohuir, ciudadano argelino de 34 años interno en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia), declaró el 20 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 12 por las agresiones policiales que supuestamente sufrió en el CIE, y que denunció el 3 de febrero en instancias judiciales. Mohamed Rezine Zohuir […]
Mohamed Rezine Zohuir, ciudadano argelino de 34 años interno en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia), declaró el 20 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 12 por las agresiones policiales que supuestamente sufrió en el CIE, y que denunció el 3 de febrero en instancias judiciales. Mohamed Rezine Zohuir ha relatado ante el juez cómo, después de una «leve» discusión con un interno, dos agentes le propinaron patadas y golpes hasta producirle una brecha en la cabeza, por lo que tuvo que recibir 17 puntos de sutura. Los policías, según el testimonio del interno ante el juez, profirieron insultos racistas y le dedicaron calificativos como «moro» e «hijo de puta».
A partir de esta denuncia, los abogados de la Campaña por el Cierre de los CIE han presentado una querella criminal por un supuesto caso de tortura, al que se agrega una segunda querella (en el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia) por agresiones policiales contra Ben Younes Sabbar, ciudadano marroquí de 34 años, quien también denunció en el juzgado supuestas torturas por las que perdió un diente y sufrió moratones por todo el cuerpo.
Durante la toma de declaración de Mohamed Rezine Zohuir, la abogacía del estado presentó un escrito en el que se solicitaba el archivo del procedimiento. Para ello, se basaba en un informe del CIE, según el cual uno de los agentes trasladó al denunciante a la zona de las duchas «para que se relajara». El abogado de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y miembro de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Totura, Andrés García Berrio, afirmó que esta versión «es completamente irresponsable y está lejos de ser creíble». «La zona de las duchas es una de las pocas dentro del CIE que carecen de cámaras de vigilancia», ha agregado, lo que contribuye a explicar algunos extremos. Como argumento de defensa, la abogacía del estado afirma que el ciudadano argelino «se autolesionó» al golpearse contra el suelo.
Frente a estas argumentaciones exculpatorias, el abogado de los internos y la Fiscalía han solicitado al Juzgado de Instrucción número 12 que continúe con la investigación. De hecho, Andrés García Berrio ha anunciado que la semana próxima se solicitará como prueba la declaración de los agentes implicados en las vejaciones.
En el caso de Ben Younes Sabbar, la defensa ha presentado un recurso «contra la admisión de la querella por el juez», ha informado a los periodistas García Berrio en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Valencia, «ya que planteábamos una serie de diligencias de investigación que el juez no ha admitido», como la declaración del ciudadano marroquí objeto de la golpiza o que éste fuera visto por un médico forense. «Se trata de diligencias imprescindibles para el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no está haciéndose efectivo», ha explicado el abogado.
Ben Younes Sabbar expone en su denuncia ante el juez cómo al pedir ayuda médica, un agente le golpeó con el puño y le propinó un bofetón, le agarró por el cuello y a continuación le amenazó de muerte. «Como vuelvas a llamarnos, bajo con la pistola. Te apuntaré con la pistola en la cabeza, te pegaré un tiro. Mi turno termina a las ocho, me voy a casa y nadie se enterara que he sido yo quien te ha matado», tuvo que escuchar el interno. Asegura, además, que su derecho a ser atendido por un abogado ha sido vulnerado, pues los policías o no le facilitaron la instancia requerida o la rompieron. «Sabbar adjunta en su denuncia la firma de 21 internos como testigos de las agresiones que asegura haber recibido», denuncias las ONG.
El testimonio de Zohuir no es menos desgarrador. Tras verter accidentalmente agua de un vaso en el comedor, el pasado 19 de enero, un policía le llevó a las duchas del centro, cerró con llave, asegura, y le propinó patadas, puñetazos y golpes con la porra. En el momento en el que el interno estaba en el suelo y el policía tenía su bota sobre la cabeza de Zohuir -según explica éste en la denuncia-, entró una agente y la enfermera del centro, a la que escuchó decir «deja al chico, lo vas a matar». Tras la golpiza, fue trasladado al hospital donde se le aplicaron 17 puntos de sutura en la cabeza. Al pedir el parte de lesiones a los agentes del CIE, estos se lo negaron. Por último, los internos aseguran que los agentes «carecían de identificación en todo momento, aunque dicen poder identificar con facilidad a los agentes que les han agredido», explican las ONG.
Además de sustanciar las querellas por la vía judicial, la Campaña Contra el Cierre de los CIE ha pedido que se inicien procesos disciplinarios contra los agentes denunciados, «pero en Asuntos Internos de la policía, no en el ámbito del CIE». Mientras se dirimen responsabilidades, las ONG han exigido que se suspenda cautelarmente en sus funciones a los policías objeto de la querella, que a día de hoy, aseguran fuentes de la Campaña, «continúan prestando servicios en el centro de internamiento».
El Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, responsable político de los CIE, aseguró recientemente que todas las denuncias por malos tratos en el CIE han terminado en archivo. Sin embargo, la portavoz de la Campaña, Ana Fornés, recuerda que un agente de la policía permanece imputado en un procedimiento abierto por supuestas agresiones en 2012 a menores argelinos, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Otro agente está imputado por un delito similar, supuestas torturas a migrantes argelinos un año después, en el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia.
Si graves son las situaciones de malos tratos y vejaciones denunciadas ante los juzgados, no lo son menos las planteadas por el día a día en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zapadores. Tras una visita programada por los técnicos como institución competente, la Defensoría del Pueblo solicitó el 12 de enero al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia (que asume las atribuciones de control en el CIE) «la adopción de las medidas que procedan para garantizar la dignidad y el derecho a la salud e integridad de los internos, incluyendo el cierre del centro si fuera necesario».
En el escrito del Defensor del Pueblo, que también dirigió al Director General de la Policía, se pide la erradicación de la plaga de chinches que afecta al centro y se considera la posibilidad de reubicar a los internos. Otro punto sobre el que la Defensoría llama la atención es la necesidad de ropa de abrigo para los reclusos que carezcan de la misma, «debido a las temperaturas propias de esta época del año y al hecho de que el CIE de Valencia carezca de calefacción». Por último, se insta a «subsanar el problema de falta de agua caliente en las duchas del centro de internamiento, que se viene detectando desde finales de noviembre». A finales de febrero, afirma Ana Fornés, se mantienen estas deficiencias.
También se mantiene el motivo de las quejas que 41 internos del CIE de Zapadores expresaron en un documento el 21 de enero. Califican la situación de «deplorable» y, además de los problemas apuntados por el Defensor del Pueblo, critican que sólo se pueda utilizar un aseo para 80 personas, que sufren «aturdimiento» después de las comidas («escasas e insulsas»), que carecen de zonas y actividades de ocio durante el encierro, la inexistencia de dispositivos de apertura mecanizada de las celdas (lo que aumenta, según fuentes de la Campaña, el peligro en caso de incendio y el trato discriminatorio por parte de algunos agentes de policía). Por último, notifican insultos racistas y expresiones denigratorias como «si me vuelves a hacer otra pregunta te rompo la cabeza», o «coge un billete y lárgate a tu país».
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