Manifestación en Barcelona el próximo 18 de febrero
El pacto entre la Moncloa y CiU ha acabado de frustrar las principales expectativas que habían puesto los catalanes en la reforma de su Estatuto. Si acaba por imponerse, el resultado estará mucho más cerca del actual Estatuto que del que aprobado el Parlament catalán el pasado septiembre.
El punto de vista inmovilista se ha impuesto en las dos cuestiones principales en litigio: el reconocimiento de Cataluña como nación y la autonomía financiera de la Generalitat.
La definición de Cataluña como nación en el Estatut aprobado por el Parlament era ciertamente inconsecuente al haber renunciado a consagrar el derecho de los catalanes a decidir su futuro como tal nación, aceptando los límites impuestos por la Constitución española. El pacto da un paso más y niega el reconocimiento de Cataluña como nación: define Cataluña como nacionalidad (en los términos exigidos por los franquistas en la Constitución de 1978) y se limita a señalar que el Parlament catalán considera Cataluña una nación. La censura se extiende al parecer a un reguero de enmiendas que suprimen las referencias a los símbolos nacionales, las selecciones deportivas nacionales, etc. En los términos del pacto no hay lugar para hablar de España como estado plurinacional ni siquiera como nación de naciones.
La financiación de la Generalitat se diseña en el pacto de manera que se pueda aplicar sin problemas a cualquier región española. Ciertamente hay un progreso en la autonomía fiscal (como en las competencias), pero no un cambio de modelo. Este progreso continuista no habría necesitado una reforma estatutaria. La financiación de la Generalitat y la solución de sus déficits quedan sometidas como ahora al arbitrio del Gobierno español, suprimiendo la idea de negociación bilateral aprobada por el Parlament catalán.
Lo que gana CiU
Se ha hablado mucho del protagonismo que gana CiU con este pacto. Con razón. Porque la cuestión va más allá de la escenificación, de las maniobras o de posibles intereses comunes entre el PSOE y CiU. Un pacto así sólo era posible con CiU, con el partido de los burgueses catalanes, con el principal partido nacionalista. Las izquierdas catalanas no podían asumir la iniciativa de este repliegue, simplemente porque CiU se les habría echado encima con toda la autoridad de las aspiraciones nacionales de un pueblo de las que se quiere depositaria.
Paradójicamente, CiU recupera con este pacto su protagonismo como dirección nacionalista. Mas lo ha dicho claro con toda su demagogia: el pacto no expresa todo lo que quiere CiU, sino todo lo que está dispuesto a ceder el PSOE. CiU puede argumentar que el Estatut aprobado por el Parlament sigue siendo su objetivo y que el Estatut de la Moncloa será efímero. Ésta será la fuerza de CiU en los próximos años y a más tardar en las próximas elecciones catalanas.
Los primeros daños colaterales del pacto (ésta es la renta más inmediata que gana CiU) recaen sobre el gobierno catalanista de izquierdas. Las izquierdas han quedado divididas entre sumarse al pacto tal cual (el PSC), sumarse a él con la idea de salvar lo que se pueda salvar (ICV-EUiA con los derechos de la ciudadanía) o denunciar sus límites y ganar tiempo (ERC). Lejos queda el compromiso del pacto tripartito del Tinell que establecía que si lo aprobado por el Parlament era recortado seriamente en las Cortes españolas, la Generalitat sometería el texto del Parlament a consulta popular.
¡Movilización!
Para las izquierdas catalanas este dramático tropiezo es la consecuencia de la renuncia a la movilización popular. Fiado todo a la relación de fuerzas en las Cortes y renunciando a la movilización han quedado claros ya cuáles son los límites, tanto más cuando la derecha reaccionaria no ha vacilado en recurrir, ella sí, a la movilización social.
Todavía la batalla no se ha resuelto de manera definitiva. El debate en las Cortes va a empezar ahora y se tomará unos cuantos meses hasta su aprobación. ERC sigue sin sumarse al pacto y denuncia públicamente la gravedad del recorte que se quiere imponer a la voluntad democráticamente expresada de los catalanes. La derecha española sigue movilizada y seguirá presionando para obtener nuevos recortes. La derecha catalana volverá a intentar en las Cortes, como lo hizo en el Parlament, recortar los nuevos derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que reconoce el Estatut del Parlament.
En fin, ocasiones no faltarán para que con tanta paciencia como convicción, aprovechemos cada conflicto para abrir paso a la voz de la movilización social y para hacer girar a las izquierdas catalanas para retomar el camino del progreso democrático en los derechos de Cataluña y los catalanes y en la solidaridad libre con los pueblos de España.
Manifestación en Barcelona
El día 18 de febrero, una amplia Plataforma de entidades por el derecho a decidir, a la que prestan su apoyo tanto ERC como EUiA, tiene convocada una gran manifestación en Barcelona, bajo los lemas de «Som una nació – tenim el dret de decidir». (Somos una nación. Tenemos el derecho de decidir)
La manifestación partirá de Plaça Espanya a las cinco de la tarde, para acabar en Plaça Catalunya.
Aunque tarde, es la primera gran ocasión para que la movilización social empiece a contar en la lucha por el nuevo Estatut. Hay que prestarle el máximo apoyo, buscar la adhesión de nuevas asociaciones desde los barrios e ir sumando fuerzas en esta importante batalla democrática.